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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD DEL ZULIAFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICASDIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOSPROGRAMA DE DERECHO PROCESAL CIVILNIVEL MAESTRÍA.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FASE PROBATORIA DELPROCEDIMIENTO LABORAL CON EL PROCEDIMIENTO CIVILORDINARIO.Trabajo presentado como requisito parcial para optar al Título deMagíster Scientiarum en Derecho Procesal Civil.Autor: Abg. Yelitza B. Medina PerozoTutor: Dra. Marina Delgado de ÁvilaMaracaibo, Septiembre de 2006

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FASE PROBATORIA DELPROCEDIMIENTO LABORAL CON EL PROCEDIMIENTO CIVILORDINARIO.AUTOR:Apellidos: Medina PerozoNombres: Yelitza BeatrizFirma:Cédula de identidad: V-10.603.273Dirección: Avenida 14-B, entre calles 83 y 84. Residencias Nicole.Apartamento 2-B. Sector Delicias. Maracaibo, Estado ZuliaTeléfono: 0414.639.28.90Correo Electrónico: medinayaa@hotmail.comTUTOR:Apellidos: Delgado de ÁvilaNombres: MarinaFirma:

ÍNDICE GENERAL Pág.ResumenAbstracIntroducciónCAPÍTULO I.El juicio Oral1.1.- Breve reseña del Sistema oral establecido en el Código deProcedimiento Civil. Concepción. 121.2.- Estructura del Juicio Oral. 151.2.1.- Audiencia Preliminar. 161.2.2.- Audiencia oral o Debate Oral. 171.2.- La Constitucionalidad del Juicio Oral Civil 17CAPITULO IIPrincipios Procesales2.1.- Principios Procesales de rango constitucional que orientan el nuevoproceso oral laboral, como instrumento para alcanzar la justicia. 222.1.1.- Principio de Oralidad 242.1.2.- Principio de Inmediación 252.1.3.- Principio de prioridad de la realidad de los hechos 262.1.4.- Principio de Equidad 272.1.5.- Principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales 302.1.6.- Principio Protector o in dubio pro operario 302.1.7.- Principio de la Discriminación 322.2.- Otros Principios generales del nuevo proceso laboral 332.2.1.- Principio inquisitivo 332.2.2.- Principio de Concentración 342.2.3.- Principio de Preclusión de la Prueba 342.2.4.- Principio de Publicidad 362.2.5.- Principio de Contradicción y Control de la prueba 372.2.6.- Principio de Libertad de la prueba 392.2.7.- Principio de la Obtención coactiva de los medios probatorios 402.2.8.- Principio de la unidad y exaustividad de la prueba 412.2.9.-Principio de lealtad y probidad probatoria 45CAPÍTULO III.Análisis comparativo de las Fases probatorias del nuevoprocedimiento laboral con el procedimiento civil ordinario.

3.1.- Justificación legal de un nuevo Procedimiento probatorio 48emprendido por la jurisdicción laboral.3.2.- Fase probatoria en el Juicio Civil Ordinario. 513.2.1.- Promoción de Pruebas. 523.2.2.- Evacuación de las pruebas 543.3.- Fase Probatoria del Proceso laboral 553.3.1.- Promoción de Pruebas 563.3.2.- Evacuación de las pruebas 613.4.- Auto de Admisión y de negativa de una prueba. Recursos 613.5.- Oposición a las Pruebas. 663.6.- Carga de la Prueba 673.7.- Facultades probatorias del Juez 743.8.- La sana critica como criterio de valoración de los mediosProbatorios en materia laboral. 903.9.- De la prueba preconstituida o anticipada 923.10.- Las pruebas en Segunda Instancia. 943.11.- Pruebas en Casación. 963.12.- Conclusiones del análisis de ambos procesos 96CAPITULO IVLos medios de prueba en el nuevo proceso laboral en contraste conlos establecidos en la Ley Adjetiva Procesal Civil.4.1. Prueba de Declaración de Parte 1014.2. Prueba de Inspección Judicial 1054.3. La prueba de Experticia 1104.4. La Prueba de Testigos 1134.4.1. Tacha de testigos 1154.5. Las Reproducciones, Copias y Experimentos 1164.6. Prueba por escrito o Prueba Instrumental 1184.6.1. Tacha de instrumentos 1214.6.2. Reconocimiento de instrumentos Privados 1234.6.3. Exhibición de Documentos 1264.7. Indicios Y Presunciones 128Conclusiones 132Recomendaciones 133Índice Bibliográfico

MEDINA P, YELITZA B. ANALISIS COMPARATIVO DE LA FASEPROBATORIA EN EL PROCESO LABORAL CON EL PROCESO CIVILORDINARIO. Trabajo presentado como requisito parcial para optar alTítulo de Magíster Scientiarum en Derecho Procesal Civil. LaUniversidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.División de Estudios para Graduados. Nivel Maestría. Maracaibo,Venezuela 2006. p. 136RESUMENEl nuevo constitucionalismo procesal venezolano cristaliza la idea e intenciónque en todo momento tuvo el legislador patrio de crear una jurisdicción y unprocedimiento especial que dirimiera los conflictos individuales de trabajo;hasta hace poco regulados por la Ley Orgánica de Tribunales y deProcedimiento del Trabajo, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil,caracterizados por ser lentos, pesado, excesivamente escrito, formalista,mediato, oneroso y no obsequioso para nada a la justicia. Imponiendocambios radicales orientados por los principios de oralidad, inmediación,concentración, simplicidad, celeridad y gratuidad; procurándole ampliospoderes al juez, como director y sujeto principal del proceso, aparte desubstanciales e importantes iniciativas probatorias. Es con la promulgaciónde la estrenada Ley Orgánica Procesal Laboral que el Estado, apuesta agarantizar el buen funcionamiento y la eficacia de una jurisdicción autónomay especializada con normas y principios propios que rigen todas y cada unasde las distintas etapas del proceso y muy especialmente de la faseprobatoria sobre la que no existía regulación alguna en materia de medios deprueba y su valoración; y por tanto, estrictamente sometida a la leyOrdinaria Civil, lo que se traducía en una limitación en cuanto a los mediosprobatorios de que podían valerse tanto el juez como las partes y unamarcada falta de libertad en el juez para la apreciación del materialprobatorio, quien debía restringirse al obsoleto sistema de la prueba legal otarifada.De tal forma que, de lo expuesto surge una interesante proposiciónde realizar un análisis comparativo entre el antiguo proceso laboral y elrecientemente instituido a partir de Agosto de 2.003; concretamente delrégimen probatorio, etapa esta, que introduce un nuevo y audaz diseño deforma, lugar y tiempo, cargado en opinión de muchos laboralistas deinconcebibles errores imprecisiones, contradicciones y vacíos.Palabras claves:Principios, Fase Probatoria, Pruebas, Apreciaciónmedinayaa@hotamil.com

MEDINA P, YELITZA B. ANALISIS COMPARATIVO DE LA FASEPROBATORIA EN EL PROCESO LABORAL CON EL PROCESO CIVILORDINARIO. Trabajo presentado como requisito parcial para optar alTítulo de Magíster Scientiarum en Derecho Procesal Civil. LaUniversidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.División de Estudios para Graduados. Nivel Maestría. Maracaibo,Venezuela 2006. p. 136ABSTRACThe new Venezuelan procedural constitutionalism crystallizes the idea andintention that always had had the fatherland’s legislator to create ajurisdiction and a special procedure to resolve the individual’s labour relationconflicts; until recently regulated by the Statutory law of Courts andProcedure of the Work, the Civil Code and the Code of Civil Procedures,characterized by being slow, heavy, excessively written, formalist, expensiveand for nothing generous with the justice. Imposing radical changes orientedby the orality principles, immediacy, concentration, simplicity, celerity andgratuity; grating ample powers to the judge as the director and maincharacter of the process, aside from substantial and important probatoryinitiatives.It is with the promulgation of the released The procedural OrganicLaboural Law that the State, bids to guarantee the good operation and theeffectiveness of an independent and specialized jurisdiction with norms andown principles that govern all and each of the different stages of the processand very specially of the probatory phase on which did not use to exist anyregulation in the matter of means of proof and their valuation; and therefore,strictly subjected to the ordinary Civil Law, which was translated into alimitation regarding the probatory means which could be used by the judgeas much as the parts and a marked lack of freedom in the judge for theappreciation of the probatory material, who had to self restrict to theobsolete system of the legal or priced proof.Of such form that, from theexposed thing arises an interesting proposal to make a comparative analysisbetween the old labour process and recently instituted since August 2.003;concretely of the probatory regime, stage this, that introduces a new andaudacious design of form, place and time, loaded in the opinion of manylabour specialists of inconceivable mistakes, impreciseness, contradictionsand emptiness.Key Words: Principles, Stage Probatory, Prove, Appreciation.medinayaa@hotmail.co

INTRODUCCIÓNLa evolución del Derecho Procesal Laboral en Venezuela demuestra que nopodía hablarse en puridad de una justicia autónoma y especializada, quegarantizara la protección del hecho social trabajo y en especial de sussujetos. Por el contrario, el proceso laboral en todas sus fases y muyparticularmente en el periodo probatorio, se ha caracterizado por serexcesivamente escrito, lento, pesado, formalista, mediato, y deshumanizado,urgido de una audaz transformación que permita desarrollarlo como uninstrumento fundamental para lograr la justicia, la equidad y la armoníasocial.La nueva Ley Adjetiva del Trabajo, vigente desde el 13 de Agosto de 2003,trae consigo Instituciones y Principios propios que responden al incrementode la conflictividad laboral, a la grave crisis económica-social de los últimostiempos; y a la necesidad de redimensionar el ordenamiento procesal laboral,que materialice efectivamente el sentir y propósito del legislador plasmadoen el articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,de fecha 30 de Diciembre de 1999, la cual ordena en su disposiciónTransitoria Cuarta, Numeral 4º, la elaboración de una ley procesal deltrabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboralautónoma y especializada orientada por los principios de gratuidad,celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, laequidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.Y es en atención a este mandato constitucional que el juicio en materia detrabajo introduce importantes cambios e innovaciones, sobre todo en suetapa de pruebas, en cuanto a las formas y tiempo de los distintos actosprocesales, en cuanto a la ampliación de los poderes y potestadesprobatorias del juez, que se convierte en director del proceso, en labúsqueda de la verdad, la cual, esta obligado a inquirir por cualquier medio.También, se ha le concedido al operador de justicia medios que facilitan su

tarea al momento de interpretar y valorar los hechos y las pruebas, pues encasos de conflictos entre leyes o problemas de apreciación, el legislador lemuestra el camino a tomar, basado en la naturaleza tuitiva de la normalaboral, y en el fin ultimo del derecho del trabajo, como o es garantizar latutela efectiva del socialmente mas débil, entiéndase trabajador.Es menester también mencionar que este ordenamiento adjetivotambién omite Instituciones procesales importantes en materia de pruebas,como es el caso de la anticipación de prueba o prueba preconstituida, asícomo la oportunidad para los informes orales conclusivos entre otros, que notienen regulación y demuestra fallas que evidencian su deficiencia. Ademásesta ley, eliminó por completo figuras jurídicas que sin duda alguna seráncausa de controversia en el desarrollo de los litigios, particularmente en laetapa en estudio, tal es el caso de la eliminación del recurso de Casacióncontra la decisión del Juez que admite determinada prueba; se limitó laprueba de autenticidad del instrumento privado en lo que respecta a la tachade documento, únicamente al cotejo, por lo que ya no será posible utilizar lade testigos, se excluyen las pruebas de posiciones juradas y de juramentodecisorio, entre otros.De manera que ante todo lo expuesto, surge la inquietud de plantearalgunos problemas o interrogantes interesantes de desarrollar y objeto delpresente estudio. Como son: ¿ Cuáles son los principios procesales querigen la fase probatoria en el procedimiento laboral venezolano?, ¿ Cuálesson los medios probatorios admitidos dentro del procedimiento laboralvenezolano?, ¿ Existen medios de prueba dispuestos en La Ley OrgánicaProcesal del Trabajo similares a los establecidos en el Código deProcedimiento Civil?, ¿ Habrá diferencias substanciales entre los actosprocesales contenidos en la fase probatoria del nuevo proceso laboralvenezolano y los actos procesales que se siguen en el juicio civil ordinario?, ¿Cual es el alcance del poder discrecional del Juez y la sana crítica comomecanismo de valoración de probanzas en el procedimiento laboral

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DedicatoriaA mis hijos, Luís Alberto y Luís Manuel,razones para querer dar un paso más cada día.A ti Negro, porque saberte orgulloso de mis logros, me hace feliz.A mis Padres, pues lo que hoy soy es el reflejo de su educación,dedicación y amor.

12Capitulo I1.1. Breve reseña del juicio Oral, establecido en el Código deProcedimiento Civil venezolano. . Concepción. Estructura.El Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 deMarzo de 1987, incorporó, en su Libro Cuarto, titulo XI en formagradual y experimental, al proceso civil venezolano el procedimientooral como sustituto del Procedimiento ordinario. Limitándolo adeterminadas causas, así el artículo 859 dispone:Se tramitarán por el procedimiento oral,las siguientes causas, siempre que su interéscalculado según el Titulo I del Libro Primerode este Código, no exceda de doscientoscincuenta mil bolívares.1º Las que versen sobre derechos decrédito u obligaciones patrimoniales que notengan un procedimiento especial contenciosoprevisto en la parte primera del Libro Cuartode este Código.2º Los asuntos contenciosos del trabajoque no correspondan a la conciliación ni alarbitraje, y las demandas por accidentes deltrabajo.3º Las demandas de transito.4º Las demás causas que por disposiciónde la Ley o por convenio de los particulares,deban tramitarse por el procedimiento oral.Explica la exposición de motivos del Proyecto de dicho Código,que dada la dificultad de introducir el juicio oral como regla ordinariadel procedimiento y abandonar sin más el sistema escrito, queformaba parte de la mentalidad jurídica de los jueces y abogados delpaís, se optó por mantener la estructura general del procedimientoordinario vigente para la fecha, claro que con fundamentalesreformas, e introducir el juicio oral como un ensayo en determinadas

13materias y dentro de una limitada cuantía, a fin de contribuir así a laformación progresiva de la mentalidad y experiencia que requiere eljuicio oral; por lo que en el articulo 880 de ese nuevo Código ProcesalCivil, se autoriza al Ejecutivo Nacional para determinar medianteresolución, en Consejo de Ministros las circunscripciones Judiciales ylos Tribunales de éstas en donde entrarán en vigencia lasdisposiciones del juicio oral; del mismo modo, que se autorizó alejecutivo para modificar la cuantía y las materias establecidas para suutilización y para extender la aplicación de este procedimiento oral aotras materia que considerare conveniente.como:El profesor Rengel Romberg (1991), define el proceso oralUn proceso concentrado, en el cual, lasactividades importantes del mismo se realizande viva voz, entre presentes en una audienciao debate en el cual, el juez entra en estrechocontacto con las partes y con los medios deprueba que han de formar su convicción paradecidir.El mismo autor, distinguiendo la oralidad y la escritura expresa,que un sistema procesal es oral, cuando el material de la causa, asaber: las alegaciones, las pruebas y las conclusiones, son objeto de laconsideración judicial solamente si se presenta de palabra; y es escritocuando la escritura es la forma ordinaria de las actuaciones, y que laescritura se da aún en los procesos orales, cuando existe el requisitosde que las alegaciones y pruebas orales se reduzcan a escrito, con elfin de conservar un memorial del procedimiento; tal y como seimplanto en nuestro sistema.Por otro lado, Alcalá Zamora (2000), sostiene que cuando sehabla de oralidad en el proceso, es conveniente distinguir tresaspectos o manifestaciones, que son: el principio de oralidad, elprocedimiento oral y la oratoria. El primero, es uno de los principios

14que rigen la actividad procesal oral; el segundo, se identifica con eltipo de proceso, en el que necesariamente convergen otros principios,como la inmediación, concentración, publicidad, identidad física delJuez, instancia única en cuanto al desarrollo del procedimiento y el dela libre convicción, en cuanto al desarrollo de las pruebas; y la oratoriaforense, que es la expresión oral, o la oralidad pura.El procedimiento oral concebido en el ordenamiento Adjetivocivil venezolano, esta regido por cuatro principios, estos son: 1) laoralidad; según el cual los actos deben cumplirse sin reducirlos aescrito, evitando que la audiencia oral se convierta en la lectura dealegatos y exposiciones preparadas. 2) La brevedad, que requiere departe del juez la simplificación y descomplicacion del debate judicial,en la medida de lo posible, depurándolo de las alegaciones y pruebassuperfluas o impertinentes. 3) La Concentración, en virtud del cualtodo acto de alegación y prueba debe quedar relegado para laaudiencia oral, salvo la fijación de los términos del contradictorio, lasolución de las cuestiones previas y la evacuación de aquellasprobanzas que por el objeto a que se refieren deben adelantarse(experticia e inspección ocular, art. 868 segunda parte). En razón deesta tendencia de concentración de los actos para un díadeterminado, opuesta a los fraccionamientos en compartimientosestancos del proceso escrito, tiene uso frecuente y eficaz el principiode eventualidad. 4) La inmediación, según el cual, todas lasalegaciones y pruebas se diligenciaran con la intervención directa deljuez llamado a sentenciar. El desafío para los jueces en el sistemaoral que planteó la entrada en vigencia de este cuerpo legal consistíaen cambiar la idiosincrasia judicial imperante, fundada en unacomunicación escrita, formalista y aislante, que impedía laaproximación y el entendimiento entre el juez, como rector delproceso y las partes bajo un criterio de lealtad y compresión.

15En apreciación del doctor Duque Corredor,(1999), surge laoralidad, como una tendencia hacia la modernización, del proceso através de las simplificaciones procesales, que se resume en eldominio de la palabra como medio de expresión; pero que no excluyela escritura para algunos actos preparatorios y como medio deregistro o archivo de algunas actuaciones. Mediante la oralidad,desde otro punto de vista, se persigue una búsqueda mas objetiva dela verdad real y por ende, de la justicia, eliminando el excesivoformalismo, la falta de inmediatez del juez, la desconcentración delprocedimiento y la apelabilidad de las sentencias interlocutorias; Enfin, la verbalidad , la concentración y la inmediación se traducen en lasimplicidad procesal que pretende la renovación del proceso civil através del proceso oral, sin sacrificar la lealtad y la garantía de laigualdad y de la defensa, para alcanzar el valor de la justicia.1.2. Estructura del juicio Oral.En la estructura establecida por el legislador para el procesooral, la audiencia es el elemento central. Este acto procesal garantizala presencia de las partes y su contacto con el juez, y de este conaquellas y con los hechos que han dado lugar a la controversia.Ciertamente es el modelo que da vida a la oralidad, por que son losactos donde los sujetos del proceso hablan y oyen, en el cual el juezescucha a las partes y precisa los hechos controvertidos que deberánprobarse y la materia que será objeto de sentencia, y más aun sonlos actos de donde el operador de justicia saca los elementosconvincentes en los que basará su decisión. Todo esto, sin excluir laescritura para los actos introductorias del proceso, por lo que elmodelo procesal oral escogido en Venezuela es el de un procesomixto.El Código de Procedimiento Civil, divide la audiencia en dos: laaudiencia preliminar, establecida en el segundo párrafo del articulo

16868, y la audiencia de debate oral, contemplada en su articulo 869,ultimo aparte, y 870 a 877.1.2.1. La audiencia PreliminarLa audiencia preliminar, ocurre previamente al verdaderodebate, y permite un primer encuentro de las partes y del juez. Sufinalidad primordial es preparar la segunda audiencia, para lapresentación de las pruebas y de los alegatos y exposiciones de laspartes, y fundamentalmente para la sentencia; por lo que se permiteque se levante un acta de la audiencia y que se agreguen los escritosque hayan presentado las partes.En cuanto a la finalidad de la audiencia preliminar, según elderecho comparado, el profesor Duque Corredor (1999), resume lassiguientes: La función conciliadora para evitar la continuación dellitigio. La función saneadora, para depurar el proceso. La función deabreviación para establecer el objeto del proceso y de la prueba. Y lafunción ordenadora, para adoptar medidas de diligenciamiento de laprueba.Para nuestro sistema solo interesan las funciones deabreviación y la ordenadora. La de la abreviación, puesto que en ellael juzgador puede delimitar el objeto de la controversia y de laspruebas, basándose en las observaciones de las partes, en suconvenimiento o no sobre los hechos a probar, en sus objeciones o noacerca del carácter superfluo, impertinente o dilatorio de las pruebas,y en la indicación que hagan de las pruebas que se proponenpromover. Asimismo esta oportunidad procesal tiene la funciónordenadora, que permite al operador de justicia la forma dediligenciar la prueba, en el debate oral o antes de él; de manera que

17a ese debate se lleven los resultados de las pruebas anticipadas y lasque puedan cumplir adecuadamente en dicho debate.1.2.2. La audiencia o debate oralLa audiencia o debate oral, denominada como “Centro delProceso” en la Exposición de motivos del Proyecto del Código deprocedimiento Civil, es el verdadero juicio oral, porque se realiza enforma continua, en un solo día o en días subsiguientes, con lapresencia del juez, las partes, los testigos y los expertos, y de dondeextrae el operador de justicia los elementos para fundar su decisiónverbal. Además, la actividad probatoria que se cumple durante sudesarrollo, se rige totalmente bajo la dirección del juez, por losprincipios de la verbalidad, de la concentración, y de la inmediatez,con garantía del derecho de contradicción y de la igualdad y lealtadprocesales y prohibición de la escritura. En este acto los alegatos yexposiciones de las partes, la declaración de los testigos, lasexposiciones de los expertos y de quienes participen en la audienciaoral se lleva a cabo en forma oral, registrando y grabando sudesarrollo para la seguridad de su realización; y las pruebas que hande apreciarse solo son las que se reciban en la audiencia o las que seincorporen o se oigan en el mismo acto si fueron por su naturalezainstruidas anticipadamente.Se puede afirmar que esta audiencia o debate oralcontemplado en el Libro Cuarto, Titulo XI del Código deProcedimiento Civil, sirvió de fuente inmediata, de la audiencia dejuicio prevista en el nuevo proceso laboral; pues con algunasdiferencias, la audiencia de juicio de la Ley Orgánica del Trabajo esuna copia casi textual de ese Código.1.3. La Constitucionalidad del juicio oral Civil.

