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232 | Los órganos de control - Unidad 7 Departamento Nacional de Planeación | 233
Niveles de organización
del ministerio público
Estructura general de la Procuraduría
General de la Nación
Funciones del Procurador
General de la nación
La organización del Ministerio
Público puede dividirse
en dos niveles:
• Procuraduría General de la Nación
(que tiene a su cargo el ejercicio de la
función en los órdenes nacional, regional,
departamental, distrital, metropolitano y
provincial).
• Los personeros municipales, quienes
ejercen las funciones en el orden municipal de
manera descentralizada en cuanto dependen
orgánicamente del mismo municipio, aunque
también lo ejercen en forma concurrente con
los agentes departamentales y provinciales
de la Procuraduría General de la Nación. La
Defensoría del Pueblo, como parte del
Ministerio Público para velar por la
protección de los derechos humanos, fue
creada por la Constitución de 1991.
¿Dónde dice?
Procuraduría General de la Nación
Es el órgano de control, autónomo e ndependiente
encargado de ejercer el ministerio público en
los órdenes nacional y territorial, cuyo jefe es
el Procurador General de la Nación, a quien le
corresponde fijar las directrices y orientación
para el ejercicio de las funciones del Defensor
del Pueblo y de los personeros municipales; así
mismo, el Procurador General posee poder preferente
frente a dichos funcionarios. El Procurador es elegido
por el Senado de la República, para un período de
cuatro años, de terna integrada por candidatos del
Presidente de la República, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado (arts. 275 y 276, de la
Constitución Política de 1991).
El poder preferente implica que el Procurador puede desplazar del conocimiento de un asunto a los personeros y procuradores territoriales.
El Procurador General de la Nación, en desarrollo del Decreto ley 262 de 2000, expidió la Resolución 17 de 2000 (modificada por la
Resolución 496 de 2008) en la cual se precisan las Procuradurías Delegadas, las cuales conocen de diferentes temas (desde la vigilancia
preventiva de la función pública hasta la investigación y el juzgamiento penal).
El Procurador General de la Nación, en desarrollo del Decreto ley 262 de 2000, expidió la Resolución 18 de 2000 (modificada por las
Resoluciones 355 de 2000 y 089 de 2007), mediante la cual precisó la denominación, sede y competencia territorial de las Procuradurías
regionales, distritales y provinciales que cubren el territorio nacional.
El artículo 279 de la Carta Política establece
que la ley determinará la organización y
funcionamiento de la Procuraduría General de
la Nación, aspectos que son considerados en el
Decreto Ley 262 de 2000, en virtud del cual se
establece su estructura general:
• Orden Central:
• Despacho del Procurador General
• Despacho del Viceprocurador General
• Sala Disciplinaria
• Procuradurías Delegadas
• Instituto de Estudios del Ministerio Público
• Secretaría General
• Veeduría
• Orden territorial:
• Procuradurías Regionales (32, una en cada
departamento del país)
• Procuradurías Distritales
• Procuradurías Provinciales
La Constitución en su artículo 277 establece
que al procurador por sí solo o por medio de sus
delegados le corresponde:
• Vigilar el cumplimiento de la Constitución,
las leyes, las decisiones judiciales y los actos
administrativos.
• Proteger los derechos humanos y asegurar
su efectividad, con el auxilio del Defensor del
Pueblo.
• Defender los intereses de la sociedad.
• Defender los intereses colectivos, en especial
los relacionados con el ambiente.
• Velar por el ejercicio diligente y eficiente de
las funciones administrativas.
• Ejercer vigilancia superior de la conducta
oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular.
Así como ejercer preferentemente el poder
disciplinario, adelantar las investigaciones
correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley.
• Intervenir en los procesos y ante las
autoridades judiciales o administrativas,
cuando sea necesario, en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los
derechos y garantías fundamentales.
• Rendir anualmente informe de su gestión al
Congreso de la República.
• Exigir a los funcionarios públicos y a los
particulares la información que considere
necesaria.
• Las demás que determine la ley.