ilegales, abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las denuncias,los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan siendo blanco de ataque ydesprestigio. En este sentido, la Comisión indica que es responsabilidad del Estado promover laprotección necesaria para que los comunicadores sociales puedan ejercer su función de informara la población, a través de medidas enérgicas dirigidas a prevenir estos actos intimidatorios.[…]484. El 28 de diciembre de 2000 el periodista Gustavo Azócar, conocido por hacer importantesdenuncias de corrupción en el estado Táchira, fue denunciado ante el Ministerio Público bajo elargumento de que la emisora para la cual trabajaba habría dejado de transmitir unos avisospublicitarios contratados por la lotería estatal. La fase oral de dicho proceso penal se inició el 11de mayo de 2009.485. De acuerdo con la información recibida, en el marco del proceso penal, postergado porcasi nueve años, se le ha prohibido al periodista salir del país, emitir declaraciones o referirse decualquier manera al proceso penal en su contra. Lo anterior le habría impedido, además, en lapráctica, desempeñar con libertad el ejercicio de su profesión. Distintos gremios y organizacionesperiodísticas han solicitado que se resuelva pronto el proceso penal, dado que, a su entender,el mismo tiene motivaciones fundamentalmente políticas pues se trataría de una represalia porlas denuncias de corrupción formuladas por el periodista. Dichas organizaciones indican queexisten suficientes pruebas para desmentir la acusación y por eso solicitan la pronta decisión.Sin embargo, el proceso se ha venido aplazando de manera indefinida con el agravante de querecientemente se ordenó que el periodista fuera privado de su libertad por haber divulgado en supágina web información sobre su proceso que ya se encontraba en el dominio público.[…]527. Durante 2008, fue asesinado en Caracas el vicepresidente del periódico Reporte Diariode la Economía Pierre Fould Gerges. De acuerdo con la información obtenida por la CIDH y suRelatoría Especial, el 2 de junio de 2008 dos personas no identificadas que viajaban en unamotocicleta dispararon al menos una decena de veces contra el ejecutivo que se encontrabaen una estación de gasolina. Previamente al crimen, varios editores del periódico habrían sidoamenazados en relación con la línea editorial del diario, que denunciaba actos de corrupción.Luego del crimen, la abogada que representa a Reporte Diario de la Economía también denuncióestar recibiendo amenazas de grupos criminales privados. Tal como hiciera en su Informe Anual2008, la CIDH exhorta nuevamente al Estado a investigar este crimen para que sus responsablessean debidamente identificados, juzgados y sancionados.528. La CIDH y su Relatoría Especial también reiteran su condena por el asesinato de OrelSambrano, director del semanario ABC de la Semana y de Radio América, ocurrido el 16 deenero de 2009 en la ciudad de Valencia en el estado Carabobo. La información recibida señalóque dos personas no identificadas que viajaban en una motocicleta le dispararon en la nuca.Sambrano era conocido por denunciar hechos vinculados al narcotráfico y la corrupción local,por lo que algunos periodistas locales habrían señalado que fue asesinado en represalia por suANEXO 2148
trabajo. La CIDH fue informada de que el 17 de febrero y el 23 de julio de 2009 fueron detenidosdos de los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen. La CIDH valora positivamenteeste avance en el esclarecimiento de los hechos e insta al Estado a adoptar todas las medidasa su alcance para garantizar la vida y la integridad personal de los comunicadores sociales enVenezuela. Por otro lado, exhorta al Estado a continuar investigando este hecho, y a juzgar ysancionar a todos los responsables de este crimen.[…]VI. Los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad y seguridadpersonales672. La Comisión ha señalado en múltiples ocasiones que los Estados deben adoptar medidasno sólo para proteger a sus ciudadanos de violaciones a los derechos humanos cometidas poragentes del Estado, sino también para prevenir y sancionar los actos de violencia entre sujetosparticulares. La Comisión se ha referido además a las obligaciones de los Estados respecto de lasacciones de actores no estatales involucrados con el crimen organizado, la corrupción, el tráficode drogas, entre otros. Puesto que la inseguridad afecta de manera directa el pleno goce de losderechos fundamentales de las personas, la CIDH ha resaltado la urgencia de reflexionar sobrela importancia de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, así como tambiénde adoptar acciones efectivas para prevenir, controlar y reducir el crimen y la violencia.ANEXO 2Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – 2011CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011. Volumen II: “Informe de laRelatoría Especial para la Libertad de Expresión”. 30 diciembre 2011. OEA/Ser.L/V/II. Doc.69, v.2.Texto completo disponible [en línea] [consulta: 16 mayo 2012].244. Como ya han indicado los Relatores de la CIDH y de la ONU, es responsabilidadexclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de lainformación legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas,como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civilque tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, nodeben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesencometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendoempleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico,casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad oel medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitariodeberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayanactuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difundeninformación reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas porórganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo elderecho de recurrir el fallo.149
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