18El texto de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de deVenezuela promulgada en 1.999, consagró la oralidad en losprocesos como estructura única por la cual beben regirse los tramitesde los juicios que han de celebrarse en nuestro país, para asígarantizar como lo expresa el articulo 26 del texto constitucional “ElEstado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sinformalismos o reposiciones inútiles”.Esta oralidad se encuentra establecida en el artículo 257 de nuestraCarta magna cuando expresamente dispone:“El proceso constituye un instrumentofundamental para la realización de lajusticia. Las leyes procesales estableceránla simplificación, uniformidad y eficacia delos trámites y adoptara un procedimientobreve, oral y Publico No se sacrificará lajusticia por la omisión de formalidades noesenciales”.Del análisis del trascrito dispositivo constitucional se puede inferir; enprimer lugar, que se excluyeel régimen escrito como tramiteprocesal en el sistema jurídico de Venezuela; en segundo, que laoralidad en los procesos es el sistema que como principio, adoptónuestra Constitución; en tercer lugar que el legislador, tiene laobligación de adaptar las leyes procesales, insertando en ellas “ unprocedimiento breve, oral y publico”; y que los jueces, en uso de lasfacultades que le otorgan los artículos 7 y 22 de Código deProcedimiento Civil, están en la obligación de adoptar la oralidadaplicando el trámite mas idóneo, como es el caso de los procesos deamparo constitucional, en los cuales, la Sala constitucional del

19Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 02/02/2000,estableció de aplicación inmediata las reglas del tramites oral,expresando como fundamento que:Por mandato del artículo 27 de laConstitución de la República Bolivariana deVenezuela, el procedimiento de la acción deamparo constitucional será oral, publico,breve, gratuito y no sujeto a formalidades.Son las características de la oralidad yausencia de formalidades que rigen estosprocedimientos las que permiten que laautoridad judicial restablezcainmediatamente, a la mayor brevedad, lasituación jurídica infringida o la situaciónque más se asemeje a ella.La aplicación inmediata del artículo 27 de lavigente constitución, conmina a la Sala aadaptar el procedimiento de amparoestablecido en la Ley Orgánica de AmparoSobre derechos y Garantías Constitucionalesa las prescripciones del artículo 27 ejusdem.Si bien es cierto que la argumentación preinsertada, la profirióla sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para losprocesos de amparo constitucional, también es cierto queestableciendo el artículo 257 del texto constitucional, en las leyesprocesales debe adoptarse la oralidad, su principio es de aplicacióninmediata en aquellos supuestos, como es el caso de los procesos denaturaleza civil, en los cuales el código de Procedimiento Civil, en suTitulo XI, Libro Cuarto, establece un procedimiento para emplear laoralidad en los procesos civiles.Tristemente, el articulo 859 del mismo Código, limita la oralidadsolo los supuestos establecidos en la mencionada norma, lo quecontraría y colide con el espíritu de nuestro texto constitucional queen su articulo 257 acoge la oralidad procesal y le impone al legislador

20adaptarse a dicho sistema y no condicionar cuales son los procesosque se han de regir por el sistema oral. Es lógico además,argumentar que el articulo 859 del cuerpo adjetivo civil, con susdisposiciones limitantes también violenta el articulo 21 de nuestraCarta Magna, al establecer una discriminación de acceso al sistemaoral, solo de aquellos sujetos cuyas acciones se encuentran dentro delos supuestos de la disposición comentada, o de los supuestos delproyectado decreto, que auspicia la Procuraduría General de laRepublica, cuya única variable es aumenta y fijar la cuantía porunidades tributarias.Lo expuesto, sin lugar a duda, hace pecar de inconstitucional porcausas sobrevenida el articulo 859 del Código de Procedimiento Civil,por lo que se sostiene, que los jueces en uso de la facultad delcontrol constitucional difuso y en respeto al principio de lasupremacía constitucional, deberían desaplicar dicho articulo e iniciaren Venezuela los procedimientos civiles orales bajo el trámite quepara los mismos prevé el ordenamiento procesal civil. Tal y como hasucedido con el conjunto de normas que el constituyente declarónecesario ajustar al nuevo supra-ordenamiento jurídico nacional, enmateria agraria con la promulgación del Decreto con Fuerza de Leyde Tierras y Desarrollo Agrario; en materia penal con el CódigoOrgánico Procesal penal, en materia marítima con el Decreto confuerza de Ley de Procedimientos Marítimos, en asuntos de familia ypatrimoniales de niños, niñas y adolescentes, con la Ley Orgánicapara la Protección del niño y del Adolescente, en los Procesos deamparo constitucional; en la Ley de Transito terrestre y en materialaboral con la puesta en práctica del nuevo proceso laboral regido porprocesal del trabajo.Como se puede ver se ha implementado cambios en la estructuraprocesal, pasando de la escritura a la oralidad, en casi todas las

21áreas, por ser una imposición constitucional; sin embargo, esos airesde cambio parecen resistirse a ser aplicados en el ámbito civil, quedesde 1986, admite en el Código de procedimiento civil, la posibilidadde la implementación del juicio oral, que en el decir de su exposiciónde ;motivos debería implementarse gradualmente, y tal fin establecepautas de su tramite; y que solo se le han mantenido como letramuerta. Razón por la que se ha querido hacer un análisiscomparativo entre el nuevo proceso oral laboral y el juicio civilordinario, específicamente de sus etapas probatorias, a fin decotejar la función, utilidad y eficacia de estos, y evidenciar laurgencia de implementar el los procesos civiles el sistema de laoralidad y todo lo que este representa, que traduzca cambiosprofundos en lo que hoy son causas desesperadamente lentasformales e ineficaces; y que contribuya con la uniformidad de la leyesprocesales.

22Capitulo II2.1. Principios Procesales de rango Constitucional que orientan elnuevo proceso laboral, como instrumento para alcanzar la Justicia.Como resultado de la necesidad actual de procurarle rangoconstitucional a los derechos fundamentales del individuo, lasCartas magnas vigentes en cada vez un mayor número de países ysistemas, han adoptado en sus disposiciones principios, reglastécnicas y políticas tendientes a garantizar un proceso más justo yrecogidos por las constituciones, como tradiciones, valores,convicciones, normas, los cuales, le imprimen sustento obligatorioal derecho de todo país. De esto se entiende que los principiossean considerados como las ideas fundamentales sobre laorganización jurídica de una comunidad, emanadas de laconciencia social, que cumplen funciones fundamentadora,interpretativa y supletoria respecto de su total ordenamientojurídico.En tal sentido, el articulo 257 comentado y trascrito ut supra,expresamente asigna al proceso, el carácter de medio para alcanzarla justicia que es el fin, en perfecta consonancia con la concepcióndel Estado; el proceso en si mismo no es el fin, sino el instrumentopara lograr el fin. El órgano de administración de justicia yespecialmente el juez, deben adaptar su actuación al desideratumimpuesto por la norma in comento, abandonando la noción de verdadprocesal como producto impío frente a la verdad jurídica real, cuyaposibilidad de evidenciarse sucumbe generalmente frente a la rigidezy el sacramentalismo de las formas procesales; de allí que se

23condicione la forma y complejidad de los tramites buscando: Lasimplificación, para que puedan ser realizados con la mayor facilidady la supresión de formalismos y solemnidades; la uniformidad, paraevitar la multiplicidad de formas, requisitos y lapsos que puedenconducir a equívocos, nulidades y reposiciones; y la eficacia paraalcanzar resultados certeros en el menor tiempo y con el menorempleo de recursos y diligencias.Para asegurar tales condiciones se ordena que el procedimiento seabreve, oral y publico. Breve en cuanto a que debe ser sucinto,conciso, concentrado, menos solemne de corta extensión y duración.Oral, referido a que debe ser expresado verbalmente, directamentemediante la palabra. Y Publico, ósea, perteneciente a todos, notorio,en presencia y conocimiento de todos. Estas condiciones ydefiniciones son promotoras de cambios en la regulación de losprocesos y se manifiestan notablemente en las características de ladisposición Cuarta numeral 4º, ordena para la Ley Orgánica Procesaldel Trabajo, por una parte, y, en la conducta que el juez debe asumircomo buscador de justicia, el cual ha sido dotado de amplias yextraordinarias facultades. Así, la mencionada disposición establece:“Dentro del primer año, contado a partir desu instalación, la Asamblea Nacionalaprobara:4. Una Ley Orgánica Procesal del trabajo,que garantice el funcionamiento de unajurisdicción laboral autónoma yespecializada y la protección del trabajadoro trabajadora en los términos previstos enesta Constitución y en las leyes. La LeyOrgánica Procesal del Trabajo estaráorientada por los principio de gratuidad,celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad

24de la realidad de los hechos, la equidad yrectoría del juez o jueza en el proceso”.Claramente, se denota como la propia disposición constitucionaldecreta cuales son los principios procesales que ordenarán el procesolaboral, muchos de ellos devenidos de la esencia o naturaleza mismadel sistema oral. Estos son:2.1.1. Principio de Oralidad.Principio básico que rige y condiciona todas las actuacionesprocedimentales en materia laboral, consiente que los actosprocesales se realicen a viva voz, reduciendo drásticamente lasactuaciones escritas. Este se concreta en que de forma verbal seexponen todas las alegaciones de las partes, las declaraciones detestigos y peritos, además de que todas las determinaciones deltribunal serán dictadas y dadas a conocer oralmente, de esta manerase deben resolver las incidencias y emitir la sentencia definitiva. Es laoralidad pues, el sistema prevaleciente en la Ley Orgánica procesaldel Trabajo, ya que, salvo la demanda y la contestación todos losdemás actos procesales, incluso la etapa previa al debate plenario, sesigue en forma oral.A este respecto el artículo 3 de la L.O.P.T., dispone: “Elproceso será oral breve y contradictorio, solo se apreciarán laspruebas incorporadas al mismo conforme a las disposicionesde esta Ley, se admitirán las formas escritas previstas enella”.De acuerdo con la concepción del legislador, la manera más claraen que se concreta, este principio se encuentra en la propiaexistencia de un proceso oral, en la que en forma verbal se exponen

25todas las alegaciones de las partes. La oralidad se entiende como uninstituto procesal fundamental en virtud del cual el proceso judicialdel trabajo sea un instrumento que permita la efectiva realización dela justicia y el cumplimiento del fin social de la misma.En este sentido, hay que explicar que la escritura es inherente alproceso, por que es la única forma de dejar constancia de los hechosy datos acontecidos a lo largo de un proceso. Es el modo de accedera la información básica para ejercer el derecho a la defensa, es decir,aun cuando exista una fase oral, la información de las declaracionesde las partes, testigos, peritos y cualquier otro tipo de pruebaexpresada a viva voz debe acreditarse por escrito.2.1.2. Principio de InmediaciónEs muy frecuente en la practica forense, que el juez de la causa,mediante la figura de la comisión, encargue a otro Tribunal larealización de significativos actos del proceso, particularmente y enforma ordinaria actos referidos a las pruebas, como la evacuación,por ejemplo, con lo cual, la labor intelectual del juez de la causa esalterada y obstruida por las acciones u omisiones del comisionado,quien conociendo parcialmente los hechos de la litis no esta en plenacapacidad de aportar con su actuación todo los elementos necesariospara el esclarecimiento de la verdad. Lo cual, atenta contra un deberfundamental impuesto a los jueces, e incorporado por los nuevosordenamientos legales, cada vez en mas materias jurídicas.La inmediación es un principio regulador del proceso laboral quepreconiza una relación directa entre el juez y las personas o cosasque integran el litigio. La presencia sin intermediarios del juez entodos los actos del proceso ha sido defendida siempre por la doctrina,ya que, esto, favorece la aprehensión y correcta evaluación de todos

26los hechos que habrán de servir al juzgador para la decisión de lacontroversia.El juzgador va a participar directa y personalmente y no a travésde intermediarios, en la sustanciación del proceso y en el debateprocesal correspondiente, todo bajo su absoluta y personal dirección,pues, como dice Antonio Dellepiane ( 1997), el juez debe cumpliruna función similar a la del investigador, científico ohistoriador, cultivadores de la disciplina constructiva, ya que,su tarea es buscar y allegar rastros y documentos paraestablecer por medios de ellos la existencia de hechosfenecidos.La finalidad primordial de las pruebas es lograr el animo del juez, laconvicción de la veracidad de los hechos afirmados, por tal motivo, eljuez es el destinatario principal de las pruebas en juicio y enconsecuencia debe presenciar su incorporación al proceso para lograrsu convicción de forma vivida directa y pura, en tal sentido seprocura que los exámenes judiciales con fines probatorios comoinspecciones judiciales, experimentos judiciales, reconstrucciones dehechos, confrontaciones, evacuación de testigos y en general laevacuación de todas las pruebas esgrimidas, y poder juzgarpersonalmente con base a la sana critica resultante del debateprocesal.2.1.3. Principio de Prioridad de la Realidad de los Hechos, ocontrato realidad.Es un principio fundamental del Derecho del Trabajo, que elarticulo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo enuncia comoPrioridad de la realidad de los hechos, el cual, ordena al juez ointerprete atenerse a lo que las partes hacen en la realidad y no a lo

27que ellas dicen o declaran en sus actos o convenciones.Esta previsto en la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, en su artículo 89 numeral 1º, mediante el cual, en lasrelaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas oapariencias que se hayan dado las partes para evitar la aplicación dela legislación laboral y el juez tiene el deber de declararlo así, siempreque ello resulte en autos. Sin embargo es común que la palabraescrita sirve para camuflar, disfrazar u ocultar la realidad de lo quelas partes han querido realmente estipular, razón por la que el juezdebe escudriñar las pruebas aportadas al proceso para obtener lasevidencias o cuando menos los indicios graves, precisos yconcordantes de que detrás de las declaraciones formales de laspartes se oculta otra verdad.Consagra la norma enunciada lo que se denomina el contratorealidad. Principio este también, consagrado en la legislaciónsustantiva y que consiste en que el juez, no debe atenerse a ladeclaración formal de las partes acerca de la naturaleza jurídica de larelación. En consecuencia cada vez que el juez de trabajo verifique,en la realidad la existencia de una prestación personal de serviciodebe declarar la existencia de la relación de trabajo,independientemente de la apariencia o simulación formal que laspartes puedan haberle dado a dicha relación.2.1.4. Principio de Equidad.Al hablar de jurisdicción de trabajo, hablamos de jurisdicción deequidad; pues, es el sistema que debe aplicarse al conflicto deintereses que le es planteado. Al respecto el artículo 2del

28ordenamiento en mención advierte, “El juez orientar su actuaciónen los principios de uniformidad, brevedad, oralidad,publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración,prioridad de la realidad de los hechos y equidad”.Obsérvese, que el contenido de esta norma esta inspirado porel constituyente tal como resulta del texto del artículo 257 y ladisposición Transitoria Cuarta, numeral 4 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela, ya analizados.Antes de la promulgación de la Constitución de 1.999, en laresolución de las controversias o conflictos, prevalecía la aplicación dela jurisdicción de derecho, en el que la premisas menores o mayores,con las que el operador de justicia debía comparar los hechos de lacontroversia presentada, tenían que estar contemplados en unanorma jurídica del ordenamiento nacional, sin que se le permitiera aljuez llenar o crear, tales supuestos, salvo, en los casos de verdaderalaguna de ley, por cualquiera de los métodos y recursos quecontempla ese mismo ordenamiento para solventar dichosimprevistos u omisiones, esto es, la analogía, la equidad, el usosentre otros; de los medios con los cuales el creador de la normas lefija caminos al juzgador para el cumplimiento de su misión.En la actualidad dispone pues, el legislador que el juez ocurra ala equidad para que oriente la norma jurídica aplicable o el preceptoque debe dar solución al conflicto de intereses planteado. Pero a laequidad que alude la idea de justicia para cada caso en concreto; yno al concepto clásico de justicia “de dar a cada uno lo suyo”, sino alde justicia que es protección para el socialmente débil.

29Del mismo modo que la Disposición Transitoria Cuarta, otrasnormas de nuestra Carta Magna, confieren carácter constitucional aprincipios que deben alinear los procesos laborales, que garanticen laconsecución de sus fines; así, el artículo 89 en tal sentido establece:“El trabajo es un hecho social y gozará dela protección del Estado. La Ley dispondrálo necesario para mejorar las condicionesmateriales, morales e intelectuales de lostrabajadores y trabajadoras. Para elcumplimiento de esta obligación del Estadose establecen los siguientes principios:1. Ninguna ley podrá establecerdisposiciones que alteren la intangibilidad yprogresividad de los derechos y beneficioslaborales. En las relaciones laboralesprevalece la realidad sobre las formas yapariencias”2. Los derechos laborales sonirrenunciables. Es nula toda acción,acuerdo o convenio que implique renunciao menoscabo de estos derechos. Solo esposible la transacción y convenimiento altérmino de la relación laboral, deconformidad con los requisitos queestablezca la ley.3. Cuando hubiere duda acerca de laaplicación o concurrencia de varias normas,o en la interpretación de una determinadanorma se aplicara la más favorable altrabajador o trabajadora. La normaadoptada se aplicara en su integridad.4. Toda medida o acto del patrono opatrona contrario a esta constitución esnulo y no genera efecto alguno.5. Se prohíbe todo tipo de discriminaciónpor razones de política, edad, raza, sexo, ocredo o por cualquier otra condición.6. Se prohíbe el trabajo de adolescentesen labores que puedan afectar sudesarrollo integral. El estado los protegerácontra cualquier explotación económica ysocial.

30Continuando con la enumeración de los principios procesales,del texto de la norma transcrita se destacan los siguientes: De sunumeral 1º, notamos como priva el principio de la realidad sobre lasformas o apariencias, anteriormente comentado.2.1.5. Principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales.La institución de la irrenunciabilidad, persigue garantizar con laprohibición de renuncia, que el trabajador en una negociacióncontractual disfrute durante su desarrollo de un mínimo inexpugnablesobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero síen su mejora. Por lo que el juez debe en desarrollo del proceso, en ladistintas desiciones que deba tomar basado en las actuaciones eincidencias que se susciten siempre debe garantizar el que elinterés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relaciónlaboral, quede incólume, y que éste no se vea compelido a dejar depercibir los beneficios que por ley le correspondan.2.1.6. Principio Protector o in dubio pro Operario.El principio protector se fundamenta en el hecho mismo quedio origen al nacimiento del derecho del trabajo, es decir, a ladesigualdad existente entre la persona que es contratada paradesempeñar una labor llamado trabajador, y el empleador. Noobstante, irónicamente la jurisprudencia fue reiterada en lanegativa de aplicar este principio básico en materia laboral,basándose en que este no tenia consagración expresa ennuestro régimen jurídico, razón por la que los jueces, pordisposición del articulo 12 del Código de Procedimiento Civil seveían en la obligación de aplicar la regla de que en caso de

31dudas debía sentenciarse a favor del demandado o lo que es lomismo emplear el principio in dubio pro reo.Este precepto se ve consagrado por primera vez en nuestroordenamiento jurídico, en el articulo 59 de la Ley Orgánica delTrabajo promulgada en el año 1.990, el cual, establece que encaso de dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o enla interpretación de una determinada norma, se aplicará la masfavorable al trabajador; criterio que favorece al trabajador seacual sea la situación que ocupe en el juicio, es decir, sea comoactor o bien como demandado.Posteriormente, al dictarse el reglamento de la Ley Orgánicadel Trabajo en el año 1.999 el artículo 8 desarrolló los principiosfundamentales del derecho del Trabajo entre los que mencionaen primer lugar al principio protector de los trabajadores. Delmismo modo la vigente Constitución de la Republica Bolivarianade Venezuela aprobada a finales de 1.999, vino a consagrarconstitucionalmente algunos principios, ya previstos en losordenamientos laborales, para garantizar mediante su aplicaciónla protección del trabajo como hecho social; así el articulo 89ordinal 3º, establece el principio en estudio.En la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tambiéninstituye el in dubio pro operario, en su articulo 9, añadiéndoseleademás en su parte in fine ciertas menciones referidas a lasdudas sobres los hechos o las pruebas en el proceso laboral, asaber:“Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o lainterpretación de una norma legal o en caso decolisión entre varias normas aplicables al mismoasunto, se aplicara la más favorable al trabajador.En caso de duda sobre la apreciación de loshechos o de las pruebas se aplicara igualmente laque mas favorezca al trabajador. La norma

32adoptada se aplicara en su integridad”.Busca entonces el principio protector igualar jurídicamentela situación de los trabajadores frente a los patronos,constriñendo al juzgador a que bajo el supuesto de que sepresenten dudas en la aplicación o interpretación de una o variasnormas laborales, deberá activar en el campo procesal laaplicación de este mecanismo a favor del trabajador, conformea las reglas operativas del mismo que ya se encuentranclaramente definidas en las leyes comentadas ut supra, esto es,solo en caso de verdaderas y razonables dudas normativas sobrela aplicación de dos o mas normas concurrentes o sobre lainteligencia de alguna norma susceptible de diversasinterpretaciones.La importancia del principio Protector es tal, que podríaafirmarse que todos los demás principios del Derecho del trabajoson resultados de este principio también llamado de tutela o defavor, pues en todos se observa un fin tuitivo de defensa de losderechos del trabajador. Plá Rodríguez (1998), lo llamó elprincipio madre, el principio antonomasia del derecho laboral delcual derivan todos los restantes.2.1.7. Principio de no discriminación.Este, no solo se desprende del numera 5º del artículo 89 quedesglosamos, sino también del artículo 21 de la Constitución quereza:Todas las personas son iguales ante la ley,y en consecuencia:1) No se permitirán discriminaciones

33fundadas en la raza, el sexo, el credo, lacondición social o aquellas que engeneral, tengan por objetos o porresultados anular o menoscabar elreconocimiento, goce o ejercicio encondiciones de igualdad, de los derechos ylibertades de toda persona.2) La Ley garantizará las condicionesjurídicas y administrativas para que laigualdad ante la ley sea real yefectiva……..”Significa pues, que todos los individuos, somos iguales para losojos del estado, por lo que no debe existir, para los órganosjurisdiccionales y más aún en las disertaciones del juez,discriminaciones de ningún tipo, dándole preeminencia al ser humanoo individuo como parte del proceso, sin hacer distinción de edad,raza, sexo, credo y sobre todo de su inclinación política. En otraspalabras debe invariablemente respetarse el principio de la nodiscriminación.2.2. Otros principios generales del nuevo proceso laboral.2.2.1. Principio Inquisitivo.Lo fundamental de este principio es la facultad oficiosa probatoriadel juez para la investigación de los hechos por iniciativa de éste.Nuestro proceso Laboral se caracteriza por ser inquisitivo, sin quepor ello se haya privado a las partes del derecho de aportar pruebase inclusive, sin que deje de existir la carga de la prueba. Ladisposición contenida en el artículo 71 de la LOPT, por ejemplo,permite al juez laboral ordenar de oficio la evacuación de cualquier

34otra prueba, que sin haber sido promovida por las partes se considerenecesaria para el esclarecimiento de la verdad.Este principio es el resultado de quienes sostienen que si hayinterés publico en que el proceso sea justo y legal, no debe limitarseal juez y por el contrario, el Estado debe dotarlo de poderes parainvestigar la verdad de los hechos que las partes afirman en elproceso.2.2.2. Principio de ConcentraciónLa concentración persigue aproximar los actos procesales unosa otros, reuniendo en breve espacios de tiempo la realización deellos, razón por la que se ha concebido el procedimiento laboral poraudiencias, dentro de las cuales se deberán realizar prácticamentetodos los actos procesales establecidos. Por ejemplo la evacuaciónde las pruebas debe concentrarse en una misma audiencia o en elmenor numero de ellas, esto con la finalidad de de evitar retardosinnecesarios y garantizar la celeridad.Conforme a este principio las pruebas aportadas por las parteso que han sido incorporadas al mismo, deben ser analizadas enconjunto para confrontarlas, vincularlas y valorarlas, no pudiendo seranalizadas en forma separada, ya que la suma de todas las pruebas,en definitiva solo tiene un fin, acreditar la existencia o fijación de loshechos expuestos por las partes.2.2.3. Principio de Preclusión de la Prueba.La preclusión, en opinión del profesor Rivera Morales (2004):“Es un concepto que se maneja con relacióna las partes, es decir, es aplicable a la

35conducta de ellas. Y no es más que lapérdida de la oportunidad para realizar unacto procesal, en este sentido aplicado alas pruebas se dirá que es la perdida de laoportunidad para realizar los diferentesactos de la fase probatoria”.Podría afirmarse también que es una formalidad de tiempo yoportunidad para su práctica y que se relaciona con los principios decontradicción y lealtad procesal, ya que, su propósito es evitarsorpresa al adversario con pruebas improvisadas o de últimomomento que las partes no alcancen a contravenir.El procesalista Eduardo Couture (1978), al referirse a esteprincipio dice, esta representado por el hecho de que las diversasetapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante laclausura definitiva de cada una de ellas impidiéndose el regreso aetapas o momentos procesales ya extinguidos y consumados.Millé Millé (1989), por su parte apunta:“En nuestro concepto este principioresponde al orden y disciplina que debeexistir en todo juicio, como guía yorientación de la actuación de las partes ydel juez; todo lo cual dará lugar a undesenvolvimiento o desarrollo lógico yprogresivo de los distintos pasos o etapasque debe cumplirse ante elpronunciamiento final o sentenciadefinitiva, en el entendido de que unaactuación no cumplida en su oportunidad omomento especifico, salvo que interese alorden publico, y afecte de nulidad alprocedimiento, no podrá ya realizarse”.Los actos de prueba conforme a este principio, deben realizarseen las oportunidades señaladas en la ley, esto es, de proposición opromoción, oposición o contradicción, evacuación o materialización y

36valoración o apreciación, lo que significa que la realización de dichosactos en otras oportunidades diferentes a las estipuladas, decretan lainadmisibilidad o eventualmente la improcedencia de las pruebas porextemporáneas.La preclusión de las fases del proceso laboral, garantiza laceleridad del juicio impidiendo la reapertura injustificada de lapsos yactos procesales. En materia probatoria, los medios de que disponenlas partes para la demostración de sus afirmaciones de hecho debenproducirse en juicio en los términos legalmente previstos; en estesentido, esta establecido por ejemplo, que la oportunidad parapromover pruebas es el día de instalación de la audienciapreliminar, no pudiendo traerse a la controversia luego de suvencimiento, mandato expreso del articulo 73 de la Ley OrgánicaProcesal del Trabajo. Existen excepciones legales al principio depreclusividad, tales como la que enuncia el articulo 111 de la L.O.P.T,referido a la inspección judicial que expresamente puede serordenada por el juez de juicio, de oficio o a solicitud de parte, auncuando no fue promovida oportunamente a objeto de verificar oesclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa.2.2.4. Principio de PublicidadEn el proceso las pruebas no son reservadas u ocultas, ni paralas partes ni para los terceros, pues las actas procesales son publicas,salvo que se hayan reservado por motivos determinados en lasmismas actas, de manera que las pruebas son publicas lo cual, quieredecir que todos los sujetos procesales, mas aun todas aquellaspersonas que tengan interés, tienen acceso a todos los medios depruebas que han sido aportados por las partes o que el juez a traídoal proceso a través de su actividad oficiosa, pudiendo conocerlas yobjetarlas.

