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La reforma de la PAC, un debate
lleno de incertidumbres
Esther Herranz
Eurodiputada del
Grupo Popular
del Parlamento
Europeo
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Una de las cuestiones más difíciles de dilucidar
por el momento en el debate sobre
la reforma de la PAC es la dotación
presupuestaria que será dedicada a esta política en
nuestro país, ya que ello dependerá de las negociaciones
para el marco de perspectivas financieras
del periodo posterior a 2013. No olvidemos que
los países del norte se sitúan desde hace muchos
años a la cabeza de una verdadera cruzada a favor
de reducir la partida dedicada a la agricultura,
cruzada que hoy cobra mayor relevancia con el telón
de fondo de la crisis económica.
Por otra parte, existe una fuerte presión procedente
principalmente de los países del este de la
Unión Europea por obtener una convergencia
mayor de las ayudas entre los distintos Estados
miembros. Recordemos que la Comisión Europea
propone una congelación de las partidas existentes
para la PAC, que han sido calculadas a precios
constantes, es decir, sin tener en cuenta la inflación,
por lo que, en la práctica, ello se traduce en
un recorte en términos reales de más del 11%.
La Comisión Europea plantea una convergencia
sólo parcial entre los viejos y los nuevos Estados
miembros y el método de reparto tiene consecuencias
neutras para España. De salir adelante esa propuesta,
España mantendría un sobre de ayudas
directas cercano a los 5.000 millones de euros
anuales, que constituye el grueso de los fondos del
primer pilar. A ese montante habría que añadir, no
obstante, las ayudas para desarrollo rural, que actualmente
se elevan a unos 800 millones de euros
anuales, pero la Comisión no ha presentado todavía
una propuesta sobre el reparto de los fondos de ese
segundo pilar de la PAC. Con vistas a la negociación
de la reforma habría que evitar que España
pierda parte de su sobre nacional de ayudas directas
respecto de la propuesta de la Comisión, pues
pretender que haya un aumento en plena crisis
económica sería absolutamente irrealista.
Otro gran desafío para España será proceder a
un reparto del sobre nacional sin ajustes traumáticos
entre regiones, sectores y agricultores. Ese reparto
plantea muchas dudas, que no quedan resueltas en
la propuesta de la Comisión Europea pues se deja
en manos de los Estados miembros la difícil tarea
de establecer esa distribución sobre la base de los
criterios comunitarios que finalmente queden acordados.
Por otra parte, también está en el aire el volumen
de tierras elegibles y en nuestro país podría
aumentar de los 20 millones de hectáreas potencialmente
elegibles en la actualidad a más de 26 millones
que representa la superficie agrícola útil.
La incorporación de nuevas hectáreas al pago
único supondría una reducción del montante unitario
por hectárea. Recordemos, además, que al
área elegible se sumarían, entre otras, las hectáreas
dedicadas a frutas y hortalizas y vino que no reciben
todavía ayudas directas a la renta, pues las propuestas
incluyen plenamente a ambos sectores
dentro del régimen general de pagos directos.
Desde el Partido Popular en el Parlamento Europeo
estamos defendiendo, sin embargo, poner coto a la
Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2012
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