SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

contribuirían a aumentar la sensación de gravedad y de urgencia de adoptar medidas frente aeste fenómeno, especialmente si esto se realiza ante foros internacionales. Uno de los expertosconsidera complejo “que los gobiernos reconozcan la corrupción como una conducta con unadefinición técnica que la tipifica como ilegal y violatoria de derechos humanos y no como un asuntopolítico. Que la identificación de dicha conducta implica, además, la responsabilidad del Estado ygenera la obligación de emprender esfuerzos por resolver las condiciones que la generan. La altapolitización de la corrupción reduce los incentivos para que los gobiernos aborden el tema desdeuna perspectiva de obligaciones internacionales o del derecho internacional”.ANEXO 1El problema de la esperable resistencia de los Estados pone sobre la mesa la pregunta de cuánpermeable resulta el SIDH frente a presiones políticas de este tipo, o si, por el contrario, estosorganismos, en el contexto actual, están logrando plantear temas con independencia de lo reaciosque puedan ser los Estados a aceptar cierto tipo de responsabilidad internacional.f)Otros temas prioritarios en la agendaUna de las expertas menciona que, además de la posible presión política que podrían ejercerlos Estados sobre el SIDH para evitar que se establezca esta conexión, sería posible considerarque dentro de los mismos órganos del SIDH habría otros temas prioritarios en la agenda “dadoque hay tanta demanda frente a estos organismos por parte de organizaciones de derechoshumanos frente al derecho a la vida y protección, es difícil avanzar en procesos que incorporeny visibilicen la corrupción”. Ahora bien, si al establecer la vinculación entre corrupción y derechoshumanos se logra demostrar cómo, a su vez, la corrupción podría constituir una causa de estas“violaciones graves” a derechos humanos, entonces podría considerarse que no serían temasque estén “compitiendo”, sino que por el contrario, se estarían complementando.g)ImplementaciónPor último, probablemente el mayor obstáculo y desafío en lograr la vinculación entre corrupcióny derechos humanos se encuentra en los procesos de implementación.Para una de las especialistas, “el desafío son los procesos de implementación, es decir, superarlas resoluciones y pasar a utilizar el sistema como instancia de sanción”.Por tanto, el primer paso sería efectivamente lograr plantear casos individuales o bien otrosprocedimientos del SIDH (audiencias públicas, informes temáticos, etc.) que hicieran altamentevisible esta vinculación.Un segundo paso referido a la implementación, y que es probablemente el más complejo, vendríadado por el efectivo cumplimiento de las resoluciones ordenadas por la Comisión y la Corte IDHpor parte de los Estados. Y es que las dificultades de implementación son uno de los mayoresdesafíos del SIDH, con independencia de si se trata de casos que involucran corrupción u otrotipo de tema.En estos procesos de implementación, en primer lugar, hay que matizar las expectativas sobre80