37El principio de publicidad se encuentra establecido en elartículo 4 de la L.O.P.T. el cual, reza: “Los actos del procesoserán públicos, salvo que expresamente esta ley disponga locontrario o el tribunal así lo decida, por razones de seguridad,de moral o de protección de la personalidad de alguna de laspartes”Si bien es cierto, ya regía en el campo laboral, la escritura quepredominó durante la vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales y deProcedimiento del Trabajo, hacía muy difícil su aplicabilidad; hoy endía, los actos de pruebas son públicos, pues no solo se impone lanecesidad de que la actividad probatoria se cumpla en AudienciaPublica, con posibilidad de acceso para cualquier persona, sino queademás cada una de las partes tiene derecho a conocer los medios deprueba que su adversario se propone utilizar, antes de proceder a suevacuación.2.2.5. Principio de Contradicción y Control de la Prueba.El contradecir y controlar los medios probatorios aportados alproceso, con el objeto de fiscalizar su materialización en el juicio,luego de admitidas, traduce, que el derecho constitucional de ladefensa en materia probatoria, esta regulado por los principios decontradicción y control de las pruebas.Sobre el precepto de contradicción considera Bello Tabares(2006),“consiste en el legitimo derecho que tienen laspartes en el proceso, de atacar u oponerse a laadmisibilidad de las pruebas promovidas, por laparte contraria, todo con la finalidad de que lasmismas no puedan legalmente ingresar al litigio

38y producir sus efectos procesales; o bien atacarobjetar o impugnar el resultados de las pruebasque se hayan materializado en el proceso, conmotivo de la actividad probatoria de las partes”.Por su parte Devis Echandía (1981), al referirse al principio enestudio señala que el mismo“consiste en el derecho que tiene una parte aquien se le opone una prueba, de conocerla ydiscutirla, lo cual incluye el derecho acontradecirla, por lo que se rechaza el principiode la prueba secreta, es decir, de aquellapracticada a espalda de las partes o de una deellas”.Para contradecir una prueba la doctrina alude en primer lugarla oposición, la cual es de carácter preventivo, que tiene como objetoque el medio de prueba promovido no ingrese al proceso y seainadmitido por el operador de justicia; y la impugnación que es laforma genérica de atacar, enervar o contradecir los mediosprobatorios que han sido previamente admitidos, haya habidooposición o no , para que estos no surtan sus efectos procesales, esdecir, para que no influyan en el animo del decidor. En este sentido,las partes pueden impugnar o embestir las resultas de los mediosprobatorios que hayan sido admitidos y evacuados en el juicio, con elobjeto de despojarlo de la apariencia de prueba, o como señalaCabrera Romero (1997), una vez que la prueba haya ingresado alproceso como consecuencia de haber sido admitida, al no sermanifiestamente ilegal o impertinente, a través de la impugnaciónpueden las partes desvirtuar esa apariencia de legalidadpertinencia, circunstancia esta que materializa el derechoconstitucional de la defensa.yPero como ya señaláramos, este derecho a la defensa, tambiénse manifiesta y se complementa por medio del principio del control

39de la prueba, el cual, consiste en el derecho que tienen las partes enel proceso de concurrir e intervenir en los actos de evacuación de losmedios probatorios promovidos y admitidos, a fin de realizar lasactividades asignadas a ellas por la ley; para vigilar, fiscalizar yhacer las observaciones pertinentes, como objetar la validez,procedencia, pertinencia, veracidad, licitud o legalidad de las pruebaspromovidas por su contraparte.2.2.6. Principio de Libertad de Pruebas.Las partes deben disponer de libertad probatoria para valerse detodos los medios lícitos de prueba que puedan para demostrar sushechos; esto para proteger del derecho constitucional de la defensa.Al mismo tiempo que interesa el cumplimiento de la finalidad de laprueba, la cual, esta destinada a lograr la convicción del juez sobre laexistencia o inexistencia de los hechos controvertidos.Expresa Devis Echandia (1981), que este principio tiene dosaspectos, a saber: libertad de medios y libertad de objeto. El primeroreferido a que no debe haber limitación legal acerca de los mediosprobatorios admisibles, dejando al juez facultad para la calificación desu pertinencia probatoria; y el segundo referido a que puede probarsetodo hecho que tenga relación con el proceso y que las partes puedanintervenir en la practica. No se debe limitar la actividad probatoria enforma absurda y ocurrente por que de alguna manera seria atentarcontra el derecho de defensa.El principio de libertad probatoria, esta consagrado en elarticulo 395 del Código de Procedimiento Civil al establecer que laspartes pueden valerse de cualquier medio de prueba no prohibidoexpresamente por la ley que consideren conducentes para demostrarsus hechos. Igualmente las partes gozan de libertad probatoria en el

40Proceso laboral, en cuanto que pueden valerse de todos los mediosde pruebas tendientes a verificar sus afirmaciones de hecho.Establece el artículo 70 de la LOPT que:“Son medios de prueba admisibles en juicioaquellos que determina la presente Ley, elCódigo de Procedimiento civil, el Código Civil yotras Leyes de la Republica; quedan excluidas laspruebas de posiciones juradas y de juramentodecisorio.Las partes pueden también valerse de cualquierotro medio de prueba no prohibido expresamentepor la ley y que consideren conducente a lademostración de sus pretensiones. Estos mediosse promoverán y evacuaran de la formapreceptuada en la presente ley, en lo no previstoen ésta se aplicaran, por analogía lasdisposiciones relativas a los medios de pruebassemejantes contemplados en el Código deProcedimiento civil, el Código Civil o en sudefecto, en la forma que señale el juez deTrabajo”.De esta manera y conforme a este principio, observamos queen la Ley, existen los denominados medios de prueba regulados otasados y los no regulados o libres, siendo los primeros aquellosprevistos en las leyes, lo que significa que su forma de promoción yevacuación esta determinados por las leyes; en tanto que los mediosde prueba no regulados, no están previstos en un ordenamiento legaly por ende no existe regulación de los mismos. Señala la normaanteriormente transcrita, que estos medios no regulados sepromoverán y evacuaran aplicando por analogía los mediosprobatorios regulados, como por ejemplo el caso de la fotografía, elcual, se asemeja a la prueba documental, a cuyo efecto se promoveráy evacuara aplicando las normativas de la prueba escrita.2.2.7. Principio de la Obtención Coactiva de los Medios de Prueba.En virtud de este principio, los documentos, las cosas y las

42Las pruebas del juicio laboral deben ser apreciadas como unaunidad y analizadas exhaustivamente. Es por ello que el silencio deuna prueba vicia indefectiblemente de nulidad la sentencia; y esevicio se presenta cuando el juez deja de examinar alguna de laspruebas aportadas al proceso.Pareciera que conforme al sistema de la valoración queconocemos como la sana critica el juez no esta sometido a rigurosasreglas de apreciación, sino al uso de sus facultades, de conciencia desentido común y hasta de su perspicacia, para hacerse de un criteriode la controversia; y para este propósito no debiera el juzgador estarobligado a fundar su decisión en la totalidad de las pruebas, sino que,basta con el análisis de aquellas que le permiten encontrar la verdado una solución racional al conflicto de intereses. Y aunque creemosque esta modalidad simplifica el trabajo del juez al momento deestablecer su fallo; la falta de consagración expresa en el texto de laLey Orgánica Procesal del Trabajo, mantiene atados a los jueces dejuicio a la obligación de la exhaustividad en la valoración de laspruebas.Se encuentra pues, el juzgador obligado al análisis de todas ycada una de la pruebas que cursen en autos, bien que haya sidoofrecida por las partes o que hayan sido aportadas oficiosamente porél mismo, debiendo valorarlas, bien apreciándolas o desechándolas,para así, establecer los hechos debatidos en el proceso y construir lapremisa menor del silogismo judicial, pues, una vez que la prueba asido promovida legalmente, admitida y evacuada o materializada masno apreciada, se produce el denominado vicio de silencio de pruebas,que no es otra cosa que la ausencia de análisis de las pruebasincorporadas al proceso por parte del juzgador al momento de dictarsu fallo.

43La Ley Adjetiva Civil, también impone al juez la obligación deanalizar y valorar todas y cada una de las pruebas que obran en auto,en el fallo definitivo, no pudiendo excluir ninguna de su estudio, aunpara el caso de inapreciarla. En el articulo 509 del Código deProcedimiento Civil se consagra el principio de la exhaustividad,disponiéndose que el juez, tiene la obligación de analizar y juzgartodas las pruebas producidas, no hay exclusión ni de aquellas que noaporten elementos de convicción, ya que, se tendrá que razonar porque las desecha, lo que traduce que su decisión debe ser motivadaconforme a los artículos 243 y 244 eiusdem, so pena de nulidad de lasentencia. Según Rosich Sacani, citado por el profesor Rivera Morales(2004) esta obligación se acentúa para las pruebas tarifadas en lasque deben observarse las reglas de su apreciación y se atenúa a lasregidas para la sana critica, que facultan al juez a su apreciaciónintrospectivaIgualmente la falta de análisis de cualquier medio de pruebasobreviene a un motivo de casación del fallo en los términosprevistos en el artículo 320 de C.P.C, que dispone:“En su sentencia del recurso de casación, la CorteSuprema de Justicia, se pronunciara sobre lasinfracciones denunciadas, sin extenderse al fondode la controversia, ni al establecimiento niapreciación de los hechos que hayan efectuadolos Tribunales de instancia, salvo que en elescrito de formalización se haya denunciado lainfracción de una norma jurídica expresa queregule el establecimiento o valoración de loshechos, o de las pruebas, o que la partedispositiva del fallo sea consecuencia de unasuposición falsa por parte del juez, que atribuyo ainstrumentos o actas del expediente mencionesque no contiene, o dio por demostrado un hechoque no aparecen en autos o cuya inexactitudresulta de actas e instrumentos del expedientemismo.Podrá también la Corte Suprema de Justicia

44extender (…)”.En este orden de ideas, resulta pertinente para ilustrar loexpuesto, compartir una sentencia de la Sala de Casación Socialdel Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26/07/05, queesgrime:“Las alegaciones esgrimidas por el recurrente ensu delación no encuadran dentro de los supuestosde los vicios denunciados, sin embargo, delanálisis exhaustivo de los autos del expediente yla sentencia recurrida, se observa que el Tribunalde Alzada omitió pronunciarse con relación a lasdocumentales señaladas por la recurrente,contenidas en los folios…, lo cual configuraría esel vicio de inmotivación por silencio de prueba,entrando a conocer la Sala la omisión depronunciamiento por parte de la juez de Alzadasobre las pruebas antes descritas. Pues bien, eneste orden de ideas, se ha expresado eninnumerables sentencias que aun cuando la LeyOrgánica Procesal del Trabajo expresamente noseñala como motivo de casación la inmotivaciónpor silencio de prueba, ha sido criterio reiteradoincluir el mencionado vicio dentro de las hipótesisde la inmotivación, estableciéndose que uno delos supuestos que sustentan el vicio deinmotivación por silencio de prueba es el hechode que la recurrida omita de manera total oparcial el análisis sobre una o todas las pruebaspromovidas, por lo que en este sentido, los juecestienen el deber impretermitible de examinarcuantas pruebas se han aportado a los auto spara de esta manera no incurrir en la violación dela regla general sobre el examen de las pruebasprevisto en el articulo 509 del Código deProcedimiento Civil, articulo éste aplicable alnuevo régimen laboral por remisión directa delarticulo 12 de la Ley Orgánica procesal Laboral,conjuntamente con el articulo 69 ejusdem queseñala: “Los medios probatorios tienen porfinalidad acreditar los hechos expuestos por laspartes producir certeza en el juez respecto a lospuntos controvertidos y fundamentar susdediciones. Asimismo, esta sala precisa señalar,que en virtud del principio de la comunidad de la

45prueba y del principio de la adquisición procesal,este vicio puede ser denunciado por cualquiera delas partes, `por cuanto una vez que la prueba esincorporada al expediente, escapa de la esferadispositiva y pertenece al proceso, lo que autorizaal juez para valorarla con independencia de quienla promovió. Pues bien para que una sentencia seconsidere fundada en los hechos del expediente,el juez debe examinar todas las pruebas que sehayan producido, aun aquellas que a su juicio nosean idóneas para ofrecer algún elemento deconvicción, expresando su criterio al respecto. Eljuez no puede escoger alguno de los elementosprobatorios para sustentar su determinación ysilenciar otros esta obligado por el artículo 509Código de Procedimiento Civil y el artículo 69 dela Ley Orgánica procesal del Trabajo a analizar yjuzgar todas las pruebas…2.2.9. Principio de Lealtad y Probidad Probatoria.Este principio tiene que ver con la búsqueda de bienesaltruísticos o realizar valores superiores en el proceso, comoson: la verdad y la justicia. Las partes deben contribuir en laindagación y en la realización de tales fines. En consecuencia, laspartes no pueden usar los medios de prueba para esconder odesfigurar la realidad, para tratar de llevar y conducir al engañoal juez y obtener un beneficio que no les corresponde. Las partesdeben actuar con lealtad, probidad y veracidad. Las leyes ycódigos modernos contienen normas de contenido ético y ello serefleja en diversas disposiciones. En el nuevo ordenamientoprocesal del trabajo, por ejemplo, el artículo 48 dispone que eljuez a petición de parte o de oficio tomará todas las medidastendientes a prevenir o sancionar la falta de lealtad y probidaden el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión yel fraude procesal o cualquier otro acto contrario a la majestadde la justicia y el respeto que se deben los litigantes. Lo quesignifica que corresponde al juzgador, determinar si la actividad

46probatoria es maliciosa, esto es, si esta movida por el propósitode apuntalar pretensiones o defensas manifiestamenteinfundadas, de alterar o falsear los hechos o de obstaculizar eldesenvolvimiento del proceso; y en el supuesto de apreciar unaviolación del principio de lealtad o de ética procesal, en laactividad probatoria, aplicar las sanciones previstas en lareferida disposición.

47CAPITULO IIIAnálisis comparativo de las Fases probatorias del nuevoprocedimiento laboral con el procedimiento civil ordinario.La fase o periodo probatorio según definición del doctor DuqueCorredor (2000), es la etapa destinada a regular el tiempo, ellugar y la forma de la prueba, entendida ésta como laactividad de las partes y del juez, dirigida a comprobar losdatos en los cuales las partes apoyen su alegatos, o dicho enotras palabras por el mismo autor, es la etapa formativa del materialprobatorio que necesita el juez para decidir.Es, en este espacio de tiempo que las partes de la controversia vana probar, acción que define el profesor Rivera Morales como:“El derecho que tienen las partes apresentar los medios o instrumentos enlas formas autorizadas por la ley quecontengan los elementos de convicción, y lafacultad-deber que tiene el juez conforme alas normas legales para extraer la certezade los hechos alegados y pronunciarse ensentencia”Es importante agregar que la naturaleza de ese derecho a probaren nuestra legislación es de orden constitucional, pues, se consagraen la Constitución Nacional el derecho de defensa y con relación a laspruebas el artículo 49 establece en su ordinal 1º que toda personatiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se leinvestiga y a acceder a las pruebas. Al otorgársele a este derechorango constitucional, las normas procesales probatorias adquierenrelevancia especial, pues como decían los romanos “idem est nonesse aut non probari”( igual a no probar es carecer de derecho), lo

48que significa que es transcendental para el justiciable ejercer suderecho a probar; y en ese sentido las pruebas con relación alproceso son instituciones de orden publico, por ser reglas de interésgeneral e interesan a la sociedad su preservación en función al logrode la justicia.3.1. Justificación legal de un nuevo procedimiento probatorioemprendido por la jurisdicción Laboral.La Constitución venezolana promulgada el 30 de Diciembre de1.999, trajo consigo un conjunto de normas que determinan elproceso en general; con el fin único de transformar e imponercambios radicales en los procedimientos judiciales sometidos por laforma escrita y el excesivo formalismo que hacían infructuosa laactividad litigiosa, en materia de trabajo por ejemplo, hasta hacepoco regida por la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientosdel trabajo; y supletoriamente por el Código de Procedimiento Civily el Código Civil, esencialmente en la período probatorio. Con base alo expuesto es que, la Constitución de la Republica Bolivariana deVenezuela en la Disposición Transitoria Cuarta en su numeral 4º,ordena a la Asamblea Nacional aprobar una Ley Orgánica Procesaldel Trabajo que orientada por los principios de gratuidad, celeridad,oralidad, inmediación, prioridad de la realidad de los hechos, laequidad y la rectoría del juez en el proceso; que responda y asegurelos derechos y garantías que la Carta Magna reconoce a todoindividuo.Reglas como las contenidas en los artículos 26, 49, y 257 de laConstitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establecen unproceso, que consuma la intención del legislador; y las cualesorientan la nueva ley adjetiva en materia laboral.

49Así que, el artículo 26 mencionado, dispone:“Toda persona tiene derecho de acceso alos órganos de administración de justiciapara hacer vales sus derechos e intereses,incluso los colectivos o difusos, a la tutelaefectiva de los mismos y a obtener conprontitud la decisión correspondiente.El Estado garantizara una justicia gratuita,accesible, imparcial, idónea, transparente,autónoma, independiente, responsable,equitativa y expedita, sin dilacionesindebidas, sin formalismos o reposicionesinútiles”.Es importante hacer notar que esta disposición se refiere a todos ycada uno de los derechos e intereses del ciudadano y no solo a losfundamentales; los cuales deben ser garantizados por una tutelaefectiva, lo que significa que no se quede en una gestión formal y queciertamente sea concreta en el tiempo y en su finalidad.En el artículo 49 se establece el debido proceso; el cual, rige comoprincipio en todo el quehacer judicial, con relación al estado y frentea todos los particulares. Especialmente en su ordinal 1º, se concretael derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso, y seconsagra como ya se mencionara, el derecho a pruebas, en cuanto alos lapsos procesales para hacerlas valer, y la utilización de losmedios adecuados para ejercer la defensa. La disposición enmención de Nuestra Carta Magna reglamenta:“El debido proceso se aplicara a todas lasactuaciones judiciales y administrativas; enconsecuencia:1. la defensa y la asistencia jurídica sonderechos inviolables en todo estado ygrado de la investigación y del proceso.Toda persona tiene derecho a ser notificada

50de los cargos por los cuales se le investiga,de acceder a las pruebas y de disponer deltiempo y de los medios adecuados paraejercer su defensa. Serán nulas las pruebasobtenidas mediante violación del debidoproceso. Toda persona declarada culpabletiene derecho a recurrir del fallo, con lasexcepciones establecidas en estaConstitución y en a ley”.Por su parte el artículo 257 ejusdem, incorpora la tesisfinalista del proceso cuando estatuye:Este precepto instituye como deben ser las leyes procesales, locual, implica que estas se obligan a regular el proceso en función delograr la realización de la justicia y la satisfacción de la exigencia dela tutela de los derechos de los ciudadanos. En estos términos,tenemos que la ordenación del proceso viene regido por mandatoconstitucional; de lo que se desprende que la Ley procesal estasupeditada a la constitución, en primer lugar por la jerarquía de esta,que impone su supremacía sobre cualquier ley formal o material y ensegundo lugar, por que la Carta Magna contiene normas procesalesque son de predominante aplicación a las normas inferiores.Ahora bien, La fase probatoria que es parte integral del proceso,esta sometida a los principios que gobiernan a éste; por lo que laordenación del periodo de pruebas debe garantizar el debido procesoy todos los derechos que este involucra. La regulación de esta fase enparticular implica una disposición en cuanto a tiempo, lugar y modode la aportación y producción de las pruebas; esto para mantener elequilibrio procesal entre las partes y satisfacer las exigenciasconstitucionales de un proceso justo, donde exista una tutelaefectiva, simple y uniforme; se deben estipular los lapsos procesalesy requisitos para la validez de los actos que constituyen garantía paralas partes de la transparencia judicial. Es primordial para el debido

51proceso que exista una regulación del sistema probatorio, lo cual, nocontradice de ninguna manera el principio de la libertad probatoria ,en el sentido de no limitarse los medios probatorios; ni tampoco vacontra la libre apreciación de la prueba, pues, la regulación se refierea las condiciones, ya mencionadas; esto es: la forma que deberevestir la prueba que se aporte o se promueva, en la cual, debenestar envueltos los principios generales que gobiernan a la prueba;lo relativo a la competencia y los requisitos para su tramitación, y loque comprende los lapsos para la incorporación al proceso.En adelante se estudiarán las formas y oportunidades de losdistintos actos procesales en las fases probatorias de las LeyesAdjetivas en materia civil y laboral, objeto de esta disertación.3.2.- Fase Probatoria en el Juicio Civil Ordinario.En el juicio ordinario civil, es el Código de Procedimiento Civil quienregula todo lo concerniente a la materia probatoria en el Titulo II delLibro Segundo; en cuanto a la oportunidad probatoria, los medios deprueba, las particularidades sobre los diligenciamientos, la carga de laprueba y la valoración de las mismas.En el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil se establece laapertura del Lapso probatorio de la siguiente manera:“Al día siguiente del vencimiento delemplazamiento para la contestación de lademanda, sin haberse logrado laconciliación ni el convenimiento deldemandado, quedara el juicio abierto apruebas, sin necesidad de decreto oprovidencia del juez, a menos que, pordeberse decidir el asunto sin pruebas, eljuez lo declare así en el día siguiente dedicho lapso”.

52Ahora bien, la Fase de Pruebas del juicio civil Ordinario se divideen dos periodos: el de promoción y el de evacuación, cuyos términosestán establecidos en el artículo 392 del CPC que expresa:“Si el asunto no debiere decidirse sinpruebas, el termino para ellas será dequince días para promoverlas y treinta paraevacuarlas, computados como se indica enel articulo 197, pero se concederá eltermino de distancia de ida y vuelta paralas que hayan de fuera del lugar del juicio”.3.2.1.- Promoción de Pruebas.Dentro de los primeros 15 días de la fase probatoria deberán laspartes promover todas las pruebas de que quieran valerse; actuaciónque esta sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de ordenintrínseco y extrínseco. Las primeras se refieren a los requisitos quedeben satisfacer todo acto procesal. Esto es, legitimación delaccionante y competencia y capacidad del funcionario ante quien sehace el acto. Las segundas, corresponden a los requisitos de modo,lugar y tiempo, como: escrito u oral, concentración o periododelimitado, oportunidad y preclusión.Existen algunos conceptos subsidiarios de promoción de pruebas,regularmente utilizados y precisados acertadamente por el profesorDevis Echandia (1.981), como son: Proposición y presentación de laprueba; ya que, hay proposición cuando la parte se limita a indicar unposible medio con la exigencia al juez que lo admita y decrete y seproceda a la practica, cuestión incluso valida cuando la prueba esoficiosa, pues, el decreto de ordenación lleva implícito la proposición.Hay presentación cuando la parte interesada aduce el medio y el juez

53se limita a admitirlo, en este caso hay simultaneidad entre la una yotra.Es menester, hacer referencia al articulo 396 de CPC, que reseñaespecíficamente la promoción de pruebas, en la causa principal; y seestipula que las partes, de común acuerdo, en cualquier estado ygrado de la causa, pueden hacer evacuar cualquier clase de pruebaen que tengan interés, lo que significa que previamente a laevacuación las partes promoverán ante el juez la proposición de talespruebas y si es procedente el juez ordenara su evacuación. Asítenemos que textualmente la norma in comento dispone:“Dentro de los primeros quince días delapso probatorio deberán las partespromover todas las pruebas de que quieranvalerse, salvo disposición especial de la ley.Pueden sin embargo, las partes, de comúnacuerdo, en cualquier estado y grado de lacusa, hacer evacuar cualquier clase deprueba en que tengan interés”Ejemplo de casos en los que excepcionalmente se justifica laextemporaneidad en la presentación de algunas pruebas son la delJuramento decisorio que puede diferirse en cualquier estado y gradode la causa (art. 420 CPC), la inspección judicial, en cuyo caso eljuez tiene la facultad de ordenar su practica cuando lo considereoportuno, entre otros.Artículo 420 del Código de Procedimiento Civil:“El juramento puede diferirse en cualquierestado o grado de la causa, en toda especiede juicio civil, salvo disposicionesespeciales. Quien defiera el juramentodeberá proponer la formula de este. Estadebe ser una, breve, clara, precisa ycompresiva del hecho o los hechos, o delconocimiento de estos, de que las parteshagan depender la decisión del asunto”.

