Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe: resiliencia ...

02/02/13 Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe: resiliencia, adaptación y diversidad comunitaria
materia de institucionalización de la esfera ambiental del país. Con la promulgación del Decreto-Ley 147 de 1994, para la
"Reorganización de la administración central del Estado", se constituye el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, CITMA), transfiriéndosele las atribuciones y funciones de la
Comisión nacional de protección del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, abolida en ese mismo
instrumento legal. Posteriormente tienen lugar enmiendas y reglamentaciones a la Ley 33, y en 1997 es aprobada la Ley 81
del Medio Ambiente, por medio de la cual se establece el Marco Institucional del Medio Ambiente Cubano (en su artículo
II). Esta ley define las atribuciones correspondientes tanto a los organismos de la Administración central del Estado como a
los órganos locales del poder popular, en un intento por integrar los principios básicos que deben regir la concepción de un
sistema institucional ambiental eficiente y eficaz. Asimismo, la ley delimita las atribuciones y funciones del CITMA,
haciendo de éste la entidad rectora en mate-ria ambiental, y deja en claro la estructura del sistema.
La gran ventaja es que el CITMA se encuentra actualmente representado en cada provincia por "delegaciones" o centros
provinciales que pueden promover el enfoque integrado requerido para el manejo de las zonas costeras a nivel local. Entre
los organismos y los centros que componen dicho sistema, se encuentran los ministerios de la Pesca, Turismo, Agricultura,
Industria Básica, del Interior y de Transporte, así como las Fuerzas Armadas. Otras instancias del gobierno que hacen
parte del sistema son, entre otros, el Instituto de Planificación Física, el Centro de Información, Gestión y Educación
Ambiental, el Centro de Control e Inspección Ambiental, el Centro Nacional de Áreas Protegidas y el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas. Con este sistema institucional y legal, la mayor parte de los instrumentos de manejo ambiental
en Cuba son implementados actualmente según lo establecido en el Título tercero del artículo 18 de la Ley del Medio
Ambiente. Éste estipula que la política ambiental cubana debe ser implementada mediante una adecuada gestión, utilizando
para ello instrumentos bien establecidos.
Venezuela posee una reglamentación ambiental que cubre los más variados aspectos. Sin embargo, las disposiciones
ambientales se encuentran bastante dispersas y fragmentadas. Los intentos por aplicarlas al manejo de un área geográfica
específica han sido frustrados bien sea por falta de consenso en cuanto a la definición de los planes de manejo, o por falta
de capacidad para implementarlas por parte de las entidades encargadas. El Ministerio del Medio Ambiente, creado en
1976, es el organismo estatal encargado de definir las políticas públicas relativas a la protección del medio ambiente y a la
administración de ciertas leyes y reglamentaciones. Al igual que el CITMA de Cuba, este ministerio tiene oficinas en todos
los Estados, encargadas de atender problemáticas particulares en los municipios más densamente poblados.
Los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento ambiental, como medios para mejorar la calidad de
vida de la población, están contenidos en la Ley Orgánica del Medio Ambiente de 1976. Sin embargo, la tipificación de
los delitos ambientales y el establecimiento de sanciones están regulados por la Ley Penal del Medio Ambiente,
promulgada en 1992. La Ley del Medio Ambiente es tutelada por el Ministerio del Medio Ambiente, mientras que la Ley
Penal lo es por parte del Poder Judicial, conformado por el Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales del
país.
La biodiversidad de todos los ecosistemas del país está protegida por la Ley de Diversidad Biológica de 2000, donde se
establecen los principios rectores para la conservación de la diversidad biológica y su uso sustentable en Venezuela. Los
municipios asumen la responsabilidad general de la protección del medio ambiente, así como de la infraestructura y los
servicios básicos, entre los que podemos mencionar: el saneamiento, el acueducto, el alcantarillado, el tratamiento de las
aguas residuales y los servicios de electricidad. Estas actividades son reguladas por las enmiendas hechas a la Ley
Orgánica del Régimen Municipal de 1989. A pesar de esta enmienda constitucional que confiere a los municipios derechos
sobre el medio ambiente y los cambios de la reglamentación ambiental ocurridos en Venezuela en el período 2000-2001,
la mayoría de los municipios, incluyendo aquellos ubicados en las zonas costeras, adolecen de ordenanzas municipales
ambientales (generales o por áreas) que hagan efectivo dicho cambio. Estas ordenanzas deben regular las diferentes
actividades que tienen un impacto sobre el medio ambiente, como la pesca en zonas costeras, la construcción, el turismo,
la disposición de basuras y la participación comunitaria. De esta manera, el mane-jo ambiental en Venezuela no es muy
efectivo, debido fundamentalmente a fac​tores como la duplicidad de funciones, la negligencia por parte de los funcionarios
públicos, la falta de educación de la población en materia ambiental, la poca participación de la comunidad en la
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