SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

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Y en segundo lugar, con el presente voto concurrente se pretende llamar la atención acerca de loestrictamente ajustado a derecho, en la especie, al Derecho Internacional Público, que caracterizaa la Sentencia, habida cuenta que el resultado al que ha llegado confrontando lo dispuesto en elartículo 23.2 de la Convención tanto con las Resoluciones del Contralor General de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, en adelante el Estado, por las que impuso al señor López Mendozalas sanciones de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como con lo previsto en elartículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal, en adelante la LOCGRSNCF, del Estado, al amparo de la que aquellas sedecretaron, se logra aplicando los métodos objetivo y teleológico de interpretación contempladosen la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en adelante la Convención deViena, es decir, las reglas concernientes a la buena fe, a los términos del tratado, al contexto deesos términos y al objeto y fin.[…]3.- El contexto de los términos.Tampoco consta en autos acuerdo alguno entre los Estados Partes de la Convención vinculadoo relativo al artículo 23.2 o concertado con motivo del mismo o posteriormente, interpretándoloni prueba de práctica ulterior en que conste dicho acuerdo y que permitiría sustentar unainterpretación distinta a la proporcionada por la Sentencia.Cabe llamar la atención, a este respecto, que el hecho de que en las legislaciones de algunosde los Estados Partes de la Convención se prevea que una instancia no penal pueda imponer lapena de inhabilitación para ser elegido, en modo alguno refleja que se trata de una práctica porla que “conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”. Primero porquese trata de la legislación de tan solo algunos de los Estados Partes de la Convención y, por ende,insuficiente para poder invocar una práctica generalizada en la materia. En segundo lugar, porqueno se dispone de ningún antecedente que indique que, al dictarse esas leyes, se haya tenidopor finalidad cumplir con lo dispuesto en la Convención. Y en tercer término, dado que, según elDerecho de los Tratados, la práctica no puede significar la modificación de un Tratado.Asimismo, es procedente señalar que igualmente no corresponde la invocación que en autosse ha hecho a la Convención Interamericana contra la Corrupción, para sostener que es posibleinterpretar el artículo 23.2 de la Convención en el sentido que permitiría que se reglamentara elejercicio de los derechos políticos en virtud de condena impuesta por una autoridad administrativa.Y ello porque lo que aquél instrumento establece es la obligación de los Estados Partes de lamisma de tipificar como delito los actos de corrupción e incluso se refiere a jurisdicción penal,y en ninguna parte dispone o contempla que la condena por ese delito pueda ser impuesta poruna instancia administrativa, de donde se desprende que, en modo alguno, constituye, directao indirectamente, una modificación o interpretación de lo dispuesto en la Convención, sinoprecisamente todo lo contrario.ANEXO 2184
8.2. PERSONAS ACUSADAS <strong>DE</strong> CORRUPCIÓN EN LA CIDHDemocracia y Derechos Humanos en Venezuela – 2009CIDH. Democracia y derechos humanos en Venezuela. 30 diciembre 2009. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54.Texto completo disponible [en línea] [consulta: 24 mayo 2012].ANEXO 2II.[…]Los derechos políticos y la participación en la vida pública102. Conforme se señaló anteriormente, la Comisión ha recibido alegaciones de que seestá utilizando la apertura de procedimientos penales para intimidar a opositores políticos. Comoejemplo de lo anterior, la CIDH tomó conocimiento del caso de Manuel Rosales, ex gobernadordel occidental estado Zulia, quien además fue el principal contendor del presidente Chávez en laselecciones de 2006, y luego se convirtió en alcalde de Maracaibo. Según información pública, enel año 2008 se abrió una investigación a Manuel Rosales por supuestos hechos de corrupción enla gobernación, que incluirían la apropiación de varios millones de dólares, convertidos en fincasy propiedades en su región natal y en la ciudad estadounidense de Miami. Rosales fue imputadoel 11 de diciembre de 2008 con base en un informe de 19 de julio de 2007 de la ContraloríaGeneral, que investigó su declaración jurada de patrimonio desde 2004 y detectó fondos quesupuestamente no pudo justificar.103. Si bien la Comisión reconoce los esfuerzos del Estado por combatir presuntos hechos decorrupción, observa que la apertura de una causa contra Manuel Rosales podría estar vinculada apresiones del poder ejecutivo. Conforme lo recogieron medios de comunicación, semanas antesde las elecciones regionales, el 20 de octubre de 2008, el Presidente de la República señaló estar“decidido a meter preso a Manuel Rosales. Una calaña como ésa tiene que estar en prisión,no gobernando un estado. No puede estar suelto”. A su vez, Manuel Rosales ha señalado queel gobierno central habría inventado una trama para sacarlo de la vida política en Venezuela.Manuel Rosales huyó a Perú, donde en abril de 2009 se le otorgó asilo político.[…]III.La separación e independencia de los poderes públicos3. Garantías del poder judicial contra presiones externas283. Las injerencias en la labor de administrar justicia por parte de los poderes ejecutivoy legislativo, las partes de un proceso, los actores sociales u otros órganos vinculados a laadministración de justicia, afectan también la independencia de los jueces.284. Tomando en cuenta que el Estado también tiene el deber de garantizar una imagende independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no sólo aljusticiable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática, la Comisión abordará algunos185
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