Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe: resiliencia ...

02/02/13 Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe: resiliencia, adaptación y diversidad comunitaria
documentación de las denuncias de tipo ambiental, la lentitud en los procesos de los juicios ambientales y la falta de
ejercicio de control por parte de las autoridades.
Leyes y reglamentaciones que rigen los ecosistemas costeros
La Ley 81 del Medio Ambiente fue establecida en Cuba como parte del proceso de institucionalización. Dicha ley regula
todo lo concerniente al medio ambiente en el país y ha servido de punto de partida para muchas reglamentaciones y
decretos relacionados con la zona costera y sus recursos, con un enfoque de manejo integrado. Ella incluye el Decreto Ley
212 sobre gestión y protección de las zonas costeras, así como otros que controlan actividades como la pesca,
estrictamente regulada en el país. Las actividades costeras deben desarrollarse bajo los principios de la sostenibilidad, no
sólo para responder a las exigencias del mercado internacional, sino además porque así lo establece la legislación del país.
La base jurídica de la ley para el manejo integrado de zonas costeras en Cuba faculta y exige que todas las instituciones,
ministerios e instancias del gobierno trabajen de forma coordinada y unida en el cumplimiento de lo indicado en la
legislación. Indudablemente, esto contribuye a la comprensión y a la aplicación coordinada de las políticas, para las cuales
cada ministerio tiene una reglamentación específica. Esto ofrece apoyo legal a cualquier acción emprendida con el fin de
mejorar la calidad de vida, tal como lo exige el propio desarrollo sostenible. No obstante, esto puede conllevar el riesgo de
una superposición de funciones y responsabilidades.
En las bahías de Cienfuegos y Santiago de Cuba ya se han implementado leyes y reglamentaciones nacionales. Uno de los
organismos clave de este marco legal es la Oficina de Inspección Pesquera, a través de sus representaciones provinciales.
La coordinación entre los sectores que participan en el manejo es reciente, al igual que el tratamiento integral de los
conflictos con enfoque de cuenca, por lo que aún existen problemas de coordinación entre las diferentes partes. Estos
ecosistemas constituyen una prioridad de análisis tanto para el CITMA como para el gobierno y la dirección política del
país, lo que se materializa con acciones concretas a nivel central y provincial. No obstante, en los dos ecosistemas se
presentan responsabilidades fragmentadas y superpuestas en materia de regulación, conservación y manejo de recursos.
Venezuela cuenta con un conjunto de reglamentaciones específicas que rigen los espacios acuáticos, supervisadas por los
organismos del Estado responsables. Como en Cuba, existe una coordinación entre las instituciones para definir las
políticas y el desarrollo de los programas. Sin embargo, en lugar de decretos presidenciales, existe un conjunto de leyes
ordinarias, decretos y reglamentos para proteger las zonas costeras. Las principales leyes son:
1. La Ley de Zonas Costeras del año 2001, que regula la administración, el uso y el manejo de estas zonas de
manera sustentable.
2. La Ley de Pesca y Acuicultura del año 2001, que define las políticas generales y específicas de estas
actividades económicas y establece el derecho a la pesca y a la participación efectiva de la población en el
desarrollo de políticas y planes del Estado en esta área.
3. La Ley General de Puertos de 2001, que establece los principios rectores que conforman el régimen de puertos
y su infraestructura.
4. La Ley de Espacios Acuáticos e Insulares del año 2001, que establece la soberanía y el control de los espacios
acuáticos en Venezuela, en ríos, mares, lagunas, bahías y lagos del país. Ésta cubre, además, el ordenamiento y
la explotación sustentables de los recursos hídricos y su biodiversidad.
Para implementar la nueva reglamentación de las zonas costeras se creó la Oficina para el manejo costero en la dirección
de planificación y ordenación del medio ambiente (aun cuando no cuenta ni con el personal ni con el presupuesto
adecuados), con el fin de elaborar un programa de manejo costero del país, empezando con la definición de la zona
costera. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA), creado en 2001, está encargado del ordenamiento de
los recursos pesqueros y acuícolas del país, con el fin de lograr un aprovechamiento responsable y sostenible en
conformidad con el marco legal vigente. íste ejecuta las políticas dictadas por el Ministerio de Agricultura y Tierras
(INAPESCA, 2004). El representante de INAPESCA en la laguna de Unare cumple, además, la función de inspector de
web.idrc.ca/openebooks/336-4/ 103/177