54Culminada la etapa de promoción, tal y como loreglamenta elartículo 397 del el Código de Procedimiento Civil, las partesdisponen de los tres días siguientes para expresar si convienenen alguno o algunos de los hechos que trata de probar lacontraparte, con el fin que el juez precise los hechos que estánen controversia, pues, en los que estén de acuerdo no seránobjeto de prueba.3.2.2. Evacuación de las Pruebas.Devis Echandia (1.981), sobre la evacuación o práctica de laprueba, dice que “Son los actos procesales para que losdiversos medios concretos aducidos o decretados de oficiose ejecuten en el proceso”. Sostiene además que laevacuación no es un acto simple, sino que esta integrado pordiversos actos, los cuales son algunos comunes a todos losmedios y otros específicos a cada medio en particular. Esta fasetambién tiene sus requisitos intrínsecos y extrínsecos. Sonintrínsecos la licitud de la prueba, la formalidad adecuada,posibilidad de realizar; y son extrínsecos los relativos a suadmisión, esto es, que la prueba haya sido admitida; los deoportunidad procesal, o sea, que este dentro del lapso deevacuación; competencia de la autoridad que la admite;legitimación de la parte que la realiza y de la parte queintervenga; que satisfaga los principios del debido proceso.En materia civil la oportunidad para la evacuación de laprueba esta establecida en el artículo 400 del C.P.C, que ensu encabezado norma que Admitidas las pruebas, o dadas poradmitidas comenzará a computarse los treinta días destinados a

55la evacuación. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 399eiusdem, se puede advertir que el lapso de evacuación de laspruebas se apertura aún sin providencia de admisión por partedel operador de justicia; pues el mismo reza:“Si el Juez no providenciare losescrito de pruebas en el termino quese señala en el articulo anterior,incurrirá en una multa disciplinaria dequinientos a mil quinientos bolívares,que le impondrá el Superior deacuerdo con el articulo 27; y si nohubiere oposición de las partes a laadmisión, estas tendrán derecho aque se proceda a la evacuación de laspruebas, aun sin providencia deadmisión”.Si hubiere oposición sobre la admisiónde alguna prueba, no se procederá aevacuar ésta sin la correspondienteprovidencia.3.3.- Fase Probatoria del Juicio l Laboral.La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reglamenta la fase depruebas en su Titulo VI, Capitulo I, donde están establecidos losdistintos medios de pruebas y la forma de su promoción yevacuación. Así en el artículo 73 iusdem, se establece la oportunidadpara promover, en el artículo 75 referido a la providenciación de laspruebas y lo concerniente a la evacuación en el artículo 152 al 156;como ya desglosaremos oportunamente.La actividad probatoria en el procedimiento laboral a diferencia delcivil, se desarrolla en dos audiencias fundamentales: La Preliminar yla Audiencia de Juicio, pues, el legislador buscó una mejor ordenacióndel lapso, una mayor concentración de los actos probatorios y unamayor certeza y protección del contradictorio.

563.3.1. Promoción de Pruebas.Reza el mencionado artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal delTrabajo: “La oportunidad para promover pruebas paraambas partes será en la audiencia preliminar, no pudiendopromover pruebas en otra oportunidad posterior, salvo lasexcepciones establecidas en esta ley.”Es de notar que tal disposición, no es precisa al establecer en quemomento exactamente deben las partes consignar sus pruebas, sitomamos en cuenta que la audiencia preliminar es una fase procesalque puede abarcar varias audiencias en las que se debe agotar todoslos intentos o posibilidades de conciliación de las partes y que puededurar hasta cuatro meses como lo dispone el artículo 136 eiusdem,que dice:“El Juez de sustanciación, mediación yejecución al día siguiente de transcurrido ellapso para contestar la demanda remitirá elexpediente al Tribunal de juicio, a los finesde la decisión de la causa. La audienciapreliminar en ningún caso podrá exceder decuatro (4) meses”.Necesariamente surgen dudas como: ¿Cuál es el momento precisoo la oportunidad para promover las pruebas?, ¿se deben presentar almomento de la instalación de la Audiencia preliminar?, o ¿se podránproponer pruebas en cualquiera de las extensiones?, ¿ acaso sedeben presentar todos los medios probatoriosen una mismaoportunidad o en un mismo acto?. Sobre este punto existe elpronunciamiento de varios especialistas entre los que podemosmencionar el del laboralista Fernando Villasmil (2005), quienconsidera que es inconcebible que las partes deban necesariamentepromover sus pruebas en la instalación de la Audiencia Preliminar,pues, se suscribe a la tesis de la unidad de esta audiencia, acto que

57puede tener una duración, como ya comentamos de hasta cuatromeses; aunque admite la conveniencia de presentar el escrito depromoción de pruebas el día cuando inicia la Audiencia Preliminar, porque ni el actor ni el demandado tiene certeza sobre cuanto puededurar, que si bien es cierto, puede tardar cuatro meses puedetambién comenzar y concluir en un mismo día.Pero además esgrime dos argumentos, sustentando en primerlugar, que las pruebas promovidas en el acto de comienzo de laAudiencia preliminar, pueden influir al juez de Sustanciación,Mediación y Ejecución, en el cumplimiento de su función deconciliación o mediación, pues éste no puede conciliar ni mediaradelantando el debate sobre el merito de las pruebas, pues no debeutilizar estas como un factor de negociación y menos de presiónsobre las partes, lo cual, desnaturalizaría su oficio, que debe serejercido en base a la persuasión y no a la imposición. Y en segundotermino estima que, limitar la posibilidad de promover prueba solo alinicio de la Audiencia Preliminar, restringe el derecho de proponerpruebas y constituye una flagrante violación del debido proceso y elderecho a la defensa.Vale la pena también razonar, otro criterio que este mismo autortiene de la ocasión para proponer las pruebas, cuando afirma que sila oportunidad para promover evidencias es la Audiencia Preliminarnada impide que puedan producirse pruebas antes de dichaaudiencia, pues la ley niega tal posibilidad solo cuando se pretendepromover pruebas con posterioridad al acto señalado. De esto sedesprende entonces que el accionante junto con su demandapresente documentos, inspecciones oculares extra litem, exámenesmédicos, declaración de testigos (por ejemplo de personas que sevan del país o a punto de morir) entre otras, por tratarse de unaoportunidad anterior a la audiencia Preliminar.

58Por su parte el doctor Henríquez La Roche (2003) se apega a latesis, de que las pruebas de las partes pueden ser promovidas en lasreuniones que constituyan una prorroga o prolongación de la primeraaudiencia de tramite, las cuales, pueden abarcar hasta un lapso decuatro meses; inclusive, afirma que se pueden presentar variosescritos de pruebas en el curso de la Audiencia Preliminar, pues,mientras esta no concluya no puede considerarse inoportuna ningunapromoción de pruebas. Opina que según desprende del principioFavorabilia Amplianda: que traduce que lo favorable al derecho a ladefensa que no perjudique ilegítimamente los derechos delantagonista; debe ser permitido, dado el carácter meramenteinstrumental del proceso, señalado en el articulo 257 de laConstitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.Alberto Baumeister (2004), examina la cuestión y añade que lafase de aportación de pruebas, se cumple plenamente ante el juezde Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien, incompatiblementeno puede considerar, juzgar u opinar sobre dicho material, lo quecree este autor inexplicable, ya que, tales alegaciones u ofrecimientode pruebas, se hacen aun antes de conocer propiamente lacontestación de la demanda, lo que carece de sentido, pues, no sesabrá a ciencia cierta para que aportamos determinadas pruebas,desconociendo los hechos que enervaran la pretensión deldemandante, lo que resulta perjudicial al propio accionante que en lamayoría de los casos será el trabajador, al cual, la ley se proponedarle especial trato para mantener la estricta igualdad ante lajusticia.Sobre el particular se ha querido establecer ciertasconsideraciones, y es que se apoya la proposición, por parecer lógicoque la promoción de pruebas deba hacerse en la apertura o inicio de

59la audiencia preliminar, basados en las siguientes planteamientos,primero: de esta manera se evita el ocultamiento malicioso de laspruebas por parte de los abogados que actúan con falta de ética y delealtad procesal, segundo: puede ayudar a facilitar las mediaciones yconciliaciones en ciertos casos, puesto, que de ser presentadas todaslas pruebas iniciándose la audiencia los jueces y las partes tienen elmaterial, los argumentos y las evidencias que generen respuestas osoluciones para poder resolver el conflicto rápidamente, y por ultimose piensa que el abogado promovente no esta por saber cuantotiempo durará la audiencia preliminar, porque es verdad que la leydice cuatro meses, pero puede ser menos y eso lo decide es el juez,entonces, si éste considera en la primera audiencia que lacontroversia esta confusa o muy complicada y decide de una vezenviarla a juicio, si se pensaba llevar las pruebas en otra oportunidadya no se podrá, debido a que, una sola oportunidad bastó para queel operador de justicia remitiera el expediente para la apertura de laaudiencia de juicio, lo que traería como consecuencia que precluiría eltiempo para promover pruebas.Pero se quiere ir mas allá, y referirnos al periodo de promociónen si, al acto procesal como tal, ya que, no se concibe que laspruebas sean promovidas sin que exista la contestación de lademanda, a toda luz esta situación perjudica al demandante, el cual,desconoce los hechos o alegatos que el demandado va a utilizar en sudefensa, lo que sin duda lo coloca en una condiciones de desventaja,al momento de desvirtuar hechos que desconoce, pues han sidoalegados luego de que introdujera las pruebas, sin que exista otraocasión para proponer nuevas pruebas; escenario que propicia lapresentación de pruebas inútiles, superfluas e irrelevantes, ya que enel momento de promoverlas no se sabe si serán o no objeto deldebate probatorio. Es decir, el demandante debe presumir, adivinar,cual será la posible estrategia de defensa a utilizar por la contraparte

60en la contestación de la demanda y presentar todos los elementos deconvicción tendientes a desestimar la defensa del demandado. Se nosocurre un ejemplo para tratar de ilustrar, con un caso tan común desolicitud de calificación de despido y solicitud de reenganche de untrabajador; como lo establece el artículo 73 de la L.O.P.T.En la audiencia Preliminar se presentan las pruebas y alegatosnecesarios para demostrar que el despido, ha sido injustificado , y elpatrono por su parte en la oportunidad de la contestación de lademanda, alega o utiliza como defensa que el demandante ya no erasu trabajador, pues su contrato era por tiempo determinado y yahabía expirado, situación que sin lugar a dudas coloca al accionanteen un estado evidente de indefensión , por cuanto, ya le estaprohibido presentar nuevas pruebas que le permitan demostrar eneste caso su condición de trabajador.Lo anteriormente planteado parece indicar, que el proceso laboral,tal y como esta concebido no posee un orden procesal lógico, puespensamos que la Audiencia Preliminar y por ende la oportunidad parapromover las pruebas, debe llevarse a cabo después de lacontestación de la demanda, ósea, una vez fijados y delimitados loshechos controvertidos en el proceso, con vista a los hechosexpresados en la demanda y en la contestación.Retomando el orden de los actos procesales en el juicio laboral,concluida la audiencia Preliminar, sin que se hubiere logrado lasolución del conflicto mediante los medios alternativos, que es su finultimo, dentro de los cinco días siguientes de despacho la partedemandada deberá contestar la demanda; y vencido este lapso, tal ycomo lo dispone el articulo 136 de L.O.P.T, el juez de Sustanciación,Mediación y Ejecución, remitirá el expediente al Tribunal de Juicio,quien al quinto día de despacho siguiente al recibimiento de las actas

61procesales deberá fijar el día y la hora en que tendrá lugar laAudiencia Oral de Juicio.3.3.2. Evacuación de las pruebasEn la Audiencia de Juicio se llevará a cabo la admisión y evacuaciónde las pruebas, lo cual, será ordenado por el juez de juicio dentro dellapso de cinco días hábiles tal y como lo expresa el artículo 75 de laLOPT:“Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes alrecibo del expediente, el Juez de juicio providenciarálas pruebas, admitiendo las que sea legales yprocedentes y desechando las que aparezcanmanifiestamente ilegales o impertinentes. En elmismo auto el juez ordenará que se omita todadeclaración o prueba sobre aquellos hechos en queaparezcan convenidas claramente las partes.”Al igual que en proceso civil ordinario, el auto de admisión delas pruebas determina la apertura del lapso de evacuación; faseprobatoria que se desarrolla casi en su totalidad en la audiencia oral,y siempre en presencia del juez, esto en razón del principio deinmediatez, previsto en la Ley Orgánica Procesal del trabajo, quepermite al juez una mejor apreciación de la prueba, por ser él quienla dirige, garantizando así la eficacia de esta.Más adelante, se hará un análisis detallado de cómo debenevacuarse todos y cada uno de los medios probatorios en materialaboral.3.4. Auto de Admisión de una prueba. RecursosLa Admisión es el acto procesal mediante el cual el juez se

62pronuncia sobre la legalidad, pertinencia o procedencia de laspruebas promovidas por las partes, pues, es a través de este trámiteque el órgano jurisdiccional ejerce control de la prueba distintoaunque complementario, del que ejercen las partes cuando tienen laposibilidad de supervisar e impugnar las pruebas presentadas por suadversario. Para el recibimiento de una prueba es indispensable quese cumplan los requisitos intrínsecos de utilidad del medio, depertinencia del hecho que se pretende probar, licitud del medio y laforma exigida; así como deben cumplirse los requisitos extrínsecoscomo oportunidad procesal, legitimación del proponente ycompetencia del funcionario que la debe admitir.El auto de admisión o rechazo de pruebas debe ser motivado, pues,deben expresarse los fundamentos en los que se basa para admitir opara desechar; circunstancia que tiene clara correspondencia enmateria civil y laboral. Ha sido tradicional en el procedimiento escritoadmitir las pruebas de las partes con solo una declaración; “cuanto alugar en derecho” es decir, sin que exista pronunciamiento sobre lalegalidad, utilidad o pertinencia de las mismas, lo cual es unaobligación del juez y un derecho de las partes.Se entiende que por las particularidades del nuevo proceso, en elcual, priva la celeridad, oralidad, concentración, preclusividad, einmediación, ya no será posible para el juez diferir supronunciamiento sobre la admisibilidad de determinada prueba parala oportunidad de la sentencia definitiva como viene ocurriendo en eljuicio ordinario, por que la orden que tiene de dirigir el debateprobatorio y de pronunciar la sentencia en forma oral una horadespués de concluida la evacuación de las pruebas no le permitediferir para esa oportunidad el examen sobre la legalidad opertinencia de estas.

63En el Proceso Civil la providencia sobre los escritos de prueba,tienen apelación en un solo efecto, es decir, en el efecto devolutivoya sea admisiva o negativa de alguna prueba, lo cual, se justifica porel principio de celeridad y en la tendencia acogida en el CódigoProcesal Civil de evitar el fraccionamiento y suspensión del juicio. Elcriterio de este Código, es racional y tiende a proteger elcontradictorio; es evidente que la oposición a las pruebas esmanifestación de contradictorio y da lugar a contención entre laspartes acerca de la admisibilidad de las pruebas, por lo que, sea cualsea la pronunciación del juez sobre ellas, siempre una de las partessufrirá un gravamen que justifica la apelación.En el caso laboral, una vez que el juez de juicio recibe elexpediente en un plazo de cinco días hábiles debe pronunciarsesobre las pruebas como lo indica el articulo 75 de la L.O.P.T, es decir,si las admite o no. Para este auto que admite un medio probatoriono esta regulado ningún recurso, como si sucede en el juicio civilordinario. Pero si se tratasen de pruebas que demuestran hechos nocontrovertidos, el juez no tiene por que admitirlas, en cuyo caso, seabre un lapso para la apelación que se computa dentro de los tresdías hábiles siguientes a la negativa.Este recurso de apelación será oído en un solo efecto, de modo queesta ley procesal compone una tramitación breve y lacónica delmismo; que decidirá el Tribunal superior competente previa audienciade parte, oral e inmediatamente en un lapso no mayor de cinco díascontados a partir de la realización de la audiencia; a los fines de quepara la oportunidad de la audiencia de juicio, ya este dilucidado elpunto sobre la prueba promovida y negada, de manera de establecersi procede su evacuación o no en el debate oral. A propósito delrecurso de apelación se apunta una sentencia del Juzgado Quinto

64Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del ÁreaMetropolitana de Caracas de fecha 17/03/05, que asienta:…Así en base a los argumentos expuesto,considera esta Alzada que el motivo paranegar la apelación por parte del a-quo,fundamentado en que tal recurso estalimitado a la negativa de admisión de unaprueba del merito y no en caso de laspromovidas en el curso de la incidencia detacha de documentos, provoca unaindefensión de la parte recurrente, porcuanto tal como quedo establecido, nopueden diferenciarse las pruebas delproceso, en incidentales o de merito,siendo que al ser incorporadas a los autosformaran parte de todo el materialprobatorio y gozaran del Principio deComunidad de la prueba; por lo cual sedeclara infundada la motivación parasostener la negativa del recurso deapelación. Así se decide. Asimismo, encuanto al argumento del a-quo, relativo aque no existe norma legal expresa queotorgue el recurso de apelación en cuanto atales auto de negativa de prueba, sepermite sostener esta alzada que ha sidomas que reiterada la doctrina y laJurisprudencia en sostener que paraconsiderar que una apelación resulteinadmisible, el juez a de limitarse a ubicarel caso concreto dentro del dispositivo legalque por vía de excepción, repute inapelablela decisión de que se trate, por cuantolimitar el acceso a la vía recursiva sinexistir disposición legal que lo autorice,violentaría el efectivo ejercicio del derechoa la defensa como fundamento delestablecimiento en nuestra legislación delproceso de la doble instancia, a la cual solotiene acceso el justiciable por medio de lainterposición de los medios impugnativosexpresamente establecidos. Existiendo,solo como limitantes legales, diversospresupuestos procesales para que laapelación sea admitida, tales como la reglageneral que en materia de dedicionesinterlocutorias solo se admitirá la apelación

65cuando se produzca un gravamenirreparable, y que el recurso se interpongadentro del lapso procesal que la ley tienepautado para ello. Todo esto aunado a loseñalado supra en cuanto a que en materiaprobatoria la Ley Orgánica Procesal delTrabajo no distingue entre pruebasaportadas para el merito y pruebasincidentales, sino como quedo señalado lasmismas son indivisible, solo que pueden sertraídas a los autos en oportunidadesdiferentes tal como expresamente loautoriza el articulo 73 que debe seranalizado en concordancia, con el articulo84 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.Mas aun de la simple lectura del artículo 76no se desprende la pretendidadiferenciación argumentada por el a-quo encuanto al tipo de prueba, el cual soloseñala que sobre la negativa de algunaprueba podrá apelarse dentro de los tresdías hábiles siguientes a dicha negativa, yésta deberá ser odia en un solo efecto. Asíse decide. Estima esta Alzada, en base a losargumentos expuestos, que de acuerdo anuestra normativa procesal, se encuentraplenamente ajustada a derecho la admisiónde la apelación sobre una decisión queniegue la admisión de alguna prueba quesea promovida en el curso del proceso, sindistinguir la misma en topologíasprobatorias del merito o incidentales, sololimitando su negativa, a que el recurso seainterpuesto precluído que sea el lapso parasu ejercicio.Es de resaltar que contra la negativa de admisión de una pruebano está previsto el recurso de casación, pues, en materia laboral notienen casación las sentencias interlocutorias que no ponen fin alproceso. Circunstancia expuesta por la Sala de Casación Social delTribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1051 de fecha14/09/04.

66“...el recurso extraordinario de casaciónanunciado por la representación judicial dela empresa demandada es ejercido contrauna sentencia de naturaleza interlocutoriaque no pone fin al juicio, se determina lainadmisibilidad del mismo, ya que dichofallo podrá recurrirse conjuntamente con ladefinitiva, por el efecto acumulativoconsagrado en el último aparte del citadoartículo 167 de la Ley Orgánica Procesal delTrabajo...”3.5. Oposición a las Pruebas.La oposición es una figura preventiva que procura impedir laentrada de un medio probatorio al proceso; y según Cabrera Romero(1.997) atiende a dos conceptos jurídicos: el de la impertinencia y elde la legalidad. Entendiendo la primera como la congruencia quedebe existir entre el objeto de la prueba promovida y los hechosalegados controvertidos; y la segunda como contraria a la ley, puessu propuesta viola disposiciones legales, bien en sus requisitos oformas, o en la manera como se pretende que sea evacuada por elTribunal.La normativa procesal laboral no reguló en forma alguna en queoportunidad las partes pudieran oponerse a la admisión de laspruebas propuestas, es decir, cual seria el lapso procesal para queestas pudieran ejercer su derecho constitucional de la defensa enmateria probatoria, preservando así los principios de contradicción ycontrol de la prueba. Imprevisión que no seria conveniente entender anuestro juicio, como la imposibilidad absoluta de que las partes nopudieran ejercer dicho derecho, pues de ser así se estaría violentandoel ánimo del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivarianade Venezuela, que promulga el derecho a la defensa.

67Al respeto sostiene Bello Tabares, (2004), que no obstante alsilencio de la ley sobre la oportunidad para la oposición, a los fines degarantizar el derecho de contradicción de las pruebas, es posible quelas partes pudieran perfectamente oponerse a la admisión de laspruebas propuestas desde el mismo momento en que estas sepromovieran en la audiencia Preliminar, ante el juez deSustanciación, Mediación y Ejecución, hasta antes que se produzca laadmisión de las mismas por partes del juez juicio, pues considerahábil y útil este espacio para oponerse a la admisión de las pruebas,siendo indiferente que tal recurso se presente al el juez deSustanciación, Mediación y Ejecución o al juez de juicio.Por otro lado el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en suúltimo aparte, en cambio, establece la posibilidad a los actores de lacontroversia de oponerse a la admisión de las pruebas de lacontraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentesespecificando que es dentro de los tres días siguientes al termino dellapso de promoción. La misma norma restringe la oposición a eselapso, sin que pueda abrirse un lapso incidental; y no esta previstaninguna incidencia especial para hacer oposición, como por ejemploinvocar nuevos hechos o pedir otras evidencias.3.6. Carga de la Prueba.La carga de la prueba surge como marco de la actividad probatoriade las partes, limitada, a los hechos controvertidos en juicio yalegado en su oportunidad por las partes. Resulta pues, una nociónprocesal que consagra una regla de juicio de carácter subjetivo yconcreto, que le indica a las partes en el proceso judicial que pruebasdeben aportar para demostrar los hechos afirmados o negados que sesirven de presupuesto de la norma jurídica que consagra laconsecuencia jurídica constitutiva, extintiva, impeditiva o modificativa

68que les benefician y que han solicitado en su pretensión o excepción,para evitar sufrir la consecuencia de la falta de pruebas de dichasafirmaciones o negaciones, como lo es la pérdida del proceso; eindirectamente, en forma objetiva y abstracta le indica o guía al juez,para producir su decisión en aquellos casos de ausencia oinsuficiencia de material probatorio, señalándole contra quien debefallar, evitando así producir una sentencia que absuelva la instanciapor falta de pruebas.Para adentrar en este tema se considera pertinente repasar elsignificado de carga de la prueba; así por ejemplo el Profesor EduardoJ. Couture (1981) reflexiona que la carga de la prueba es unimperativo del propio interés de cada litigante; es unacircunstancia de riesgo que consiste en que, quien no prueba loshechos que ha de probar, pierde el pleito Judicial. Devis Echandia(1981) la define como“una noción procesal que contiene una reglade juicio, por medio de la cual, se le indica aljuez como debe fallar cuando no encuentreen el proceso pruebas que le indiquencerteza sobre los hechos que debenfundamentar su decisión, e indirectamenteestablece a cual de las partes le interesa laprueba de tales hechos, para evitarse lasconsecuencias desfavorables”Por su parte, Muños Sabate (2000), al referirse a la carga de laprueba, plantea, que dosis de prueba, es la cantidad o nivel deevidencia necesaria para satisfacer la carga primaria de la prueba,que es aquella que la Ley atribuye a una de las partes.De estas definiciones se desprende lo que se considera como laregla general sobre la carga de la prueba en cuanto a que,corresponde a cada parte la carga de probar sus hechos que sirven

69de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguidopor ella, cualquiera que sea su posición procesal; criterio acogido ennuestro ordenamiento civil en materia de carga probatoria según seexpresa en el artículo 506 del CPC, y el articulo 1.354 del CódigoCivil. Artículo 506 Código de Procedimiento Civil:“Las partes tienen la carga de probar susrespectivas afirmaciones de hecho. Quienpida la ejecución de una obligación debeprobarla, y quien pretenda que ha sidoliberado de ella, debe por su parte probar elpago o el hecho extintivo de la obligación.Los hechos notorios no son objeto deprueba”.El articulo 1.354 del Código Civil, expresa: “Quien pida laejecución de una obligación debe probarla, y quien pretendaque ha sido liberada de ella debe por su parte probar el pago oel hecho que ha producido la extinción de su obligación”.Ahora bien, en el campo del derecho del trabajo, la regulación legalde la carga de la prueba, se encuentra prevista en el artículo 72 dela L.O.P.T, la cual establece:“Salvo disposición legal en contrario, lacarga de la prueba corresponde a quienafirma hechos que configuren supretensión o a quien los contradiga,alegando nuevos hechos. El empleador,cualquiera que fuese su presencia subjetivaen la relación procesal, tendrá siempre lacarga de la prueba de las causas deldespido y del pago liberatorio de lasobligaciones inherentes a la relación detrabajo. Cuando corresponda al trabajadorprobar la relación de trabajo gozara de lapresunción de su existencia, cualquiera quefuese su posición en la relación procesal”.

