Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe: resiliencia ...

02/02/13 Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe: resiliencia, adaptación y diversidad comunitaria
largos períodos de recambio hídrico y una considerable población cuyo sustento proviene de sus recursos. Por otra parte,
están sujetos a una importante presión dada por las actividades humanas así como por los procesos y los fenómenos
naturales que en ellos tienen lugar. En consecuencia, la contaminación constituye un problema recurrente que se agudiza a
medida que las actividades humanas traspasan el umbral del sistema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las
bahías y las lagunas costeras difieren en cuanto a su funcionalidad. Mientras las bahías son utilizadas como puertos debido
a sus características geomorfológicas y operativas, las lagunas po-seen un gran potencial acuícola-pesquero y turístico.
Adicionalmente, estas últimas se encuentran más afectadas por las actividades desarrolladas aguas arriba de la cuenca de
la que dependen. En la mayor parte de los casos, el mayor aporte de contaminantes proviene de las actividades vinculadas
a prácticas agrícolas inadecuadas y al desarrollo urbano e industrial, así como a actividades mineras y portuarias resultantes
de una planificación desacertada y de una gestión inadecuada. Si se desea lograr una transformación positiva de la realidad
cotidiana de las poblaciones afectadas y ofrecerles soluciones integrales, resulta indispensable comprender el
funcionamiento ecológico de estos ecosistemas, así como una com​prensión integral de las actividades económicas,
incluyendo sus características sociales y políticas.
En este capítulo se presenta un estudio comparativo a nivel de educación y movilización comunitarias de trabajos
realizados con el fin de rehabilitar la calidad de los servicios de tres ecosistemas contaminados en el Caribe: dos bahías
localizadas en la costa sur de la isla de Cuba, en las ciudades de Cienfuegos y Santiago de Cuba y la laguna de Unare, en
Venezuela. Estas comunidades funcionan en contextos políticos muy diferentes. El estudio tiene en cuenta el enfoque de
cada uno de los proyectos, la manera como éstos se desarrollaron con la participación de la comunidad, el papel de las
instituciones del Estado, y la industria y el contexto político.
Comparación de los enfoques políticos de Cuba y Venezuela
Disposiciones legales e institucionales
En la efectividad de todo el sistema legal e institucional influyen, en mayor o menor grado, las condiciones históricas
concretas que imperan en cada país. Esto hace referencia a su régimen político y socioeconómico; a la voluntad política de
actuar de manera decisiva en la gestión y en la protección ambiental; en la estructura y organización del Estado, en el
ordenamiento legal y normativo, y en las tradiciones y costumbres arraigadas en cada sociedad. Consecuentemente, una
adecuada gestión ambiental requiere necesariamente estructuras administrativas que hagan realidad las políticas aprobadas
por el Estado en esta área y los compromisos asumidos con la comunidad internacional. Ante la necesidad de una
integración identificada anteriormente, es necesario dar una especial atención al marco jurídico e institucional de una región.
Como consecuencia de los acuerdos y políticas costeras suscritas en el Caribe, varios países han dado pasos positivos.
Cuba y Venezuela son típicos ejemplos en términos del impacto que sus actividades económicas pueden causar en la zona
costera y por la implementación de leyes específicas para la protección de dichas zonas. Nuestro análisis parte de la base
de que ambos países presentan una diversidad política. Cuba ha adoptado un sistema político basado en un estado unitario
y un partido único, con una tendencia hacia la descentralización en los últimos años, conforme al principio de la
participación pública consagrado en la Constitución. Venezuela atraviesa una importante polarización política desde 1998 y
el actual gobierno está implementando nuevas estrategias en un proyecto calificado como revolucionario, que implica una
nueva concepción de la participación de la comunidad en todas las actividades públicas.
En relación con las políticas ambientales, en 1997 Cuba emitió un documento oficial titulado "Estrategia Ambiental
Nacional", donde plantea la introducción de un Sistema de Manejo Integrado como primera medida para la preservación y
restauración de la zona costera. Con la promulgación de la Constitución, el 24 de febrero de 1976, se introduce por vez
primera (en el artículo 27) el tema ambiental como una preocupación oficial. En ese mismo año, la Ley 1323, "Ley de
Organización de la Administración Central del Estado", atribuyó al Comité Estatal de Ciencia y Técnica la responsabilidad
de establecer, dirigir y llevar a cabo el control del Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional
de los Recursos Naturales. Por medio de una disposición del Consejo de Ministros, en 1979 se crea la Comisión Nacional
de Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales, constituyendo el primer antecedente en
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