SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

las personas que no son propiamente “partes” en el proceso pudieran conocer el desarrollodel mismo o aportar evidencia, entre otros mecanismos de participación. Esta cuestión seencuentra ligada a cuestiones de acceso a la justicia, pues lo que se discute es la legitimaciónde ciertas personas o colectividades para hacerse parte de procesos penales o administrativos.Pero también, sostenía este experto, tiene un aspecto ligado a la participación, en tanto hacerseparte de un proceso de corrupción equivale a “participar de los asuntos públicos”.INFORMEAl respecto, una de las especialistas compartió la experiencia del caso argentino, donde, enel contexto de un proceso de solución amistosa de un caso que había sido llevado a la CIDH,se logró impulsar una reforma que permitiría a las víctimas y denunciantes hacerse parte delos sumarios administrativos de la policía 39 . En este sentido, es posible visualizar el apoyo quepueden brindar las herramientas del SIDH en permitir la participación de la sociedad civil en losprocesos de corrupción, aumentando de esta forma el control social sobre el sistema judicialen estos casos.Ahora bien, la participación engloba cuestiones más amplias que el ámbito judicial. El ámbitopolítico es el espacio en el cual se enfocan generalmente los problemas de participación. Sobreeste punto, se partió de la idea que los derechos humanos han tenido históricamente porobjetivo controlar o limitar el poder, pero también un rol de legitimación de éste. En ese sentido,la legitimidad del sistema democrático es el gran punto de convergencia entre los derechoshumanos y la lucha anticorrupción. La unidad de propósito entre ambas agendas se ilustra enel artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este artículo, que establecemedidas preventivas para combatir la corrupción, considera que dichas medidas “ayudarán apreservar la confianza en la integridad de los funcionarios y en la gestión pública” 40 , es decir,se busca cuidar la legitimidad democrática. Y la legitimidad del sistema democrático se basa,antes que nada, en la participación de los ciudadanos en el poder.Cuando se habla de participación, por tanto, lo primero es visibilizar las formas de poderexistentes. El poder se ejerce de muchas formas, y hay ciertas formas “naturalizadas” de ejerciciodel mismo, las que corresponden a formas estructurales de discriminación y exclusión. Por ello,y para evitar que al establecerse mecanismos de participación se refuercen las relaciones depoder o que sean un mero discurso retórico, es necesario que se conciba de forma estrecha laparticipación junto con el principio de igualdad y no discriminación.Al respecto, se citó el ejemplo del programa Oportunidades en México, un programa detransferencias condicionadas que, entre sus objetivos, buscaba empoderar a las mujeresel 18 de julio de 1978.39 CIDH. Sergio Schiavini y María Teresa Schnack de Schiavini vs. Argentina. Caso 12.080. SoluciónAmistosa, Informe No. 102/05, 27 de octubre de 2005. [en línea] [consulta: 15 diciembre 2011].40 Artículo 3.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, op. cit.36