70Disposición esta que, es de necesaria concordancia con el artículo65 del cuerpo normativo sustantivo laboral que expone:“Se presumirá la existencia de una relaciónde trabajo entre quien preste un serviciopersonal y quién lo reciba. Se exceptuaranaquellos casos en los cuales, por razonesde orden ético o de interés social, sepresten servicios a instituciones sin finesde de lucro con propósitos distintos de losde la relación laboral”.En el derecho procesal laboral se instituye un régimen deexcepcional mal llamado de inversión de la carga de la prueba,siendo la generalidad de los casos, que en todo proceso quiendemanda debe probar sus alegaciones afirmadas, pero tal inversiónes aplicable al proceso judicial del trabajo cuando de derechoslaborales mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico laboralsustantivo se trata, porque es el patrono, entonces, quien tiene quedemostrar la liberación del pago efectuado a favor del trabajador, o sifuere el caso de un juicio de estabilidad, las causas que motivaron eldespido, en el entendido de que el accionante quiere reclamarcantidades dinerarias superiores a las mínimas establecidas por lasnormas sustantivas, derivadas de la relación de trabajo, tendrá elactor que probar tales excesos. La misma Ley deja en manos delpatrono o empleador, sea cual fuere su presencia subjetiva en larelación procesal, la carga de probar prácticamente todos lo hechosque pudieran ser controvertidos en un proceso de carácter laboral,como lo seria la causa del despido y del pago liberatorio de lasobligaciones inherentes a la relacione trabajo, así, como también laexistencia o no de relación laboral, la cual se encuentra enmarcadaen una presunción desvirtuable, que tiene como consecuencia que eltrabajador no tenga la carga de probar dicha relación.

71Se cree ver la presencia de la carga de la prueba pretendiendo queuna vez que el trabajador accione al órgano jurisdiccionalcompetente, no tendrá que probar nada, ya que, la presunción de larelación de trabajo lo cobija desde el inicio del procedimiento, peroello no es cierto, pues consagra el legislador realmente es unapresunción iuris tantum y en consecuencia admite prueba encontrario, ósea que si el trabajador accionante nada probare respectode los elementos de aquella relación laboral perderá la causainexorablemente.En este mismo orden de ideas, afirma el doctor Henríquez LaRoche (2003) que a pesar de que el comentado articulo 65 de la LeyOrgánica Procesal del trabajo, previene una presunción iuris tantum,de la existencia de la relación de trabajo, es necesario que eldemandante o accionante, acredite en auto los dos presupuestosnormativos en los cuales se apoya la presunción; esto es, laprestación del servicio personal por su parte y la determinación delbeneficiario o receptor de ese servicio, es decir, que debe probar losdos supuestos de hecho de la norma. Por su parte, tocará al patronoprobar los hechos que contradicen los supuestos fundantes de lapresunción, como por ejemplo alegando el carácter no personal delservicio.En este sentido la doctrina de la sala de Casación Social haseñalado en sentencia de fecha 21/06/2000:"Toda vez que habiendo sido aceptado porla demandada la existencia de unaprestación de servicio personal entre ella yel demandante, pero calificándola de"relación mercantil", operó la presuncióndel contrato de trabajo, produciéndose enconsecuencia, la inversión de la prueba afavor del accionante, es decir, corresponde

72a la empresa probar la no existencia de loselementos del contrato. "Criterio reiterado más recientemente, en una sentencia que refuerzalo expuesto y explica muy claramente, lo que algunos autores hanllamado la inversión de la carga de la prueba en materia laboral;decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo deJusticia de fecha 22/04/05 que esgrime:… La circunstancia como el accionado decontestación a la demanda fijara ladistribución de la carga de la prueba en elproceso labora. De manera que eldemandado tiene la carga de probar todosaquellos alegatos nuevos que le sirvan defundamento para rechazar las pretensionesdel actor, con lo cual, hay una modificaciónde la distribución de la carga de la pruebaen el proceso laboral, y por tanto, el actorestará eximido de probar sus alegacionescuando en la contestación a la demanda eldemandado admita la prestación de unservicio personal aun cuando el demandadono califique como relación laboralpresuncióniuris tantum establecida en elarticulo 65 de la ley Orgánica procesal delTrabajo. Cuando el demandado no rechacela existencia de la relación laboral, semodificara la distribución de la carga de laprueba en lo que se refiere a todos losrestantes alegatos en el libelo que tenganconexión con la relación laboral, por tanto,es el demandado quien deberá probar, portener en su poder las pruebas idóneassobre el salario que percibía el trabajador,el tiempo de servicio, vacaciones pagadas,utilidades, entre otros, que no es el casobajo examen. Igualmente, el demandadotendrá la carga de desvirtuar en la faseprobatoria, aquellos hechos sobre loscuales no hubiese realizado en lacontestación el fundamentado rechazo, delo contrario, el sentenciador deberátenerlos como admitidos. Sin embargo,

73sostiene esta sala, que no todos losalegatos y rechazos que se expongan en lacontestación deberán recibir idénticotratamiento, porque la adecuada osuficiente precisión en el rechazo o en laexposición de las razones y fundamentosde las defensas, en relación con la carga dela prueba o el riesgo de no aportarla,dependerá de la naturaleza ycircunstancias de cada asunto y resultaradel examen que de las mismas deberáhacer el tribunal, labor esta en la cual haráuso de las presunciones establecidas afavor del trabajador, pero de la que nopuede eximirse con solo indicar que porefecto de declararse la existencia de larelación de trabajo alegada, se tendrán poradmitidos todos los hechos y pedimentosplanteados con fundamento y porderivación de ella, aun cuando se loshubiere rechazado expresa y precisamentey se trate de rechazos y negativa que seagotan en si mismas, como son lasopuestas a condiciones distintas oexorbitantes de las legales. Por otra parte,en los procesos laborales para establecer laexistencia, de la relación de trabajo, ellegislador estableció un conjunto depresunciones legales. El articulo 65 de laLey Orgánica Procesal del Trabajo,contiene una presunción legal que admiteprueba en contrario, al disponer que sepresumirá la existencia de una relación detrabajo entre quien preste un serviciopersonal y quien lo reciba, salvo enaquellos casos en los cuales, por razonesde orden ético, o de interés social, seprestan servicios a instituciones sin finesde lucro con propósitos distintos de los dela relación laboral. En interpretación de lacitada norma legal, en sentencia Nº 61 de16 de Marzo de 2001, y que hoy se reitera,esta sala expreso conforme a lo previsto enel articulo 1.397 del Código Civil, que estapresunción legal, dispensa de toda pruebaa quien la tiene a su favor, lo cual permite,partiendo de las consecuencias de un hechoconocido – la prestación de un servicio

74personal – establecer un hechodesconocido – la existencia de una relaciónde trabajo – salvo prueba en contrario, esdecir, cuando el patrono logre desvirtuar laexistencia de la relación por no cumplirsealguna de las condiciones para suexistencia.3.7. Ampliación de las Facultades probatorias del Juez, en pro degarantizar la consecución del los fines fundamentales del proceso.La Ley Orgánica Procesal del trabajo ha ampliadoformidablemente los poderes o facultades que en materia civilposeen los jueces; erigiendo a un rector del proceso, más proactivo,dotándolo con la autoridad de instar, dirigir, crear, sugerir, porejemplo, medios de auto composición procesal, de sanear el juicio,procurar el advenimiento de las partes, participar activamente en larecepción y evacuación de los medios probatorios, auxiliado por elprincipio de inmediación que le permite obtener una percepción masdirecta y clara de todo cuanto atañe a la cuestión o cuestionescontrovertidas por las partes en el litigio.Estas libertades y prerrogativas conferidas al operador de justicia,muy especialmente en materia probatoria, se han ajustado alcarácter tuitivo de las normas laborales, cuyo fin último es garantizarla protección de los derechos del trabajador, consagrados en todo elarticulado de la Ley Orgánica del trabajo, en normas de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmenteen la Disposición Transitoria Cuarta, así como en el artículo 1 de laLey procesal laboral. Además de estar inspiradas fundamentalmentepor el principio protector, buscando compensar o nivelar esadesigualdad material desfavorable al trabajador con una protecciónjurídica que le favorece.

75Dicho esto, es menester estudiar las facultades probatoriasotorgadas al juez, por disposición legal expresa. Así tenemos que elartículo 71 de la Ley Orgánica del Trabajo, materializa el principioinquisitivo de la obtención de la prueba al establecer:“Cuando los medios probatorios ofrecidospor las partes sean insuficientes paraformar convicción, el juez en decisiónmotivada e inimpugnable puede ordenar laevacuación de medios probatoriosadicionales, que considere convenientes. Elauto en que se ordene esta diligenciasfijara el termino para cumplirlas y contra elno se oirá recurso alguno”.Esta disposición concuerda con la contenida en el artículo 156 de lamisma Ley, según el cual:“El juez de juicio podrá ordenar a peticiónde parte o de oficio, la evacuación decualquier otra prueba, que considerenecesaria para el mejor esclarecimiento dela verdad; también podrá dar porterminados los actos de exámenes detestigos, cuando lo considere inoficiosos oimpertinentes”.En este sentido, es muy oportuno señalar el juicio emitido porel tratadista colombiano Devis Echandía, quien expresó:“Refutado el viejo conceptoprivatista del proceso civil, caen por subase los argumentos de quienes deseanmantener maniatado al juez ante eldebate probatorio. Porque si hay uninterés público en que el resultado delproceso sea justo y legal, el Estadodebe dotar al Juez de poderes parainvestigar la verdad de los hechos que

76las partes afirman en oposición, y nadiepuede alegar un derecho a ocultar laverdad o a engañar al juez con pruebasaparentes u omisiones de otras; laimparcialidad del funcionario consisteen aplicar la ley al dictar la sentencia,sin que en su criterio pesen otrasrazones que sus conocimientosjurídicos y a las conclusiones a quellegue después del examen de loshechos y las pruebas”.Se observa, de las disposiciones transcritas, como el juez a la luzde la vigente ley adjetiva laboral, tiene otorgados numerosospoderes de participación y de intervención en el proceso. Estasfacultades son privilegio de los jueces de juicio y de los juecessuperiores, pues, son en definitiva quienes fijan los hechos en lasentencia, así tenemos que, pueden, evacuar las pruebas querazonen necesarias, ordenar experticias o inspecciones, interrogarlibremente a las partes sobre cualquier asunto dudoso para esclarecerlos hecho de la litis, repreguntar a testigos y expertos, aunque yahayan sido evacuados, ordenar la presentación de algún instrumentocuya procedencia o contenido no estén muy claros; todo esto desdeluego con las limitaciones que devienen de la conducencia,pertinencia, y legalidad de cada prueba, y en fin, hacer uso de susfacultades inquisitivas e iniciativas probatorias para obtener unacompresión mas exactas de los hechos controvertidos, paradesentrañar la verdad y juzgar con mas acierto.Ahora bien, esta expansión en los poderes de dirección yparticipación del juez, han constituido un escándalo aun para lasmodernas corrientes del derecho procesal, que a nuestro modo de verno terminan de digerir, las novedosas transformaciones quecaracterizan el vigente derecho del trabajo, siendo que ésteevoluciona, con el avance gradual de las sociedades y sus

77necesidades. Ejemplo de esto, lo constituye las reservas quemuestra el Profesor Bello Tabares (2006), sobre la posibilidad quetiene el juez de pedir y evacuar pruebas complementarias a que serefieren las normas ut supra, al sostener que no le esta permitido aljuez suplir la negligencia probatoria de las partes, o lo que es lomismo, cubrir la falta de pruebas, ya que, deben consumarse lossupuestos precisados en las normas in comento, a saber, que yaexista actividad probatoria, es decir, que conste en autos pruebas delos hechos en litigio ofrecidas por las partes, y que estas evidenciasfueren insuficientes para formar su convicción o que necesite utilizarsu potestades probatorias para el mejor esclarecimiento de la verdadde los hechos; argumentando que esto podría traer comoconsecuencia el desequilibrio procesal , donde pudiera favorecerse aalguna de las partes que no fue diligente al proponer sus mediosprobatorios, sino que también se vulneraria el principio de igualdad yde aportación de parte, por lo que este instrumento debe ser utilizadopor los jueces en forma adecuada, pues, podría desequilibrarse labalanza Judicial.Otro criterio, conservador a nuestro juicio, en relación a laslibertades que en materia de pruebas tiene el juzgador, es elplanteado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo deJusticia en sentencia Nº 1037 de fecha 07/09/04; discernimiento que,por su naturaleza misma y la naturaleza del órgano del que emanacrea un precedente que se aparta de la intención del legislador. Ladecisión expresa:“Sobre tal lineamiento, resulta precisoseñalar, que en la búsqueda de la realidadde los hechos, el Juez puede hacer uso dela facultad contenida en la normaanteriormente transcrita, en la medida enque las pruebas aportadas por las partessean insuficientes para generarle

78convicción respecto al asunto sometido adecisión, pero nunca para suplir las faltas,excepciones, defensas y/o cargasprobatorias que tienen cada una de laspartes del proceso... En este sentido, seevidencia que la diligencia desplegada porel Juez ad-quem en la búsqueda de laverdad, en el presente caso, estuvoapartada de los parámetros señalados en laLey, ello en virtud de que habiendoaportado la parte demandada como pruebaa su favor una carta de renuncia suscritapor la actora, con lo cual lógicamentepretendía demostrar que no hubo eldespido alegado, no debió entonces suplirel Juez de la alzada, las defensas de laparte accionante, por lo que en todo caso,era a la demandante a quien correspondíapromover la prueba correspondiente paraimpugnar y restar valor probatorio a lareferida carta de renuncia”.Esta sentencia, pudiese atentar contra la esencia mismadel derecho laboral, desvirtuar la intención del legislador,contravenir disposiciones que a todas luces justifican laactuación del operador de justicia, en efecto, el artículo 2de la Ley Orgánica Procesal Laboral, expresa que laactuación de juez debe estar orientada por los principiosrectores del derecho laboral donde se menciona el principiode inmediación y el principio de la primacía de la realidadde los hechos sobre las apariencias. De todo el contenidode la sentencia se desprende que el juez se trasladó de lasede del Tribunal hasta el lugar donde presta servicios elactor con la intención de interrogar in situ y personalmentea varios trabajadores de la empresa accionada, además deexaminar y escudriñar la verdades decir, que en suactuación privo la inmediatez y la primacía de la realidadde los hechos.

79El articulo 5 eiusdem, sostiene que los jueces tendrán pornorte de sus actos la verdad, la cual, están obligados ainquirirla por todos los medios a su alcance; y esprecisamente tras la verdad que el juez consideró necesariotrasladarse para interrogar e indagar como sucedieron loshechos realmente, tratando de encontrar otros elementosque en conjunto le proporcionara otra visión de los hechos.El articulo 71eiusdem, es muy claro al decir que paraformar su convicción el juez puede ordenar evacuar mediosprobatorios adicionales cuando los ofrecidos por las partessean insuficientes, razón que motivo al juez para servirsede los interrogatorios, de manera de aclarar dudas ycomplementar su ilustración, ya que las pruebas cursantesen autos, no fueron suficientes para demostrar los hechoscontrovertidos.Se considera, que no fue contrariado el principio deigualdad de las partes, puesto, que las actuacionesanalizadas en particular hoy favorecieron al trabajador,pero mañana podrían beneficiar al patrono; y quedefinitivamente el juez no suplió la carga probatoria,puesto que cada parte promovió la prueba de su pretensiónoportunamente, solo que el juez consideró necesario laevacuación adicional de una prueba complementaria para elmejor esclarecimiento de la verdad.Sobre este caso particular, la Sala Constitucional delTribunal Supremo de justicia, fijó su posición en sentenciaNº. 4585 del 13/12/05 al ratificar:La presente acción de amparo constitucionaltiene como objeto las presuntas violacionesa los derechos a la defensa, al debidoproceso y a la igualdad del accionante porparte del auto dictado el 28 de septiembre

80de 2004, por el Juzgado Primero de PrimeraInstancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsitode la Circunscripción Judicial del EstadoTáchira, mediante el cual, en el curso de unprocedimiento de simulación de venta,ordenó efectuar una experticia paradeterminar el valor de los bienes objeto delprocedimiento de simulación y nulidad delcontrato de venta. Ahora bien, la Salaadvierte que no consta en el expedienteningún elemento probatorio que permitaconstatar si, efectivamente, el JuzgadoPrimero de Primera Instancia ordenópracticar la experticia fuera del lapsoprevisto en el artículo 401 del Código deProcedimiento Civil, puesto que no existe uncómputo en autos que evidencie laoportunidad en que concluyó el lapso deevacuación de pruebas. No obstante, la Salaestima necesario señalar que el artículo 401del Código de Procedimiento Civil otorga alJuez poderes probatorios, comoconsecuencia necesaria del principio deveracidad establecido en el artículo 12eiusdem. En efecto, la doctrina ha sidopacífica en afirmar la conveniencia deotorgar al juez poderes probatorios, a fin deverificar las afirmaciones controvertidas delas partes, pues el proceso debe propender ala búsqueda de la verdad(…)En este sentido, debe afirmarse, sin lugar adudas que el juez debe buscar la verdad enel proceso y es por ello, que la actividadprobatoria no ha sido consagrada comoexclusiva de las partes, siendo obligación deljuez, en su función de administrar justicia,verificar las afirmaciones de las partes,haciendo uso, de ser necesario, de sufacultad de ordenar la evacuación dedeterminadas pruebas, facultad queexpresamente le otorgó el legislador y que,en principio no menoscaba los derechos delas partes. En este contexto, la Sala observaque en el presente caso el Juez de PrimeraInstancia dictó un auto, con base en elnumeral 5° del artículo 401 del Código deProcedimiento Civil, y ordenó efectuar una

81experticia a fin de ilustrarse mejor sobre elvalor de los bienes objeto de la venta cuyanulidad se solicitó (valor que no constaba enautos), lo cual consideró relevante paradirimir con mayor certeza el conflictosometido a su competencia.En razón de ello, la Sala estima que elJuzgado Primero de Primera Instancia en loCivil, Mercantil y del Tránsito de laCircunscripción Judicial del Estado Táchira,al dictar el aludido auto, actúo conforme a lafacultad probatoria establecida en el artículoin commento y no causó gravamen alguno,pues fue dictado en uso de las atribucionesque el legislador expresamente le confirió.En consecuencia, se desestiman lasdenuncias de violación a los derechos delaccionante, y así se declara.Es importante agregar también que, ese auto por mediodel cual, el juez ordena o propone la evacuación decualquier otro medio probatorio que considere convenienteen busca del esclarecimiento de la verdad, esinimpugnable; situación esta que crea desconcierto sobreque hacer entonces, para controlar la rectitud y legalidadde la utilización de las actividades probatoria que de oficiopuede realizar el juez; si tomamos en cuenta que, ellegislador no advirtió nada al respecto. Parece racionalpensar, que puede aplicarse por analogía lo dispuesto en elarticulo 607 del Código de Procedimiento Civil, paradenunciarle al propio juez su abuso de poder y solicitarlela revocatoria del auto, circunstancia esta que lógicamenteno seria declarada por el decidor, pues no reconocería supropia arbitrariedad, y abuso de poder; pero cuya decisión,si tendría recurso de apelación, siendo esta una soluciónpara velar por la correcta y leal actuación del juzgador.

82Continuando con las facultades probatorias atribuidas aljuez; tenemos que, le es permitido al juez valorarlibremente las pruebas, según su propia convicciónrazonada, así lo exponen los artículos 9 in fine y el artículo10 de la ley in comento, que expresan respectivamente:“Cuando hubiere duda acerca de laaplicación o la interpretación de unanorma legal o en caso de colisiónentre varias normas aplicables almismo asunto, se aplicara la másfavorable al trabajador. En caso deduda sobre la apreciación de loshechos o de las pruebas se aplicaraigualmente la que mas favorezca altrabajador. La norma adoptada seaplicara en su integridad”.Los jueces del Trabajo apreciaran las pruebas segúnlas reglas de la sana critica; en caso de duda,preferirán la valoración mas favorable al trabajador.Vale decir, que para decidir cualquier incidencia signadapor la necesidad de prueba, el juez puede librementeapreciar las pruebas producidas al efecto, o lo que es lomismo, realizar un juicio de valor y determinar que eficaciatienen esas pruebas, claro esta no de manera arbitrariasino, haciendo un análisis razonado de ellas. Al respectoqueremos comentar que en opinión de notables procesalitaslaboralistas el legislador desvirtuó la esencia del principioProtector o principio in dubio pro operario, concebido en elartículo 89, numeral 3 de nuestra carta Magna, trascrito utsupra.Argumentando que, el empleo de este principio debelimitarse a los casos de verdaderas y razonables dudas

83sobre la aplicación de dos o mas normas concurrentes osobre alguna norma susceptible de diversasinterpretaciones y no a la duda sobre la apreciación de loshechos o las pruebas por que falte la prueba de algún hechoo porque las aportadas sean insuficientes, pues ello no solodesnaturaliza el Principio Protector, sino que ademáscontraria lo dispuesto por la propia Constitución sobre elsentido y alcance del referido principio.Tesis que respetamos pero no compartimos, porque esindudable que la disciplina del Derecho del Trabajo y todassus normas tienen un fin protector que nacen de lanecesidad de imponer condiciones que nivelen lasdesigualdades, el desequilibrio, la posición preeminente delempleador frente al trabajador, propias de la relaciónlaboral y que sin duda alguna se trasladan a la relaciónjurídico procesal.Del mismo modo El operador de justicia, puede extraerlas presunciones que su prudente arbitrio le aconseje, tal ycomo lo expone el artículo 116 de la L.O.P.T, puesto que,de estos razonamientos deductivos, el juez puedeestablecer un hecho desconocido a partir de uno o varioshechos conocidos, o lo que es lo mismo demostrados enjuicio. Así el artículo referido reza:“Los indicios y presunciones son auxilios probatoriosestablecidos por la ley o asumidos por el juez paralograr la finalidad de los medios probatorios,corroborando o complementando el valor o alcance deéstos”.

