SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

y actual que se refiere precisamente a la integridad ética de los funcionarios a cuyo cargo seencuentran los centros de privación de libertad, y por lo tanto, a su idoneidad. Como ya se haindicado en el presente informe, tradicionalmente las cárceles han sido ámbitos aislados, que engran medida se han mantenido fuera del escrutinio público y de las actividades de monitoreo yfiscalización de los Estados. Esta falta de controles institucionales y de transparencia, aunadaa la carente asignación de recursos para su funcionamiento y a la falta de dotación de personalsuficiente, capacitado, motivado y bien remunerado, ha conducido a que en la mayoría de lospaíses de la región se haya venido asentando durante décadas una cultura de corrupción en loscentros de privación de libertad.183. El fenómeno de la corrupción en los centros de privación de libertad se manifiesta dediversas formas según sea el contexto específico de que se trate, y en el que pueden estarinvolucradas autoridades de distintos niveles. Así por ejemplo, este tipo de actividades puedenestar relacionadas con la consecución de traslados a determinadas cárceles o a secciones másconfortables dentro de una misma cárcel;; con la venta de certificados de buena conducta, dedictámenes sicológicos, o de participación en actividades laborales o de estudio; con la venta delos cupos para participar en tales actividades; con la comercialización de los alimentos destinadosa los reclusos; con la venta de espacios para recibir visitas conyugales; con el cobro de pequeñascuotas a los reclusos para acceder a servicios tan comunes como las llamadas telefónicas, o paraacceder a los servicios de salud; entre otras muchas formas.184. Estos patrones de corrupción e ilegalidad se presentan de forma mucho más abierta ysistemática en aquellos centros de privación de libertad que se rigen por sistemas de “autogobierno”o “gobierno compartido” (descritos en el Capítulo II.B. del presente informe) en los que los presostienen que pagar para tener acceso a prácticamente todo, incluso para no ser agredidos. En estecontexto, es particularmente preocupante la participación de las propias autoridades –por acciónu omisión– en actividades delictivas cometidas por los propios reclusos desde las cárceles, comolas extorsiones y secuestros, reales o virtuales;; así como en el tráfico de armas, drogas y otroselementos ilícitos al interior de los centros de privación de libertad.185. Incluso, existe en algunas cárceles una “cultura de corrupción” profundamentearraigada que se manifiesta de forma rutinaria y cotidiana y que llega a ser percibida como algo“normal”, tanto por los reclusos, como por los funcionarios. Esta corrupción institucionalizadapuede manifestarse desde actos tan fundamentales como el arrendamiento de celdas según sucapacidad y comodidad, o hasta el cobro a los reclusos por el acceso a teléfonos públicos y a lospatios, o para disponer de mayores comodidades y privacidad en las visitas familiares. Incluyendoel cobro para acceder a las clínicas o dispensarios; para la realización de trámites administrativoso legales; e incluso para obtener protección o no ser objeto de agresiones.186. La corrupción aumenta las desigualdades reales entre los reclusos, acentuando lavulnerabilidad de los más débiles y provocando un desbalance en la distribución de los escasosrecursos con que cuentan las cárceles.187. Por lo tanto, la Comisión Interamericana considera que existe un estrecho vínculo entrela lucha contra la corrupción y el respeto y garantía de los derechos humanos. La ConvenciónANEXO 2167