6. CORRUPCIÓN Y <strong>DE</strong>SCTercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay – 2001Ver supra, pág. 108, párr. 48.Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – 2002 – Libertad deExpresión y PobrezaCIDH. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2002. Capítulo IV: “Libertad deExpresión y Pobreza”. 7 marzo 2003. OEA/Ser.L/V/II.117 Doc. 1 rev. 1.Texto completo disponible [en línea] [consulta: 16 mayo 2012].ANEXO 2C. El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión delos pobres16. En innumerables ocasiones la Relatoría ha señalado la importancia del derechode acceso a la información como requisito indispensable para el funcionamiento mismo de lademocracia. En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce susderechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación entre otros,a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a información.La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar [la gestión publica], nosólo por medio de una constatación de los mismos con la ley, que los gobernantes han juradocumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendiciónde cuentas.17. El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de lalibertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personasy que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión.18. Por lo tanto, la falta de participación de un sector de la sociedad en el conocimientode información que los afectaría directamente limita las libertades fundamentales, priva a laspersonas de dignidad e impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas, exacerbandoposibles conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas deintolerancia y discriminación.19. En el informe sobre desarrollo humano del PNUD se ha señalado que los pobres,en general, son los que tienen menos posibilidades de obtener información sobre decisiones ypolíticas públicas que los afectan directamente, privándolos de información vital para sus vidascomo ser, entre otros, información sobre la existencia de servicios gratuitos, conocimiento de susderechos, acceso la justicia, etc. A su vez, estos sectores tienen menor acceso a las fuentes deinformación tradicionales para expresar sus opiniones o hacer pública denuncias sobre violacionesa sus derechos básicos.20. Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a la libertad deexpresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático150
de la gestión gubernamental. Este control se hace aún más necesario por cuanto uno de losgraves obstáculos para el fortalecimiento de las democracias son los hechos de corrupción queinvolucran a funcionarios públicos. La ausencia de control efectivo “implica una actividad reñidacon la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusosinaceptables”. Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentarla transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en lagestión estatal.21. La corrupción estatal afecta directamente a los pobres toda vez que, por ejemplo, lospresupuestos relacionados con asignaciones de proyectos de obras públicas se encuentreninvolucrados. El informe La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche? señala que lospobres tienen amplia e íntima experiencia sobre el efecto adverso que tiene la corrupción en laatención de la salud, la educación, el abastecimiento de agua, la explotación forestal, los programasde ayuda que ofrece el gobierno y, en su caso, la asistencia social en sus vidas cotidianas.El fenómeno de la corrupción no solo atañe a la legitimidad de las instituciones públicas, a lasociedad, al desarrollo integral de los pueblos y a los demás aspectos de carácter más generalmencionados anteriormente sino que tiene además un impacto específico en el disfrute efectivode los derechos humanos de la colectividad en general y los pobres en particular. La Comisiónha sostenido que la corrupción tiene una incidencia adversa en el campo de la protección de losderechos económicos, sociales y culturales al decir:[La corrupción] es uno de los factores que puede impedir al Estado “adoptar las medidas necesaria...hasta el máximo de los recursos disponibles… a fin de lograr progresivamente... la plena efectividadde” tales derechos. Al respecto, se ha señalado que los recursos máximos disponibles no se utilizantan efectivamente como sería posible hacia la plena realización de los derechos económicos,sociales y culturales cuando una porción sustancial de los recursos naturales van a la cuentaprivada de un alto funcionario, o cuando la ayuda para el desarrollo es erróneamente gerenciada,utilizada o apropiada.22. El informe La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche? Asimismo, identificaque los pobres enfrentan muchos obstáculos cuando tratan de lograr acceso a los servicios queofrece el gobierno. En general, estos sectores de la población tienen poca información sobrelas decisiones del gobierno o de entes privados que inciden profundamente en sus vidas. Porotra parte, el informe antes citado agrega: “Cuando las instituciones del Estado se deterioran,los servicios como la educación y la atención de salud se convierten en privilegios a los quetienen acceso principalmente los que ya tienen poder y recursos.” En ese sentido, existe unanecesidad imperante de, por un lado, garantizar los canales necesarios para que los pobresfortalezcan sus propias organizaciones, tanto en las comunidades en sí como en redes entrecomunidades y ejercer de este modo su derecho a las información y a que se les rindan cuentassin temor a repercusiones personales negativas y, por otro, que los Estados desarrollen leyes yreglamentaciones de accesos a la información no discriminatorias y de fácil acceso. La falta deacceso a la información coloca indiscutiblemente a los sectores más carenciados de la sociedaden una situación de vulnerabilidad respecto a posibles actos abusivos de particulares y accionesde corrupción por parte de entes estatales y sus funcionarios.ANEXO 2151
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