84Otra libertad que delega el ordenamiento laboral aloperador de justicia es la de poder extraer conclusionesatendiendo a la conducta de las partes en el proceso,dispuesto en el artículo 122 eiusdem:“El juez puede extraer conclusiones enrelación con las partes, atendiendo ala conducta que estas asuman en elproceso, particularmente, cuando semanifieste notoriamente en la falta decooperación para lograr la finalidadde los medios probatorios o con otrasactitudes de obstrucción. Lasconclusiones del juez estarándebidamente fundamentadas”.La conducta de las partes es un invalorable elemento deconvicción para el juez, puesto que, un litigante que utilizaalegatos o defensas de carácter temerario, en desconocerdocumentos que luego de cotejados resultan auténticos, enejercer recursos improcedentes o infundados, estagritándole al juez su mal derecho y esa actuación no puedeser ignorada al momento de juzgar sobre el merito de lacausa. El comportamiento de las partes es directamenteproporcional a la calidad de su derecho, razón por la cual eljuez puede obtener importantes consecuencias de unaactuación omisiva, mendaz, u obstruccionista de cualquierade los litigantes. Advertimos pues como el legislador,abiertamente le ha atribuido a la conducta de las partesargumento de prueba, asumiendo así el criterio deimportantes autores dedicados a las pruebas, quienes sehan pronunciado al respecto exponiendo razonamientos. Asaber el maestro Devis Echandia (1988), decía:...” La doctrina contemporáneareclama la facultad del juez de tener

85en cuenta el comportamiento procesalde las partes como un indicio o unargumento de prueba, a favor o encontra, unida a la de interrogarlas,como una de las conquistas delmoderno proceso civil…”El mismo autor citando a Capelletti, atribuye al ampliogénero del comportamiento procesal de las partes, valorprobatorio como indicio; es decir, otorga a la violación deldeber de veracidad la eficacia de una prueba indiciaria;asimismo nos indica que el comportamiento de las partesdebe ser examinado con criterios psicológicos paracontemplar los diversos elementos que pueden considerarseindicios; esto es, hechos indirectamente probatorios,apreciables a la luz de una serie de reglas lógicas o deexperiencia. En sentido similar expresó el maestro MuñosSabaté (1997):“… la conducta procesal es pues unaconducta específicamente tensional,cuya morfología es todo ellasintomática semiótica. Y de allí que elproceso, como plataforma o estadiodonde tal conducta despliega, resultaun campo abandonado para eldesprendimientote ciertos indiciosque por esta razón llamamosendoprocesal…”De lo expuesto, se puede inferir que el legislador leconcede la libertad al operador de justicia traspase lasbarreras del formalismo procedimental y de lainterpretación litera de las normas, para escudriñar en loscomponentes que subyacen detrás de las meras formas ytomando en cuenta como elemento de juicio la conductaprocesal de las partes, para determinar si en realidad elproceso esta encaminado al logro de su objetivo, que no es

86otro que alcanzar la justicia.Y como si fuera poco el juez esta licenciado a propasarse de loslímites formales de la ultrapetita, es decir, de la congruencia entrepretensión y el fallo, explicado en el artículo 6 parágrafo único de laLey Orgánica Procesal del Trabajo, que dice:Parágrafo Único: El juez d juicio podráordenar el pago de conceptos, comoprestaciones o indemnizaciones, distintosde los requeridos, cuando estos hayan sidodiscutidos en el juicio y estén debidamenteprobados, o condenar al pago de sumasmayores que las demandadas, cuandoaparezca que estas son inferiores a las quecorresponden al trabajador de conformidadcon esta Ley y con lo alegado y probado enel proceso, siempre que no hayan sidopagadas.”De forma analítica, se han enunciado las más resaltantesiniciativas y libertades que en materia probatoria se ha dotadoal Juez de Trabajo, potestades que sirven como instrumentopara garantizar, a través del proceso su fin ultimo, entiéndasejusticia social y un tutela judicial efectiva.En otro orden de ideas, y en contraste con lo anteriormenteexpuesto, si bien es cierto que en el vigente Código deProcedimiento Civil las facultades del juez se ven aumentadas, no esmenos cierto, que en este proceso el principio que lo inspira es elprincipio dispositivo, a diferencia del principio inquisitivo que orientaen el procedimiento laboral. Se esta diciendo que en el proceso civilmientras el juez generalmente requiere del pedimento de las partespara poder actuar, en materia laboral no se da la misma situación,

87puesto que el juez es inquisitorio, y por ello indaga, examina,averigua, ordena la evacuación de pruebas, interroga a las partes y alos expertos en pro de la verdad verdadera; actitud que llega aextremos insostenibles en el procedimiento civil.Las prerrogativas o poderes conferidos al juzgador civil se evidencianen diferentes disposiciones del Código de Procedimiento Civil, ytienen una finalidad determinada, bien sea para aclarar los hechos,despejar dudas o ilustrar su conocimiento o criterio; no obstante, leesta prohibido intervenir en la actividad probatoria promoviendo yevacuando pruebas a su voluntad, conforme a lo dispuesto en elartículo 15 del código in comento que estatuye:“Los jueces garantizarán el derecho a ladefensa, y mantendrán a las partes en losderechos y facultades comunes a ellas, sinpreferencias ni desigualdades y en losprivativos de cada una, las mantendránrespectivamente, según lo acuerde la ley ala diversa condición que tengan en eljuicio, sin que puedan permitir nipermitirse ellos extralimitaciones deningún genero”.Las normas que facultan al juez para esa iniciativa probatoria, lolimita a solo ampliar el conocimiento o aclarar dudas sobre los hechosdiscutidos por las partes. Así tenemos los artículos 401 y 514 delC.P.C., referidos a los diligenciamiento de oficio, y al auto paramejor proveer respectivamente; que entre otras, le da libertad aljuez hacer comparecer a cualquiera de los litigantes parainterrogarlos sobre cualquier hecho importante y que le parezcadudoso, así como, ordenar la practica de una experticia o inspecciónjudicial sobre los puntos que fije el tribunal o se amplíe o aclare laque existan en autos; en fin una serie de acciones tendientes alesclarecimiento de la verdad. Textualmente estos artículos expresan:

88Articulo 401 CPC:Concluido el lapso probatorio, el juezpodrá de oficio ordenar la práctica de lassiguientes diligencias: 1º Hacercomparecer a cualquiera de los litigantespara interrogarlos libremente, sinjuramento, sobre algún hecho que aparezcadudoso u oscuro. 2º Exigir lapresentación de algún instrumento de cuyaexistencia haya algún dato en el proceso yque se juzgue necesario. 3º Lacomparecencia de algún testigo quehabiendo sido promovido por alguna de laspartes, sin embargo, no rindióoportunamente su declaración, o la decualquier otro que sin haber sidopromovido por las partes, aparezcamencionado en alguna prueba o encualquier acto procesal de las partes.4ºQue se practique inspección judicial enalgún lugar, y se forme un croquis sobre lospuntos que se determinen; o bien se tengaa la vista un proceso que exista en algúnarchivo publico y se haga certificación dealgunas actas, siempre que en el pleito deque se trate haya alguna mención de talproceso y tengan relación el uno con elotro. 5º Que se practique algunaexperticia sobre los puntos que determineel Tribunal, o se amplíe o aclare la queexistiera en autos. El auto en que seordenen estas diligencias, fijara el terminopara cumplirlas y contra él no se oirárecurso de apelación. Cumplidas lasdiligencias, se oirán las observaciones delas partes en el acto de informes.Articulo 514 del CPC:Después de presentados los informesdentro del lapso perentorio de quincedías, podrá el Tribunal, si lo juzgareprocedente, dictar auto para mejorproveer, en el cual podrá acordar: 1ºHacer comparecer a cualquiera de loslitigantes para interrogarlos sobre algún

89hecho importante del proceso queaparezca dudoso u oscuro. 2º Lapresentación de algún instrumento decuya existencia haya algún dato en elproceso, y que juzgue necesario. 3º Quese practique inspección judiciales algunalocalidad, y se forme un croquis sobre lospuntos que se determinen, o bien, que setenga a la vista aun proceso que exista enalgún archivo publico, y se pongacertificación de algunas actas, siempreque en el pleito de que se trate hayaalguna circunstancia de tal proceso ytengan relación el uno con el otro. 4ºQue se practique alguna experticia sobrelos puntos que fije el tribunal, o se amplíeo aclare la que existiere en autos. En elauto para mejor proveer, se señalaratérmino suficiente para cumplirlo. Contraeste auto no se oirá recurso alguno;cumplido que sea, las partes podrán haceral Tribunal, antes del fallo, lasobservaciones que crean pertinentesrespectos a las actuaciones practicadas.Los gastos que ocasionen estasactuaciones serán a cargo de las partes depor mitad, sin perjuicio de lo que seresuelva sobre costas.Haciendo un sencillo análisis comparativo de las normas procesalescivil y del trabajo, en cuanto a la actuación, facultades y potestadesdel juez, se observa: Donde la norma procesal civil dice “queprocurarán”, ósea tratarán de; la procesal del trabajo dice “estánobligados”, ósea deberán. Donde aquella señala “conocer”; éstaordena “inquirirla”. Donde aquella restringe “en los limites de suoficio”; ésta amplía “por todos los medios a su alcance”. Lo quedenota, que la redacción de las normas de la Ley Orgánica procesaldel trabajo, evidencia el énfasis y la amplitud de la potestad atribuidaal juez, así como la obligación imperativa que se le establece paraque cumpla con su función bajo el especifico condicionamiento depreservar, respetar y hacer respetar la irrenunciabilidad de los

90derechos y beneficios laborales y la naturaleza tutelar de las leyessociales.3.8. La Sana Crítica como criterio de valoración de los mediosprobatorios en materia laboralLa regla general de la apreciación de las pruebas en nuestro país,esta prevista en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil enlos siguientes términos: “A menos que exista una regla legalexpresa para valorar el merito de la prueba, el Juez deberáapreciarlas según las reglas de la sana critica”.Para Couture (1981), la sana critica como sistema de valoraciónde la prueba es la unión de la lógica y de la experiencia sin excesivasabstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esospreceptos que los filósofos llaman higiene mental, tendientes aasegurar el mas certero y eficaz razonamiento. Es lógica por que ensentido formal las reglas de la sana critica son una operación lógica;y es experiencia porque las máximas de experiencia a la valoraciónde la prueba, pues el juez, es un hombre que toma conocimiento delmundo que lo rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles eintelectuales.El artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, establece elsistema de la sana crítica como método de valoración de la prueba enel procedimiento laboral venezolano al disponer que “Los jueces delTrabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sanacritica; en caso de duda, preferirán la valoración másfavorable al trabajador.”Este principio es de universal aceptación y de comprobadautilidad y eficacia en la consecución de los fines de la justicia quepersigue el proceso laboral y por ello se ha considerado imperante

91mantenerlo en la ley, además de incluir también la facultad que se leda a los jueces para fundar sus decisiones en los conocimientos dehechos percibidos de la experiencia común.Al momento de dictar sentencia o para decidir cualquierincidencia signada por la necesidad de prueba, el juez debe realizarun juicio de valor de las mismas, a fin de determinar su eficacia,pertinencia y conducencia; y para ello, debe en primer lugar respetarel sistema de la prueba legal o tarifada, y darle el valor que ellegislador ya le ha conferido, por anticipado a algunos mediosprobatorios, esto por vía de excepción; y en segundo lugar quedetermine el valor de las pruebas, pero haciendo un análisis razonadode ellas, a través de las normas de la lógica, de lo que le dicta suexperiencia, el buen sentido y el entendimiento humano.Oportunamente y en base a lo expuesto, existe una sentencia de laSala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Nº.0818, defecha 26/07/05 que declara:Con el mismo fundamento de la denunciaanterior, se delata que al no serimpugnadas las documentales que rielan enel expediente, mantiene y así deben serapreciadas por el juzgador, y en cuanto alas testifícales considera el recurrente quequedaron firmes, por tanto al existir unanorma legal expresa para valorar el meritode las pruebas, las mismas deben servaloradas y apreciadas conforme a dichanorma expresa que las regula y noconforme a la sana critica.Es menester destacar que la sentencia esdictada bajo el imperio de la Ley OrgánicaProcesal del Trabajo, la cual, establece ensu articulo 10 que la regla de valoración delas pruebas es el de la sana criticaconforme al cual, los juzgadores tienen lalibertad para a preciar las pruebas deacuerdo con la lógica y las reglas deexperiencia, que sean aplicables al caso,

92siendo criterio de la Sala que la valoraciónde los medios probatorios por la sanacritica se aplican en la jurisdicción laborala todo tipo de medio probatorio, auncuando tenga asignada una tarifa legal enotras leyes, como ocurre por ejemplo con laprueba de instrumento publico y privado(1359 – 1363 del Código Civil), a los finesparticularmente de establecer si dichaprueba desvirtúa o no la presunción decarácter laboral que vincula a las partes.De la revisión efectuada a la sentenciarecurrida, se observa que ésta en eseproceso lógico de formación de convicciónsobre los hechos de la litis, podía valorarlas pruebas conforme a lo previsto ysancionado en el articulo 10 de la LeyOrgánica Procesal del Trabajo sin incurriren los vicios delatados, debiendo esta salaen tal sentido desestimar la presentedenuncia. Así se declara…..Como se observa, la sana critica como método de valoración de laspruebas se relaciona con la convicción que en forma razonada debellevar al juez a considerar ciertos hechos como probados para, conbase a ello, tomar su decisión. Por ello, la sana crítica adquiere plenosentido cuando se pone en relación con la ya mencionada necesidadde fundamentar la sentencia y la exigencia de motivación del fallo,que conduzca al juzgador a exponer el razonamiento a través de cual,llega a la conclusión fáctica. Lo importante de la motivación segúnMontero Aroca (1996), es que permita la razón de decidir y excluir laarbitrariedad del juzgador, lo que supone declarar los hechosprobados, y en tal sentido la declaración debe ser positiva, nonegativa, ni dubitativa.3.9. De la prueba preconstituida o anticipadaLa anticipación de una prueba obedece a la necesidad imperiosa depreservar una evidencia, cuando existe el temor fundado de que esaprueba pudiera perderse, o desaparecer antes del juicio; o que la

93naturaleza de la misma le impida ser evacuada o materializada en laaudiencia del debate oral. Tal es el caso de la pruebas de Inspecciónjudicial y experticia, las cuales, pudieran recaer sobre lugares,objetos o cosas que no pudieran llevarse a la sede del tribunal paraser examinadas o presenciadas por los sentidos del juzgador.Sobre este punto a nuestro criterio, significativo, La Ley Procesallaboral, no hace señalamiento alguno en cuanto a aquellas pruebasque por su naturaleza debían ser evacuadas en forma anticipada,esto es, antes de la audiencia de Juicio, por lo que razonamos que deproponerse alguna de estas pruebas, una vez designados yjuramentados los expertos y materializados los resultadosperseguidos, se procederá a su debate, contradicción o tratamientooral en la audiencia de Juicio. Será entonces, el propio juez de juicioel encargado en determinar si las circunstancias de lugar, detiempo o de modo imperantes justificaban la evacuación de estaspruebas anticipadamente.No podemos dejar de mencionar otro medio de anticipación de laprueba que consiste en el ejercicio de la acción de retardo perjudicial,prevista como procedimiento contencioso especial en el Código deProcedimiento Civil, el cual, previene el daño por retardo que puedecausar al interesado el tener que esperar hasta la etapa probatoriadel futuro juicio para obtener la prueba, cuando circunstanciasespeciales justifican su adelantamiento. Ahora bien, es del criterio delProfesor Fernando Villasmil Briceño (2005), que la jurisdicciónlaboral, por la naturaleza de su procedimiento especial y por lanaturaleza de los conflictos cuyo conocimiento le atribuye en formaexpresa la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no debe conocer lassolicitudes de evacuación anticipada de pruebas, correspondiendoesta materia al juzgado de Primera Instancia en lo Civil, quien por

94razones de Orden Publico deberá evacuar la prueba en la formaprevista en la legislación procesal del trabajo.3.10. Las pruebas en Segunda Instancia.La Ley laboral no permite la proposición de pruebas fuera de laAudiencia preliminar, es decir, que no existe otra oportunidad parapromoverlas; de lo que se deduce que en segunda Instancia laspartes no pueden aportar ninguna otra evidencia.Pero el juez Superior si puede ordenar las pruebas que considerenecesario, haciendo uso de las facultades directoras del proceso quese le han otorgado, lo cual, debe precisar expresamente en pro deldebido proceso. Para esto no existe una disposición que regule enque momento exacto debe hacerlo el juez, pero lógicamente debe seren un auto motivado previo a la audiencia, o en la prolongación deesta a los fines pertinentes sobre la evacuación de las pruebas. Asítenemos que el artículo 163 de la LOPT. Expone:Al quinto (5º) día hábil siguiente al recibodel expediente el Tribunal Superior delTrabajo Competente fijara, por autoexpreso, el día y la hora de la celebraciónde la audiencia oral, dentro de un lapso nomayor a quince (15) días hábiles contadosa partir de dicha determinación.Con relación a los expertos el tribunalordenara su comparecencia, previanotificación de los mismos.Fijada la audiencia oral de segunda instancia el juez, debe señalarde manera expresa mediante auto motivado la fecha y la hora, parala evacuación de determinadas pruebas, por ejemplo, si va a oír lastestimoniales de ciertos testigos o experto; que ya comparecieron enprimera instancia, pero que es perfectamente valido; o si va ainterrogar a alguna de las partes, casos en los cuales, deberán

95hacerse las notificaciones necesarias oportunamente. Sobre elparticular existe una sentencia del Tribunal Superior Primero delTrabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas de fecha 14/11/03 que en esencia reza:“(…) A todo evento, la promoción depruebas ante el Tribunal de alzada no tieneprevisto un procedimiento, es mas, en unainterpretación literal del articulo 73 de laLey Orgánica Procesal del Trabajo podríadecirse que esta prohibida, pero ello iríacontra el principio de búsqueda de laverdad material establecido en nuestracarta Magna, según el cual lo primordial esla justicia, dar a cada quien lo quecorresponde. De tal manera se aplica lafacultad prevista en el artículo 11 de la LeyOrgánica Procesal del Trabajo cuando noexiste una forma procesal, en cualquiercaso, con la obligación ponderada del juezde estimar, básicamente: La necesidad,objeto de la prueba, causas deadmisibilidad y conducta procesal de laspartes(…)”.En referencia a la materia civil, expresamente el Código deProcedimiento Civil especifica que hay ciertas pruebas que pueden serpromovidas en la instancia superior, tal como se videncia en elartículo 520 del ordenamiento in comento, al expresar:En segunda instancia no se admitirán otraspruebas sino la de instrumentos públicos,la de posiciones y el juramento decisorio.Los primeros podrán producirse hasta losinformes, sino fuere de los que debanacompañarse con la demanda; lasposiciones y el juramento podránevacuarse, hasta los informes siempre quese soliciten dentro de los cinco díassiguientes a la llegada de los autos alTribunal.Podrá el tribunal dictar auto para mejor

96proveer, dentro de los límites expresadosen el artículo 514.Podríamos entonces deducir, del artículo ut supra, que eljuzgado de Alzada, podrá valerse de cualquier otro medioprobatorio que considere acertado, para lograr elementos deconvicción que lo conduzcan al esclarecimiento de la verdad.3.11. Pruebas en Casación.En la nueva Ley procesal del trabajo la Sala de Casación puedeextenderse al fondo de la controversia, al establecimiento yapreciación de los hechos que hayan realizados los tribunales deinstancia; en contraposición a la practica ejercida por el sistemaimperante en el juicio civil ordinario; Criterio que ahora tiene suexcepción cuando la Ley permite que las partes puedan promover yevacuar pruebas tendientes a comprobar la existencia de unacontradicción entre el acto realizado y el acta de debate o lasentencia, pero solo como una circunstancia extraordinaria que lejosde desvirtuar confirma el principio enunciado.El articulo 173 del cuerpo normativo en mención, habilita a las partespara promover y evacuar pruebas, pero solo cuando el recurso sefunde en un defecto de procedimiento sobre la forma como se realizoalgún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o enla sentencia, de lo que podemos inferir que el debate en casación soloquedará limitado a los hechos o puntos relacionados a los viciosdenunciados conforme a lo dispuesto en el articulo 168 eiusdem.3.12. Conclusiones del análisis.Haciendo un estudio de los distintos momentos de la prueba, tales

97como: proposición o promoción, incorporación de los mediosprobatorios propuestos, oposición o contradicción de los mediosadmitidos, admisión o providenciación de las pruebas, evacuación,materialización y apreciación de las mismas; en los procesos enestudio, es incuestionable como la estructuración o modelo del juiciocivil ordinario, favorece las dilaciones procesales, la dispersión y la noconcentración de los elementos y actos del litigio, permitiendoademás, la proposición y evacuación de pruebas en cualquier estadoy grado de la causa, con lapsos, incidencias y recursos pocorazonables; y donde priva la ausencia de inmediación entre el juezlas partes, expertos y testigos; circunstancias que en primer lugarcontravienen disposiciones Constitucionales, como la de los artículos26, 27, 257; sino justifican que hoy los juicios en materia civil,sean cada vez mas lentos y con pocas posibilidades de obteneroportunamente una sentencia aunque sea contraria a nuestrasaspiraciones. Todo esto, en contraposición a los beneficios de laimplementación del sistema oral, para acelerar la aplicación de lajusticia, como es el caso del nuevo juicio laboral, en el cual, se lleva acavo el proceso por audiencias, que es el que mejor se compaginacon el principio de concentración, que tiende a reunir toda laactividad procesal y en especial la probatoria en la menor cantidadposible de actos, evitando así la dispersión de los mismos, yconfiriéndole a la causa una duración sensata, cristalizando losprincipios de brevedad y celeridad. Suprimiendo incidencias, trámitesy recursos, que sin afectar las garantías, derechos procesales y dedefensa de las partes, procurándole al proceso una duraciónrazonable.Resalta la consumación del principio de inmediatez, que sematerializa solo cuando el proceso es vivido por el juez, pues,entonces puede éste ponderar las reacciones y gestos de las partes ydeclarantes, pautas inapreciables para descubrir al mendaz o

98comprobar la veracidad de los dichos. Con vista a lo expuesto eslógico considerar que uno de los sistemas mas apropiados paramejorar el problema de la lentitud procesal, así como para procuraruna mayor inmediación que compenetre más al juez con el proceso yal mismo tiempo se garantice una tutela judicial efectiva es elestablecimiento del juicio oral en materia civil.A manera de resumen se pueden enumerara unas de las muchasventajas del Procedimiento Oral, implementado en cada vez másmaterias jurídicas. Estas son:- Relación directa entre las partes y el juez pues, éste podrá conocer,ver, escuchar y analizar a las partes y luego, aunando alconocimiento jurídico con la sana crítica y las máximas deexperiencias, dictará una sentencia pura, limpia, recta, de ojosverdaderamente vendados.- Se evitaría la acumulación de causas contenidas en múltiplesexpedientes, casi todos de gran formato, que a parte de ocuparespacio valioso y costoso en los tribunales, no llenarán las aspiraciónde todo ser, cual es la de ver satisfecha su pretensión, su sed dejusticia;- Los abogados estaríamos en la obligación de estudiar, de leer, deinvestigar, de acumular horas-biblioteca, pues se presentaríanverdaderas demandas, que harían nacer verdaderos juicios paraexcelentes sentencias.- Los jueces se verían obligados a su actualización, al estudio, a larevisión constante de la doctrina y la jurisprudencia tanto nacionalcomo extranjera.- Ante tanta obligación el estado no se quedaría rezagado, y alponerse a la par de su sistema judicial, tendríamos el país por todosdeseados.

99Capitulo IVLos medios de Prueba en el nuevo Proceso Laboral, encontraste con los establecidos en la ley adjetiva civil.No es propósito de este capitulo, un estudio exhaustivo detodos los medios probatorios reconocidos en la Ley Orgánica ProcesalLaboral, en cuanto a su naturaleza jurídica, concepto, eficaciaprobatoria, requisitos de validez etc., si no más, bien hacer unamodesta exposición de la utilidad de cada uno de ellos en el procesolaboral destacando condiciones de forma y tiempo de los distintosactos procesales ; y por supuesto estableciendo comparaciones conel tratamiento que se les da en el juicio civil ordinario, a fin deresaltar sus similitudes, diferencias, incongruencias; además dedescubrir las innovaciones introducidas por el cuerpo normativoadjetivo en materia Laboral.Sin embargo resulta obligatorio repasar de manera general elconcepto de prueba o medio probatorio, asentado por estudiosos dela materia; así tenemos que para Carnelutti (1982), la prueba esconsiderada como aquella que no solo sirve para el conocimiento delhecho, sino también como la certeza o convicción que aquelproporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible delhecho que habrá de valorarse. Cabanellas (1979), define pruebacomo:“Demostración de la verdad de unaafirmación, de la existencia de una cosa ode la realidad de un hecho. Persuasión oconvencimiento que se origina en otro, yespecialmente el juez o en quien hayasobre lo dudoso o discutido “.Por su parte Kielmanovich (1996), expresa que la prueba judicial ensentido estricto:

100“Es un procedimiento para la fijación delos hechos de interés para la litis noadmitidos expresa o tácitamente a partir delas concretas fuentes –personas o cosas -que el ordenamiento jurídico determina oautoriza en la especie, con la abstracciónde que el mismo hubiese alcanzado o nopara formar la convicción del juez acercade su probable existencia o inexistencia,según las reglas de la sana critica o libreconvicción o las reglas de prueba legal,tasada o tarifada”.Chiovenda (1984), expresa que la prueba consiste en crearel convencimiento del juez sobre la existencia o inexistenciade los hechos en el proceso, lo que implica suministrarle losmedios para tal fin.La propia Ley adjetiva del trabajo, en su artículo 69 se refiere alas pruebas expresando: Los medios Probatorios tienen porfinalidad acreditar los hechos expuestos por las partes,producir certeza en el juez respecto de los puntoscontrovertidos y fundamentar sus decisiones. Y tambiéncontempla el Principio de la libertad de la prueba o libertadProbatoria, conforme al cual, las partes no tienen límites al uso de losmedios probatorios con los cuales aspiran demostrar en el procesosus afirmaciones de hecho; establecido en artículo 70 del cuerponormativo mencionado que textualmente expresa:“Son medios de prueba admisibles en juicioaquellos que determina la presente Ley, elcódigo de Procedimiento Civil el Códigocivil y otras leyes de la republica; quedanexcluidas las pruebas de posicionesJuradas y de juramento decisorio.Las partes pueden también valerse decualquier otro medio de prueba noprohibido expresamente por la ley y queconsideren conducente a la demostraciónde sus pretensiones. Estos medios se

101promoverán y evacuaran en la formapreceptuada en la presente ley, y en lo noprevisto en esta, se aplicaran, por analogía,las disposiciones relativas a los medios depruebas semejantes, contemplados en elCódigo Procedimiento Civil el Código civil oen su defecto, en la forma que señale eljuez de Trabajo”.En la norma, también podemos advertir como de maneraprecisa se exceptúan las pruebas de posiciones juradas o confesiónprovocada y de juramento decisorio. La primera por que se haconsiderado más conveniente redimensionar la función de laconfesión, como medio de prueba, para limitar su uso por las partes ysu finalidad probatoria, pues ahora se transforma en un mecanismoprocesal de uso potestativo para el juez, al que el legisladordenomino prueba de declaración de parte. Y la segunda, estimada enla doctrina como un “fósil jurídico”, calificativo que redundamos enutilizar, por reunir la opinión de reconocidos doctos, que esta casi endesuso, razón por la cual, se consideró absolutamente prescindible.4.1. Prueba de declaración de Parte.Es una de las innovaciones que trae la nueva Ley OrgánicaProcesal Laboral, lo que significa que el operador de justicia podrárealizar a las partes preguntas sobre la prestación de servicios, y delas respuestas que den estos podrán extraerse confesiones.Bello Tabares (2006), define esta prueba diciendo que es uninterrogatorio informal sui generis, que solo puede realizar eloperador de justicia, especialmente el juez de juicio, en la audienciade juicio, a las partes quienes se entienden juramentadas por la ley,para responder sobre las preguntas que les haga aquel, sobre laprestación de servicios, con la finalidad, de obtener la confesiónjudicial sobre hechos propios, personales o de los cuales tenga

102conocimiento al respecto, vale decir, sobre la prestación de servicios,que le sean perjudiciales o le beneficien a su contendor judicial,hechos que deben ser controvertidos, pertinentes y relevantes para lasolución de la contienda judicial, todo lo cual será apreciado mediantela sana critica del juzgador. En opinión del doctor Henríquez LaRoche (2003), es éste interrogatorio libre, bien diverso delinterrogatorio formal, por lo que la contra se declartio que caracterizaa la prueba de confesión no debiera tener la eficacia legal de ésta,limitándose a ser una prueba libremente valorable por el juez.Es pertinente resaltar que la declaración de parte, se encuentralimitada a la prestación de servicio, es decir, queindependientemente de las preguntas que formule el juez, solo tienenvalor como confesión las respuestas relacionadas con la prestacióndel servicio, esto es, con las modalidades, características ycondiciones de la prestación del trabajo, por lo cual el interrogatoriopuede extenderse a la ubicación temporal de la relación de trabajo, lanaturaleza de los servicios prestados, la modalidad de la contratación,la remuneración, la jornada de trabajo, y las circunstancias de laterminación de la relación laboral. Este medio probatorio estaprevisto en el artículo 103 del cuerpo normativo adjetivo laboral de lasiguiente manera:En la audiencia de juicios las partes,trabajador y empleador, se consideraránjuramentadas para contestar al juez dejuicio las preguntas que éste formule y lasrespuestas de aquellos se tendrán comouna confesión sobre los asuntos que seles interrogue en relación con laprestación de servicio, en el entendidoque responden directamente al juez dejuicio y la falsedad de las declaraciones seconsidera como irrespeto a laadministración de justicia, pudiendoaplicarse las sanciones correspondientes.

