Cabría entonces preguntarse si las diferencias ideológicas son un asunto superado, o bien sivaldría la pena tener una discusión sobre cuál sería el rol que le cabría a las ideas políticas queinspiraron ambas agendas al momento de comenzar a trabajar de forma conjunta. Los derechoshumanos o la idea de transparencia son cuestiones que muchas veces se abordan desde unaidea de neutralidad política, y esto facilitaría su difusión en contextos diversos, así como podríafacilitar el diálogo entre ambas. Pero también podría pensarse en otras posturas que abogaríanpor reivindicar estas ideas desde una perspectiva más politizada, y no como cuestiones neutrasque son independientes de la organización política o del régimen económico de los Estados.ANEXO 1b)Falta de conocimientoUn segundo obstáculo en el establecimiento de la conexión entre el SIDH y la transparencia ylucha contra la corrupción que fue enfatizado una y otra vez por los/as especialistas, dice relacióncon la falta de conocimiento de cada uno de estos aspectos y de su relación por parte de diversosactores.Por un lado, las organizaciones de transparencia plantearon desconocer las herramientas delsistema interamericano, y esto “explicaría que no se esté usando”.Por otro lado, “quienes trabajan en el campo de derechos humanos, y sobre todo quienes litigancasos ante el sistema interamericano, no trabajan en el campo de la lucha contra la corrupción, ypor ello suelen tener una mirada bastante sesgada de la problemática de la corrupción”.Esto tendría por consecuencia que “con frecuencia, funcionarios públicos y ciudadanos norelacionan directamente corrupción con violación de derechos humanos”.Esta falta de conocimiento se relaciona también con el hecho que no solo los ciudadanos yfuncionarios no se percatan de la relación entre ambos fenómenos, sino que no tienen instrumentossuficientes para analizar cada uno de los fenómenos separadamente. Por ejemplo, uno de losexpertos se refirió a la poca utilización de las herramientas del SIDH en general, y a la “falta decultura de derechos humano, justificada por la educación jurídica aún muy técnica y dogmática,por no decir conservadora”. Lo mismo podría decirse de una falta de cultura de la transparencia yde la rendición de cuentas en nuestra región.c)Perspectivas reduccionistasOtro obstáculo, vinculado al anterior, dice relación con la existencia de perspectivas reduccionistasen la conceptualización tanto de los actos de corrupción como de las violaciones a los derechoshumanos. Estos problemas, se darían ya no tanto a nivel de discusión pública y de sociedadcivil, sino en los ambientes jurídicos más técnicos. Así, se podría temer que al interior de losorganismos del SIDH existiera una “perspectiva de abordaje […de los] actos corruptos comocualquier otro acto de mal gobierno”. Así, como menciona otro experto, habría “una larga tradiciónde las organizaciones de derechos humanos de relacionar la causas de violaciones de derechoshumanos con acciones y omisiones de los Estados que no se relacionan directamente con lacorrupción, o por lo menos la corrupción no es la principal causa de la violación”. Esto haría más78
difícil el establecimiento del vínculo en las instancias del SIDH.Además, en estos foros especializados en materia de derechos humanos habría una “falta deinvocación de la Convención Interamericana contra la Corrupción”. La pregunta aquí es entonces“cómo pueden romperse los formalismos tradicionales para la tipificación de conductas comoviolatorias a los derechos humanos y contrarias a la Convención [Americana sobre DerechosHumanos]”. Otro problema podría encontrarse en “el mandato y competencia de la Comisión y laCorte [pues] visiones muy conservadoras o formalistas podrían sugerir que no está dentro de suámbito de acción”.ANEXO 1d)Prueba de la vinculaciónUna dificultad adicional que podría preverse en la presentación de casos ante el SIDH queconsideren la corrupción como una de la causa de las violaciones, se refiere a la cuestiónprobatoria. Para una de las expertas, “siempre es muy difícil probar la ligación entre un acto decorrupción y la violación a un derecho humano específico. La relación causa-efecto muchas vecesno es lineal”. En particular, las organizaciones de derechos humanos que litigan ante el sistema“no están acostumbradas a construir este tipo de pruebas”, les “falta la práctica y una metodologíaadecuada”.Pero el problema probatorio no se encontraría únicamente en la forma en que las organizacionesplantean los casos: para uno de los especialistas, uno de “los principales obstáculos para poderpresentar casos de corrupción como una causa de violación de derechos humanos se vinculaa la dificultad para probar las causas de corrupción recurriendo al sistema de justicia local, encombinación con las propias reglas de admisibilidad de la Corte IDH”. Es decir, habría queevaluar en qué medida los estándares probatorios de la Comisión y la Corte IDH requeriríanque el acto de corrupción se haya efectivamente acreditado ante los tribunales nacionales.Respecto de este punto, es posible pensar que, de la misma forma que la Comisión y la Corteno han estimado necesario que se haya condenado a personas por ciertos delitos –por ejemplo,asesinato, desaparición forzada, tortura– para declarar que dichos hechos existieron y que elEstado es responsable por la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, lo mismo podríaocurrir respecto de los actos de corrupción. Es decir, habiendo suficiente evidencia que acreditela existencia del hecho, aunque no se haya podido identificar a los responsables, los órganosdel SIDH podrían imputarle responsabilidad al Estado, por ejemplo, por la falta de investigación,sanción o reparación de las consecuencias del hecho de corrupción que es a su vez violatorio delos derechos humanos.e)Presiones políticasOtro obstáculo no menor para el establecimiento de una conexión entre corrupción y derechoshumanos ante las instancias del SIDH estaría constituido por “las presiones políticas de algunosgobiernos para impedir que la corrupción se relacione con violaciones a los derechos humanos”.En efecto, es posible esperar resistencia de parte de los Estados en el establecimiento de unavinculación entre los actos de corrupción y conductas violatorias de derechos humanos, que79
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