103De la norma transcrita y aunando a lo anteriormente dicho, sedesprende que, no es necesaria la formalidad del juramento, puestoque las partes se consideran juramentadas. El interrogatoriosolamente lo puede formular el juez de juicio, pues deja de ser unmedio de prueba empleado por las partes para transformares en unmecanismo procesal de uso potestativo de éste y la evasiva onegativa a contestar produce el efecto de confesión en contra delinterrogado, teniéndose como ciertos los hechos a que se contrae laspreguntas formuladas, de acuerdo con el articulo 106 ejusdem, estoen concordancia con el articulo 1.401 del Código Civil, que propugnaque la confesión hecha por la parte o su apoderado dentro de loslimites del mandato ante el juez, aunque éste sea incompetente, hacecontra ella plena prueba; lo cual significa, que una declaraciónexpresa contenida en la demanda, en la contestación o en cualquieracto del proceso que confirme los hechos invocados por la partecontraria, tiene pleno valor probatorio. Asimismo, la falsedad de lasdeclaraciones se consideraran como irrespeto a la administración dejusticia y acarrea para la parte que en ella incurra la responsabilidaddisciplinaria que sanciona el mismo juez de conformidad con elarticulo 48 de la LOPT, lo cual no excluye, la responsabilidad penalpor el delito de perjurio, previsto en el articulo 250 del Código Penal.Siguiendo con el libre interrogatorio de partes o declaración departes, encontramos que conforme a lo previsto en el articulo 104ejusdem, quedan excluidas del interrogatorio aquellas preguntas quetengan por objeto obtener una confesión para luego aplicar lassanciones previstas en la ley Orgánica de Prevención, Condiciones yMedio ambiente del Trabajo, como podrían ser por ejemplo, aquellaspreguntas que tuvieran como objeto obtener una declaración delcumplimiento de las normas Covenin; la existencia de un comité dehigiene y seguridad industrial, la dotación de implementos de

104seguridad, las debidas advertencias acerca de los riesgos del trabajoque desempeña, entre otras circunstancias.Este medio de prueba, se evacuara de forma oral, debe quedargrabado o video grabado; o en su defecto se debe resumir en un actalas preguntas y respuestas, para sus posibles futuras evaluaciones,en el entendido que en caso de falsedad de las respuestas, la mismase calificara en la sentencia correspondiente.Lo expuesto, constituye en esencia la regulación del nuevomedio probatorio provocado del marco de la Ley Orgánica Procesaldel Trabajo, de lo cual, han surgido diversas criticas y protestas dediferentes autores que cuestionan su naturaleza jurídica como mediode prueba; la eficacia y sustento legal de la misma entre otras. Alrespecto hemos querido ponderar las observaciones que BelloTabares (2006), advierte sobre la declaración de parte; y es que ensu opinión el legislador hubiese previsto un interrogatorio libre entrelas partes y del juez hacia las partes, pero sin juramento ni limitaciónninguna, a los fines que de las respuestas de las partes, el juzgadorpudiera extraer elementos de convicción o pruebas sin limitaciónalguna, es decir, que la confesión extraída de las repuestas de laspartes pudiera recaer sobre cualquier clase de hechos y no solo a loreferido a la “prestación de servicios”, desaprovechando así, La nuevaLey la oportunidad para abrir el campo hacia un cuestionario masflexible, libre de las partes, donde se limito la obtención de laconfesión absurdamente a un punto en particular.Igualmente, propone el probacionista en mención,redimensionar esta prueba con asesoramiento de procesalistas ydoctores en la materia, donde se deje la posibilidad que las partespuedan mutua o recíprocamente solicitarse la prueba,permitiéndosele al juzgador formular también oficiosamente laspreguntas que considere, siempre sobre hechos propio o personales

105de las partes, o de las cuales tenga conocimiento, para extraer de lasrespuestas en la medida que sea contrarias a sus interesesconfesiones voluntarias; eliminando el juramento como medida depresión psicológica, que según su óptica, afecta la verdad de ladeclaración y eliminando la cortapisa de la “ prestación de servicio”para que las preguntas puedan recaer sobre cualquier clase de hecho.4.2.- Prueba de Inspección Judicial.La prueba de inspección Judicial esta prevista en el artículo 111 de laLey Orgánica Procesal del trabajo que expresa:El juez de juicio, a petición de cualquiera de las partes o deoficio, acordará la inspección judicial de cosas, lugares odocumentos a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechosque interesen para la decisión de la causa.Para Devis Echandia ( 1.981):“La inspección judicial o reconocimientojudicial, es una diligencia procesalpracticada por el funcionario judicial, conel objeto de obtener argumentos deprueba para la formación de suconvicción, mediante el examen yobservación con sus propios sentidos, dehechos ocurridos durante la diligencia oantes pero que subsisten, o de rastros ohuellas de hechos pasados, y en ocasionesde su reconstrucción”.Kielmanovich,(1996), por su parte al referirse a la pruebareconocimiento judicial, manifiesta que se trata de una prueba directapor antonomasia, en virtud de la cual, a través de la percepcióncomún del juez, éste recoge las observaciones directamente por suspropios sentidos, sobre las cosas y personas que son objeto de la litiso que tienen relación con ella, sin medios de representación queintervengan para su recreación, sea a través de los relatos como deprocedimientos técnicos. Del mismo modo, al definir este mediode

106probatorio, el profesor Rivera Morales (2004) expresa que es elreconocimiento que la autoridad judicial hace de las personas, de loslugares, de las cosas o documentos a que se refiere la controversiapara imponerse de circunstancias que no podrían acreditarse mejor ofácilmente de otra manera.Constituye pues, en concordancias con los conceptosexpuestos, la percepción misma del hecho a probar directamente porel juez, mediante sus propios sentidos. En ella pueden intervenirtodos los sentidos: vista, olfato, oído, tacto e incluso el gusto. Lainspección judicial radica su importancia en esa apreciación sensorialpersonal que hace el juez sobre los hechos.La legislación venezolana no la define propiamente, ni en elCódigo Civil ni en el Código de Procedimiento Civil, solo se limita aenunciar su objeto. Al respecto el Código Civil en su artículo 1.428establece:El reconocimiento o inspección ocularpuede promoverse como prueba en juicio,para hacer constar las circunstancia o elestado de los lugares o de las cosas queno se pueda o no sea fácil de acreditar deotra manera, sin extenderse aapreciaciones que necesitenconocimientos periciales.Mientras que el Código de Procedimiento Civil, se denominainspección judicial en su artículo 472:“El juez a pedimento de a pedimento decualquiera de las partes o cuando lo juzgueoportuno, acordara la inspección judicial depersona, cosa, lugares, o documentos, aobjeto de verificar o esclarecer aquelloshechos que interesen para la decisión de lacausa o el contenido de documentos. Lainspección ocular prevista en el Código Civil

107se promoveré y evacuara conforme a lasdisposiciones de este capitulo”.De las normas trascritas, podemos esgrimir las siguientesobservaciones: En materia Laboral esta prueba debe ser promovida opropuesta en la audiencia preliminar ante el juez de Sustanciación,Mediación y ejecución, correspondiéndole su evacuación al Juez dejuicio. Con respecto a la oportunidad de evacuación de la inspecciónJudicial se presenta una disyuntiva, a nuestro parecer valida, porque, si bien es propuesta en los lapsos prescritos para ello, lamayoría de las veces y por la misma naturaleza de este medioprobatorio el juez de juicio tendrá que trasladarse fuera de la sededel Tribunal, a los fines de dejar constancia de los hechos sobre loscuales versa la prueba, debido a la imposibilidad de materializar laevacuación en la propia sala del Tribunal, situación que impide quetal actividad se realice al momento de la audiencia de juicio y que porotro lado podría traer como consecuencia la fragmentación delprincipio de concentración.El hecho cierto es que la nueva Ley adjetiva silencia laposibilidad de evacuar antes de la audiencia de juicio la prueba deinspección judicial y contrariamente expresa que las pruebasincluyendo ésta, debe llevarse a cabo en la audiencia de juicio loque, podría traducir la suspensión o aplazamiento de la audiencia encontravención al principio de concentración de los actos procesalesque rige en los juicios laborales.Frente a este aprieto, suponemos que una posible salida seriaque el juez de juicio en la oportunidad de admitir las pruebas, dentrode los cinco días de despacho que siguen al recibo del expediente delJuzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, por vía deexcepción y por auto motivado ordene la prueba de inspecciónjudicial fijando el día y la hora, si esta debiera practicarse fuera de lasala del Tribunal, para que se materialice de forma anticipada antes

108de la audiencia de juicio, de manera de poder discutir o controvertirsus resultados en la propia audiencia de juicio de forma oral ypublica.Continuando con el análisis, de las disposiciones transcritas utsupra, notamos que la norma adjetiva laboral establece que lainspección judicial recaerá sobre cosas, lugares o documentossuprimiéndose la posibilidad de practicarla sobre personas, como si loregula la regla procesal en materia civil; situación que aclara , por lomenos en lo que respecta a las partes, por cuanto el articulo 110 dela LOPT, autoriza al juez para deducir de la negativa de alguna de laspartes a colaborar para la realización de una inspección la veracidadde los hechos invocados por el promovente.En otro orden de ideas, tenemos que según lo dispuesto por elartículo 112 ejusdem, la parte promovente de la prueba no concurrea la evacuación de la misma se tendrá ésta por desistida, situaciónque garantiza la unidad y concentración de la audiencia de juicio,pues, se elimina la posibilidad de diferimientos sucesivos. Es delcriterio del profesor Bello Tabares(2004) que esta penalización por asíllamarla, colide con el derecho constitucional de proposición yevacuación o materialización de pruebas previsto en el articulo 49 dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues,sostiene que mal puede resistirse incluso por orden legal a evacuaruna prueba que ha sido legalmente propuesta y admitida por eltribunal, ya que , su materialización no depende del impulso de parte,por lo que afirma existe un exceso por parte del legislador.Del mismo parecer es el doctor Henríquez La Roche (2003),quien sostiene que concebido el proceso como una situación jurídicaen la cual, existen solo expectativas, posibilidades y cargasprocesales, y no deberes ni derechos intra-procesales, es decir, cosasdistinta a las garantías del debido proceso, es claro que para las

109partes no es un deber jurídico asistir al acto. La inasistencia delpromoverte no puede considerarse forzosamente como undesistimiento de la prueba, ya que el cometido de la instrucción de lacausa es postular en ella la verdad, ya que el articulo 5 de la LOPT,establece como un paradigma que los jueces en el desempeño de susfunciones tendrán por norte de sus actos la verdad y están obligadosa inquirirla por todos los medios a su alcance. De manera que si eljuez puede de oficio ordenar la a realización de laguna prueba queconsidere necesaria, también podrá evacuar una prueba solicitadaaun cuando el solicitante no acuda al acto de diligenciamiento de lamisma.Se coincide completamente con las posiciones expuestasreferente a la incomparecencia de las partes y es de agregar, queson éstas, ya sea el accionante o el demandado, quien con suinasistencia a la evacuación de la inspección judicial, pierde o dejade ejercer el derecho de control que le esta permitido sobre la de laprueba, así como a realizar todas las intervenciones y observacionesque considere pertinente, las cuales se asentaran en el actorespectivo, tal como lo prevé el articulo 113 del cuerpo adjetivo.Una de las particularidades importantes destacar sobre laregulación de este medio probatorio, es que le esta permitido al juezcomisionar un tribunal de la jurisdicción para que practique lainspección judicial en caso de no poder asistir personalmente a suevacuación, esto según el parágrafo único del artículo 112 de laLOPT, que textualmente dice:“Parágrafo Único: En caso de no poder asistir, el juez podrácomisionar a un tribunal de la jurisdicción para que practiquela inspección judicial, a la que haya lugar”.Esta regla constituye una excepción al principio de inmediaciónjudicialque orienta el proceso laboral; y al mismo tiempo

110contraviene la disposición legal del artículo 6 ejusdem, que expresaque los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciarel debate y evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen suconvencimiento. Pero el ejercicio de la facultad de comisionar, tienecomo presupuesto la real imposibilidad para el juez de juicio depracticar personalmente esta importante actuación, bien por ubicarseel lugar de los hechos fuera de su jurisdicción territorial o bien porencontrarse en un sitio muy distante de la sede del tribunal. Encontraposición a esta posibilidad de dar comisión, en materia civil elartículo 234 del Código de Procedimiento Civil, es tajante al prohibirel ejercicio de esta facultad, cuando se trate de inspeccionesjudiciales, posiciones juradas, interrogatorios de menores y casos deinterdicción e inhabilitación.Por otro lado, dentro del desarrollo de la prueba de inspecciónjudicial, se permite la concurrencia de prácticos, quienes tendrán porobjeto coadyuvar las funciones del juzgador, dándole los informesque este creyere necesarios para la mejor practica de la diligencia,cuyos honorarios corresponderán a la parte proponente de la prueba,y en caso de que ésta fuera acordada de oficio, los honorarios seráncancelados entre las partes, todo esto a tenor de lo previsto en elarticulo 115 de la Ley Orgánica del Trabajo.4.3.- La Prueba de experticia.Rivera Morales (2006) la define como:El medio de prueba que consiste en laaportación de ciertos elementos técnicos,científicos o artísticos que la personaversada en la materia, por tenerconocimientos especiales acerca de ella,hace para que sean apreciadas por el juez.La experticia se realiza se efectúa sobrehechos que no pueden ser apreciadospersonalmente por el juez a través de la

111inspección judicial y solo pueden serdeterminados mediante instrumentostécnicos y aplicación de conocimientosespeciales.El cuerpo normativo procesal laboral, regula como una de laspruebas que pueden utilizarse para la demostración de los hechoscontrovertidos, la experticia, la cual como todos los medios depruebas, deberá proponerse en la audiencia preliminar para que suevacuación se realice en la audiencia de juicio, salvo el caso que porsu naturaleza no pueda realizarse en esa oportunidad, caso en elcual, como expusiéramos anteriormente, deberá ordenarse suevacuación en forma anticipada para que obtenidas sus resultas, lasmismas sean debatidas, contradichas y discutidas en la audiencia dejuicio.Esta prueba esta regulada en el artículo 93 de la LOPT, quetextualmente expresa:La experticia solo se efectuará sobre puntos de hecho, bien deoficio por el Tribunal o a petición de parte, indicándose conclaridad y presición los puntos sobre los cuales debeefectuarse.Lo que significa que en la proposición de esta prueba, elpromovente debe indicar con claridad y presicion los hechos sobre loscuales recaerá la actividad especial de los expertos, expresar sobreque versará su dictamen o exposición, es decir, debe precisar elobjeto de la experticia con especificación, pues, de ello dependerá laeficacia de esta prueba y su posterior valoración.Por disposición del articulo 94 ejusdem, los expertos sonnombrados exclusivamente por el tribunal, a diferencia de lo quesucede en el juicio civil, en donde el nombramiento de los expertoscorresponde a las partes, como lo dispone el articulo 454 del Códigode Procedimiento Civil, de manera que cada parte nombra un experto

112y el tercero lo designan de común acuerdo y a falta de acuerdo lodesigna el juez. Los honorarios correrán por cuenta de la partesolicitante, salvo que, demuestre que no dispone de medioseconómicos para sufragar los gastos de la experticia, en cuyo caso, eljuez puede ordenar que sea practicada por peritos que tengan lacondición de funcionarios públicos, para quienes esta responsabilidadserá de obligatorio cumplimiento.Una novedad en esta materia, es la posibilidad que tiene el juezde hacer el nombramiento de expertos corporativos o institucionales,esto es, de corporaciones o instituciones de carácter científico otécnico de reconocido prestigio aun cuando no sea entidades dederecho publico. Estos expertos sea cual fuere su condición estánobligados a cumplir bien y fielmente la misión encomendada, ya que,el incumplimiento de sus deberes puede ser sancionado por eltribunal con la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones porante los tribunales del trabajo, por un periodo no menor de un (1)año ni mayor de cinco (5) años, según la gravedad de la falta. De lamisma forma están obligados a comparecer personalmente a laaudiencia de juicio, en la oportunidad que fije el tribunal paracontestar las preguntas o aclaratorias que formulen el juez o laspartes en relación con el informe y las conclusiones presentadas de laexperticia.En cuanto a la valoración de este medio probatorio, el artículo92 de la LOPT, dispone una importante regla de orientación alpropugnar que los jueces no están obligados a seguir el dictamen delos expertos, si su convicción se opone a ello, en cuyo caso deberánrazonar los motivos de su convicción. Modelo, reproducido delarticulo 1.427 del Código Civil, que pretende evitar que el rigor de laciencia que maneja el experto influya fatídicamente en la concienciadel juzgador; y por lo cual, la Ley lo autoriza a desechar el dictamendel experto o expertos, siempre que su convencimiento sea contrario

113a las conclusiones de la experticia; supuesto en el que esta obligado arazonar los motivos de su determinación.4.4. Prueba de Testigos.Esta prueba es una de las más utilizadas para la reconstrucciónde los hechos, bien para comprobar la existencia o el modo, tiempo ylugar del hecho; también acerca de las circunstancias que rodearonsu realización; o simplemente, contradecir la existencia del hecho.Los testigos deben ser extraños a las partes que constituyen el litigio,en el sentido que no deben tener interés en las resultas del mismo,bien a favor o en contra.Luís Palacios (1992), define la prueba de testigos, comoaquella que es suministrada mediante las declaracionesemitidas por personas física, distintas de las partes y delórgano judicial, a cerca de sus percepciones o realizaciones dehechos pasados o de lo que han oído sobre estos. Parra Quijano(2001), la concibe como un medio de prueba, que consiste en elrelato de un tercero al juez, sobre el conocimiento que tengade hechos en general. El citado profesor agrega que no esnecesario que el testigo sea extraño a los hechos sobre los cualesdeclara, es admisible que el testigo pueda declarar sobre hechos queha realizado personalmente.La Ley Orgánica Procesal del Trabajo es muy parca en cuanto ala regulación de la prueba de testigos, pues se limita a señalaralgunas reglas sobre inhabilidad y falsedad de los testigos, por lo queconforme al articulo 11 de la misma ley, deberán aplicarsesupletoriamente las disposiciones contenidas en el Código deProcedimiento Civil en esta materia.Este medio probatorio deberá proponerse en la audienciapreliminar, y será en la audiencia de juicio cuando se evacuen las

114declaraciones de los testigos, teniendo cada parte la carga depresentar a los testigos que hayan promovido en la audienciaspreliminar, los cuales deberán comparecer sin necesidad denotificación alguna, a fin que procedan a declarar oralmente y previajuramentación, sobre los hechos debatidos en el proceso, pudiendoser preguntados tanto como por la contraparte como por el operadorde justicia. Al momento de proponerse la prueba la parte deberáindicar cual es el objeto de la misma, es decir, sobre que hechosdepondrá el testigo, esto para efectos de controlar la legalidad,pertinencia, relevancia, idoneidad, conducencia y la utilidad del mediopropuesto, so pena de inadmisibilidad u oposición a ésta.El artículo 98 de la LOPT, copiando la disposición 477 delCódigo de Procedimiento Civil, regula el régimen de inhabilidad detestigos en el juicio laboral al establecer:“No podrán ser testigos en el juicio laboral los menores dedoce (12) años; quienes se hallen en interdicción por causa dedemencia y quienes hagan profesión de testificar en juicio.”Precisa el doctor Fernando Villasmil (2005), que el hecho deque la norma trascrita, no incluya otras causa de inhabilidad deltestigo, previstas de manera mas amplia en el Código deProcedimiento Civil, no significa que sean siempre hábiles paradeclarar, es decir, que son perfectamente aplicables al procesolaboral todas las inhabilidades para el testimonio previstas en materiaCivil, pues, todas tienen un fundamento ético y jurídicoincontrastable.En cuanto al testimonio, advierte el artículo 99 de la LeyOrgánica Procesal del trabajo, que el testigo que declare falsamentebajo juramento será sancionado penalmente conforme a loestablecido en el Código Penal, puesto, que se incurriría en el delito

115de perjurio tipificado en el artículo 243 del ordenamientomencionado, el cual expresa:El que deponiendo como testigo ante laautoridad judicial, afirme lo falso o nieguelo cierto o calle total o parcialmente lo quesepa, con relación a los hechos sobre loscuales es interrogado, será castigado conprisión de quince días a quince meses (…).Igual tratamiento recibirá la falsedad del testimonio del expertoo intérprete, quienes además de la pena privativa de libertad seráninhabilitados en el ejercicio de la profesión o arte por un tiempo igualal de la condena después de cumplida ésta.Ahora bien, para la apreciación de este medio probatorio enparticular el juez, puede apartarse, de la sana critica como medio devaloración de las pruebas que le impone la nueva regulación laboral,en ese proceso intelectual de formación de su convicción sobre loshechos de la controversia especialmente cuando se trate de laaplicación del principio de la primacía de la realidad; siempre ycuando, el juez de manera clara y precisa motive su criterio almomento de desestimar determinado testigo.4.4.1. Tacha de testigosEl artículo 100 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al establecerla oportunidad para tachar un testigo dispone:La persona del testigo solo podrá tacharseen la audiencia de juicio. Aunque el testigosea tachado antes de la declaración, no poreso dejara de tomársele ésta, si la parteinsistiere en ello. La sola presencia de laparte promovente en el acto de declaraciónde testigo se tendrá como insistencia.Lógicamente el testigo solo puede ser tachado por algunas delas causa de inhabilidad que hemos mencionado precedentemente,

116puesto que con la tacha se ataca la idoneidad de la persona deltestigo en razón de sus relaciones de parentesco, afecto, desafecto ointerés que lo vinculan con la parte promovente o con la contraparte.La calidad o idoneidad del testimonio se controla mediante lasrepregunta que la parte no solicitante y el juez formulen al testigopara aclarar, rectificar o invalidar sus declaraciones. Esto requiereque el juez de juicio sea muy estricto en requerir del tachante laespecificación del causal de la tacha que promueve, para evitar asílas tachas inmotivadas, planteadas con el único propósito de intimidaral testigo.Propuesta la tacha, el tachante tiene la carga de probar lacausal o motivo en que la fundamenta; y para ello dispone de dos(2) días hábiles para promover y tres (3) días hábiles paraevacuarlas, mismo lapso de pruebas previsto para la tachadocumental. La decisión sobre la tacha de testigos, se remite a lasentencia definitiva.4.5. Las Reproducciones, Copias, y Experimentos.El legislador laboral incorpora también, nuevas alternativasprobatorias para las parte y para auxilio del juez, y sin escatimartranscribió las disposiciones contenidas en el Código de ProcedimientoCivil que regulan estas pruebas, en el Titulo VI, Capitulo X, artículos107,108,109,110 de la Ley Procesal Laboral.Así tenemos que el artículo 107 ejusdem, autoriza al juez aordenar de oficio o a petición de parte, que se ejecuten planos, calcosy copias aun fotográficas de objetos, documentos o lugaresrelacionados con el proceso y en caso necesario, su reproduccióncinematográfica o por otro procedimiento mecánico.Henríquez La Roche (2003), expresa que estos son actos deilustración, antes que de documentación, puesto que por ellos se

117pretende, no el registro mediante la escritura de lo percibido, sinodocumentar u objetivar, mediante recursos no escritúrales, loshechos de pruebas durante la etapa de audiencia de juicio con lainmediación del juez sentenciador; ya que, lo que se persigue es larepresentación plástica de lo documentado. Agrega este autor, quelos planos, calcos, fotografías, y videogramas o cinematografías ycualquier otra forma que se llegue a inventar, constituyen un auxilio ala percepción del juzgador, del cual lo provee una inspección judicialo mediante una actividad autónoma de los prácticos o peritosnecesarios, a los fines de que el conocimiento del juzgador sea mascabal y este mas versado.Por otro lado el articulo 108 ejusdem, hace mención a lareconstrucción entendida como la reproducción de un hecho que yaocurrió o que ha desaparecido, a fin determinar la forma como seprodujo o pudo haberse producido. La citada regla expresa:Para comprobar que un hecho se haproducido o pudo haberse producido enuna forma determinada, el Tribunal podráordenar la reconstrucción de ese hecho,haciendo eventualmente ejecutar sureproducción fotográfica ocinematográfica. El juez debe asistir a lareconstrucción, y si lo consideranecesario, podrá ordenar su ejecución auno o más expertos, que designara alefecto.Otra alternativa como medio de prueba que se presenta sonlos experimentos, que no son más que, el estudio que el juez puedeordenar con el auxilio de expertos para obtener radiografías,radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos o cualquier otroexamen científico con la correspondiente interpretación de losdiagnósticos o resultados. En el artículo 109 de la LOPT, se prevé

118esta posibilidad de disponer de los mencionados elementos científicosa través de un experto de reconocida aptitud que nombrara eltribunal; pero también cuando alguna de las partes ha promovidoalguno de esos exámenes o pruebas de laboratorio que no haya sidoimpugnados por la contraparte, puede solicitar su estudio ointerpretación mediante un experto que designe el tribunal.Si bien la mecánica de estas pruebas se encuentra regulada enlos artículos anteriormente estudiados, no existe normativa queregule su forma de promoción y evacuación o materialización, para locual, inferimos puede seguirse la regla de las pruebas libres quemenciona el articulo 70 de la LOPT, y no existiendo medios depruebas análogos, será el operador de justicia quien debe diseñar odefinir la forma de su evacuación, atendiendo a la sana critica comomedio de valoración y apreciación de estos medios probatorios.4. 6.- Prueba por escrito o prueba instrumental.Antes de abordar este punto, es importante precisar algunosconceptos básicos, que deben estar claros en el lector, sobre todosino se trata de abogados o conocedores del ámbito jurídico; esto conel fin de hacer mucho mas sencillo la comprensión del tema.En la doctrina encontramos numerosas definiciones dedocumento, utilizaremos algunas de ellas: Así tenemos que segúnCabanellas (1979) en su acepción mas amplia dice que:Es cuanto consta por escrito ográficamente; así lo es tanto untestamento, un contrato firmado, un libro,una carta, como una fotografía o un plano;y sea cualquier a la materia sobre la cual seextienda o figure, aunque indudablementepredomine el papel sobre las demás.

119Carnelutti (1979), expresó que era todo lo que encierra unarepresentación del pensamiento aunque no sea por escrito, y aunmás, una representación cualquiera. Lo cual significa que unafotografía, una grabación o un filme puede ser considerado como undocumento. Y Couture (1976), lo define diciendo que:Es el objeto normalmente escrito encuyo texto se consigna o representa algunacosa apta para esclarecer en hecho o sedeja constancia de una manifestación devoluntad que produce efectos jurídicos.Con estos conceptos pretendemos dejar porsentado que un documento no tiene comocondicionante la escritura, de manera quepuede ser cualquier tipo de signo derepresentación, pero que tenga la finalidadde representar hechos humanos quetengan relevancia.Asimismo, es importante hacer la distinción entre documentopúblico y documento privado. Nuestra legislación en el Código Civil enel artículo 1.357 define al documento público de la siguiente manera:Instrumento publico o autentico es que hasido autorizado con las solemnidadeslegales por un Registrador, por un juez uotro funcionario o empleado publico quetenga facultad para darle fe publica, en ellugar donde el instrumento se hayaautorizado.Y nuestra jurisprudencia ha formulado una definición deinstrumento privado que dice:Con el nombre de instrumentos o documentos privados secomprenden todos los actos o escritos que emanan de las partes, sinintervención del registrador, el juez o de otro funcionario competente,y que se refieren a hechos jurídicos a los pueden servir de prueba.(Corte Federal. Sent. 26/05/1952. ).

120Entrando en materia, vemos como la prueba documental oescrita se encuentra regulada en el artículo 77 y siguientes de la LeyOrgánica Procesal del Trabajo, conforme al cual:Los instrumentos públicos y los privadosreconocidos o tenidos legalmente porreconocidos, podrán producirse en elproceso en originales. La copia certificadadel documento público o del privadoreconocido o tenidos legalmente porreconocido, tendrá el mismo valor que eloriginal, si ha sido expedida en forma legal.La oportunidad procesal para proponer la prueba instrumentalpublica o privada, al igual que los demás medios probatorios, es en laaudiencia preliminar para que en este mismo momento seanagregadas a las actas procesales; y aunque no este regulada la formade su evacuación o materialización, orientados por los principios querigen los procesos orales, la evacuación se hará en la audiencia dejuicio mediante su lectura o parte del mismo, para que quedelegalmente incorporada al debate y pueda ser discutida ycontrovertida.Una novedad, que introduce la ley in comento, es que enmateria de instrumentos privados simples, es decir, no reconocidos nitenido por reconocido, como cartas o telegramas proveniente dealguna de las partes contendoras en el debate judicial podránproducirse en el proceso, a tenor de lo previsto en el articulo 78 de laLOPT, no solo en original sino en copias simples, reproduccionesfotostáticas o por cualquier otro medio mecánico, teniendo dichasreproducciones el mismo valor probatorio que sus originales, salvoque se impugne y su certeza no pueda demostrarse o constatarse conla presentación del original o con el auxilio de otro medio de pruebaque demuestre su existencia. En opinión del doctor Fernando Villasmil(2005), esta disposición configura un gran avance a favor de lareducción de formalidades y de rigorismos procesales, tendencia que

121priva en el proceso laboral y aun en el moderno proceso civil, ya que,que esta simplificación permitirá al trabajador y al empleadoracompañar en juicio, copias simples de correspondencias, relacionesde pago, memorandos, nominas, planillas de liquidación; en cuyocaso corresponderá a la parte contra quien surten efectos la carga dela impugnación y al presentante traer a los autos los originales odemostrar con otros medios de prueba, la existencia de estos enpoder de la contraparte o de algún tercero.En cuanto al momento procesal para impugnar o parademostrar la autenticidad de las copias simples, resulta indiscutibleque sea en la audiencia de juicio, específicamente durante laexposición oral que realizan las partes al inicio de dicha audiencia; yen el desarrollo de esa misma audiencia corresponderá al presentantede la copia simple, consignar el original o demostrar su existenciamediante otros medios probatorios.4.6.1. Tacha de los instrumentos.En nuestro sistema procesal la tacha de falsedad es el medio deque disponen las partes para atacar la validez material de losdocumentos o la habilidad de los testigos. Según el articulo 83 de laLOPT, se puede proponer la tacha de falsedad de documentospúblicos y de los privados reconocidos o tenidos legalmente porreconocidos, enumerando las causas de procedencia de esta; y sinrazón alguna omite la posibilidad de la tacha de instrumentosprivados, exclusión, que no impide este medio de impugnación,puesto que este mismo esta previsto en el articulo 1.381 del CódigoCivil. Aunque la parte a quien se le opone un instrumento privadopuede limitarse a desconocerlo, puede también tacharlo de falseadpor alguna de las causas prevista en la norma sustantivamencionada.

122La tacha de documentos públicos o privados reconocidos, en el juiciocivil ordinario puede proponerse en cualquier estado y grado de lacausa, puesto a que estos instrumentos pueden inclusive serpresentados hasta en los informes de segunda instancia; mientrasque los instrumentos privados deben tacharse dentro de los cinco (5)días hábiles siguientes a su presentación. A diferencia del nuevojuicio laboral donde hay una sola oportunidad para la promoción depruebas, las cuales, son providenciadas para su admisión por el juezde juicio. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo delexpediente debe intentarse la tacha de falsedad en la audiencia dejuicio después de la admisión del instrumento. Siendo que la tacha esuna incidencia, es perfectamente viable que el procedimiento orallaboral se ejerza esta pretensión por vía principal, para impugnarinstrumentos forjados que otorguen beneficios económicos que no lecorresponden o que se haya falsificado una convención colectiva quehubiese regulado o previsto prestaciones sociales a los trabajadorespor encima de mínimo legal, por mencionar algunos ejemplos.El interesado debe formalizar su tacha mediante exposiciónoral, indicando los motivos y hechos en que basa la falsedad delinstrumento. Motivos que deben coincidir con las causales previstasen el articulo 1.380 del Código Civil, de tratarse de documentospublico o privados reconocidos, y en el articulo 1.381 ejusdem, si setrata de documentos privados. A pesar de no estar regulada laposibilidad para el presentante del documento, al contestar la tacha,de enunciar los hechos o argumentos con los que va a desvirtuar latacha, como sucede en el juicio ordinario; la bilateralidad que imperaen la audiencia de juicio asegura al presentante el derecho dedefender la validez o veracidad del instrumento.Propuesta la tacha y oídos los argumentos comienza una breveincidencia para tramitar el asunto, de dos (2) días hábiles dentro delos cuales las partes deben promover todos los medios probatorios

123para demostrar los hechos invocados a favor o en contra de lavalidez del instrumento. Vencido este lapso, el juez debe admitir laspruebas si estas son pertinentes y fijar oportunidad para suevacuación en la misma audiencia de juicio, que no podrá exceder detres (3) días hábiles; terminada la evacuación de las pruebas detacha, el juez debe oralmente dictar sentencia definitiva de laincidencia pronunciándose sobre la validez o falsedad delinstrumento. Decisión que conforme al nuevo proceso laboral, esinapelable, pues solo procede el recurso de apelación en los casosexpresamente establecidos en la ley.4.6.2 Reconocimiento de Instrumentos Privados.El artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal laboral establece:La parte contra quien se produzca en laaudiencia preliminar un instrumentoprivado, como emanado de ella o de algúncausante suyo, deberá manifestarformalmente, en la audiencia de juicio, si loreconoce o lo niega. El silencio de la parte aeste respecto dará por reconocido elinstrumento.De manera que, el desconocimiento debe formalizarse en alaudiencia de juicio, después de la admisión del instrumento por partedel juez, debe hacerse de forma oral, sin que exista la obligación defundamentar o razonar los motivos de éste.Sin embargo, en una Sentencia de la Sala de Casación Socialdel Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/10/05, asienta uncriterio que parece abrir la posibilidad, en casos específicos, deimpugnar la prueba documental en la audiencia preliminar, que alrespecto dispone:Ahora bien, aprecia la sala con relación aldocumento contentivo de la renuncia del

trabajador, que no se llevó a cabo elprocedimiento adecuado ante eldesconocimiento del instrumento privadosolicitado, lo cual constituye a todas luces,una violación al debido proceso y derecho ala defensa de la accionante. Así se decide.Respecto a la oportunidad en la cual debiómaterializarse el desconocimiento de ladocumental, debe la Sala realizar lassiguientes consideraciones:En el presente caso, la prueba decisiva secentra en la carta de renuncia deltrabajador, y negada su firma, lecorrespondía a la accionada promoventedemostrar su autenticidad, lo cualpretendió realizar mediante la promocióndel cotejo en fecha 2 de septiembre del2004, sin embargo en fecha 7 deSeptiembre de 2004, el juez de Juez dePrimera Instancia, fijó la oportunidad paradictar sentencia (dentro de los tres (3) díasde despacho siguientes, articulo 135 de laLey Orgánica Procesal del Trabajo), actoque se materializo en fecha 9 deseptiembre de 2004, tomando el a-quocomo parámetro fundamental para sudecisión la confesión en a cual ocurrió elaccionado al no presentar escrito decontestación de demanda en la oportunidadlegal.Expuesto lo anterior, considera la sala queefectivamente se ha violentado el ordenpúblico procesal laboral, por cuanto el juezde juicio, una vez recibido el expedientedeclaro sin lugar la demanda sobre la basede la admisión de los hechos, y dada la nocontestación de la demanda, sin realizar unanálisis de la documental promovida eimpugnada.Por su parte, el juez superior consideroextemporánea la impugnación deldocumento argumentado, ya que, laimpugnación de la instrumental, ha debidoefectuarse en la audiencia de juicio y no ella audiencia preliminar. Además consideroel juez de la recurrida, que los apoderadosde las partes, no se encuentran facultados124

125para impugnar documentos que emanan desus representados.Respecto al primer aspecto argumentadopor la recurrida, la sala estima que si bienes cierto que la Ley Orgánica Procesal delTrabajo establece que la oportunidad paracuestionar un documento privado es laaudiencia de juicio, no deja de ser ciertoque en este caso particular, la audiencia dejuicio no se materializó.Ante tal eventualidad, y así como la Sala hadejado establecido que pueden anunciarserecursos de manera anticipada, consideraen esta oportunidad, que perfectamentepuede impugnarse o cuestionarse lalegalidad o autoría de las instrumentales enla audiencia preliminar, hecho sobre el cualdeberá insistirse en la fase procesal idóneapara la impugnación, cual es la audienciade juicio…Por su parte la disposición 87 ejusdem textualmente expone:Negada la firma o declarada por losherederos o causahabientes no conocerla,toca a la parte que produjo el instrumentoprobar su autenticidad. A este efecto,puede promover la prueba de cotejo. Siresultare probada la autenticidad delinstrumento, se tendrá por reconocido y seimpondrán las costas a la parte que lo hayanegado, conforme a lo previsto en esta ley.Nótese, como esta última norma no prevé la utilización opcionalo sustitutiva de la prueba de testigo, y que si señala a tal fin elartículo 445 del Código de Procedimiento Civil, cuando no sea posibleel cotejo. Pareciera que el legislador limitó la prueba de cotejo parademostrar la autenticidad del instrumento desconocido; Y entonces,que sucedería en casos como por ejemplo que el otorgante hallafallecido, o esté física o mentalmente incapacitado para firmar frenteal juez; creemos que en estos supuestos debe admitirse la

126declaración de quienes suscriben el documento o de las personas quepresenciaron su otorgamiento.El cotejo debe ser promovido en la misma oportunidad deldesconocimiento, entiéndase, el día de inicio de la audiencia dejuicio; formalizado éste, el juez designa un solo experto, quien en unlapso no mayor de cinco (5) días hábiles debe presentar el informepericial estableciendo si la firma o la escritura autógrafa debitadacoincide con la firma que sirvió de base al cotejo o estudio grafotécnico. El juez debe pronunciarse sobre el instrumento desconocidosolo en la sentencia definitiva.4. 6.3. Exhibición de Instrumentos.La parte que quisiera servirse de algún documento que segúnsu manifestación se halla en poder de su adversario, esta facultadapara pedir su exhibición, esto acorde con el articulo 82 de la LeyOrgánica Procesal del Trabajo; lo cual, lo convierte en un mecanismopara lograr la incorporación al proceso de una prueba documental quese encuentra bajo el dominio de la contraparte. La Ley adjetiva noadvierte nada en relación a que esta posibilidad se ejerza tambiénhacia un tercero, tal y como lo dispone el articulo 437 delordenamiento adjetivo en materia civil, imprevisión que noconsideramos una prohibición, ya que, nos parece posible pedir laexhibición a un tercero cuando el instrumento que se encuentre en supoder, contenga hechos atinentes a la causa y aparezca otorgado porla contraparte del promovente, basado en el imperio del articulo 11de la LOPT.

127El solicitante de la exhibición debe acompañar una copia delinstrumento o en su defecto, la indicación de los datos de quedispone, del contenido del documento y en ambos casos, una mediode prueba que constituya presunción grave de que dicho instrumentose halla en manos de su adversario. Referente a estos requisitosesenciales de admisión de la prueba, constan pronunciamientos ennuestros Juzgados, como por ejemplo esta sentencia defecha17/01/05 del Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicialdel Trabajo del Área Metropolitana de Caracas que expresa:En el caso bajo estudio, se observa que laparte actora al promover la prueba soloindica que la solicita la exhibición de lossalarios pagados indicando que se detallanlos datos acerca del contenido de losdocumentos en el cuadro siguiente dondese describe mes por mes con su respectivomonto en bolívares de lo que pago elpatrono correspondiente a los salariosdurante toda la relación laboral, mas dichocuadro no fue nunca consignado por elpromoverte, ni indicando los datos queconocía de los instrumentos cuyaexhibición pretendió, por lo que ante lafalta de exhibición no puede esta alzadaatribuirle ninguna consecuencia jurídicadado el incumplimiento de uno de losrequisitos esenciales para la admisión de laprueba como lo es acompañar la copia delos instrumentos cuya exhibición se solicitao en su defecto indicar los datos quecontiene el instrumento. Al asumir talconducta la prueba resulta inicua ante laposibilidad de aplicarle ningunaconsecuencia jurídica a la falta deexhibición, por el desconocimiento delcontenido del documento cuya exhibiciónse pretendía. Así se resuelve. Por ultimo encuanto a la prueba documental que cursa alos folios…, los mismos no son los mismosno son oponibles a la parte demandada, porcuanto emanan de la propia parte actora,promoverte de la prueba conforme al

128principio de alteridad de la prueba. Así sedecide.En el proceso civil el juez debe intimar a la parte requeridapara la exhibición, librando una boleta especial de citación donde sele indica la oportunidad en que se realizará el acto; en contraste conla practica en el juicio laboral en donde el juez de juicio, al admitir laprueba ordena al adversario la exhibición o entrega del documento oen su defecto formular, en su exposición oral toda clase de alegatos ydefensas en contra de la exhibición solicitada, incluyendo lainexistencia del documento, o su carácter reservado o confidencialpor relacionarse con su vida privada o por contener menciones quepodrían incriminarlo. Ahora bien, si la prueba de la existencia deldocumento en poder del adversario resulta contradictoria, el juez dejuicio resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de laconducta de las partes y del resto de las pruebas suministradas laspresunciones que su prudente arbitrio le aconseje.El juzgador debe fijar un lapso u oportunidad para que la parterequerida busque y presente el instrumento, y de no hacerlo, si noexiste en auto prueba alguna de que el documento no estarealmente en su poder, se tendrá como exacto el contenido de lacopia consignada por el solicitante o como ciertos los datossuministrados acerca del contenido del documento.4. 7. Los Indicios y Presunciones.Una de las novedades que aporta la Ley Orgánica Procesallaboral, son los indicios y presunciones reguladas en su articulo 116;pero no como medios de prueba autónomos que por si solo puedendemostrar hechos controvertidos en el proceso, sino que por elcontrario, se conciben como auxilios probatorios asumidos por el

129operador de justicia para lograr los fines de los medios probáticos. Asíla norma en comento expresa:Los indicios y presunciones son auxilios probatoriosestablecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr lafinalidad de los medios probatorios, corroborando ocomplementando el valor o alcance de éstos.En general la doctrina considera que ni las presunciones ni losindicios constituyen medios de prueba autónomos o especiales, porser estos derivación de otras pruebas u obtenerse a partir de loshechos integrados al debate procesal, que técnicamente no sonsusceptibles de rendirse ni ofrecerse como prueba; lo queprocesalmente se hace es la aportación de los hechos o datos quehan de servir de base para establecer las presunciones que permitenresolver la controversia. Desde esta perspectiva la presunción debeser considerada como sucedánea de los medios de prueba.Por indicio entiende el maestro Devis Echandia (1.981):Un hecho conocido del cual se deduce unhecho desconocido, mediante unargumento probatorio que de aquel seobtiene, en virtud de una operación lógicacriticabasada en normas generales de laexperiencia o en principios científicos otécnicos. Y en opinión del profesor RiveraMorales (2.004), indicio puede sercualquier hecho material o humano, físico opsíquico, del cual pueda derivarse unargumento probatorio que nos de unarelación para conocer otro hecho.Nuestra legislación adjetiva laboral define el indicio, en su artículo117 de la siguiente manera:El indicio es todo hecho, circunstancia osigno suficientemente acreditado a travésde los medios probatorios, que adquierensignificación en su conjunto, cuandoconduce al juez a la certeza en torno a un

130hecho desconocido, relacionado con lacontroversiaEs pertinente agregar que el indicio por si solo, no puededemostrar un hecho controvertido, pues, como acertadamente hasostenido Devis Echandia (1.981), se requiere de la aplicación deuna regla de juicio, de una operación lógica-critica fundada en lasreglas de máximas de experiencia para poder inducir un hechodesconocido. Planteamiento que concatena con la disposición expresadel artículo 121 ejusdem, según el cual “El razonamiento lógicodel juez, basado en reglas de la experiencia o en susconocimientos y a partir del presupuesto debidamenteacreditado en el proceso, contribuya a formar convicciónrespecto al hecho o hechos controvertidos”Por su parte el articulo118 eiusdem, define otro auxilioprobatorio como son las presunciones exponiendo: “La presunciónes el razonamiento lógico, que a partir de uno o más hechosprobados lleva al juez, a la certeza del hecho investigado. Lapresunción es legal o judicial”Véase que la misma disposición clasifica las presunciones enlegales y judiciales. Las primeras son aquellas en las cuales lasconsecuencias jurídicas de ciertos hechos son establecidas por amisma ley; así por ejemplo el articulo 65 de la Ley Orgánica delTrabajo presume la existencia de una relación de trabajo, entre quienpresta un servicio personal y quien lo recibe. Estas son presuncionesiuris tantum puesto que admiten prueba en contrario, es decir,pueden ser desvirtuadas por su contraprueba. Existen tambiénpresunciones legales iuris et de iure o absolutas que son las que noadmiten prueba en contrario.

131Las presunciones judiciales por su parte son las que obtiene eljuez con el auxilio de su capacidad de raciocinio y de deducción.Capacidad que le va a permitir, partiendo de los hechossuficientemente probados en el proceso, inferir otros hechos noprobados de manera directa. Resumiendo podríamos decir que, lapresunción es una conclusión revestida de certeza con respecto aciertos hechos, mientras que el indicio es una inferencia, unasospecha sobre la verosimilidad de un hecho.

132Conclusiones• Se ha constatado, que el juicio esencialmente escrito, como elque aún rige en Venezuela en materia civil, es proclive a ladilación, a la vez que da origen a la ausencia de inmediaciónentre el juez y las partes, testigos y peritos, así como ladispersión y no a la debida concentración de los elementos yactos del litigio. Lo que hace Inaplazable que se adopte elsistema oral en dichos procesos, tal y como lo han acogidootras jurisdicciones como la laboral, a fin de adaptar todo elsistema jurídico nacional al enunciado constitucional degarantizar una justicia accesible, idónea, equitativa, expedita,sin dilaciones, sin formalismos, ni reposiciones inútiles, enprocura de una tutela judicial efectiva.• La nueva Ley Procesal del Trabajo, aporta un instrumento quesi es aplicado adecuadamente, puede contribuir a la mejora delproceso laboral particularmente en su periodo probatorio,pues, este ordenamiento contiene modificaciones sustancialesque constituyen un importante esfuerzo para resolver ladispersión y las deficiencias que le atribuían aspectos muynegativos. A pesar de su evidente desapego a los patronesdoctrinales, omisiones y la falta de técnica jurídica, almomento de emitir un juicio sobre el mismo, seria positivo, yaque, a todas luces este ordenamiento contiene elementos quehan venido a mejorar nuestro deficiente proceso laboral entodas y cada una de sus fases, lo que garantiza la consecuciónde su fin ultimo; una verdadera Justicia social.

133Recomendaciones.- Se recomienda un exhaustivo trabajo en el proceso de seleccióny formación de los operadores de justicia encargados de interpretar,y aplicar la nueva normativa adjetiva laboral, pues, creo que elfracaso o el triunfo del nuevo proceso oral laboral no depende deltexto legal en si mismo, sino de la implementación del sistema en élprevisto, y esto solo se logra en gran parte con la correcta actitud yeficiencia de los jueces.- A pesar de considerar urgente e inminente la implementacióndel sistema oral en materia civil, por las razones que se hanexpuesto, es importante ponderar que quien tiene potestad oautoridad para determinar las circunscripciones judiciales y lostribunales de éstas en que entrarán en vigencia las disposiciones delprocedimiento oral, es el Ejecutivo Nacional, por lo que serecomienda, conformar una comisión de Jueces y reconocidos juristasprocesalitas, que elaboren un informe que evidencie el estancamientode las causas civiles versus la eficacia de los procesos en lasmaterias que ya han adoptado la oralidad como modelo, a fin de queexiste un verdadero avocamiento y pronunciamiento al respecto.