SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

195. La Comisión expresa su profunda preocupación por la situación de los miembros de laprofesión legal que participan en la lucha contra la impunidad y la corrupción, quienes tambiénhan sido objeto de numerosos ataques. En efecto, la Comisión ha observado en los últimosaños un gran incremento de amenazas, hostigamientos y ataques sufridos por los operadoresde justicia. Según la información provista, en el período comprendido desde el año 1997 hasta elaño 2000 hubo un incremento del 277% en estos casos. Por su parte, el Estado informó que enlos tres primeros meses del año 2003 alrededor de 39 jueces fueron amenazados, dos sufrieronatentados y uno fue asesinado. Esto representa un aumento significativo con respecto a la cifradel año 2002, año en el cual 76 jueces fueron amenazados.196. Los ataques sufridos por los operadores de justicia son similares a aquéllos sufridospor los defensores de derechos humanos. En cuanto a las causas de estos ataques, la Comisiónrecibió información conforme a la cual las agresiones a operadores de justicia están relacionadasmayormente con su trabajo en procesos penales destinados a esclarecer hechos de corrupción,los cuales se han presentado con frecuencia en los últimos años, especialmente contra quienesestán involucrados en procesos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Elsegundo lugar lo ocupan los casos relacionados con el crimen organizado durante la época delconflicto armado, y en último lugar se ubican los casos relacionados con la delincuencia común.Sin embargo, la CIDH considera que no se ha realizado por parte de las instituciones estatales unanálisis exhaustivo del problema, con datos oficiales confiables que oriente las investigacioneshacia la identificación del perfil de las víctimas, las modalidades de intimidación más frecuentes,la identidad de los posibles autores, y que profundice respecto de las causas que originan estosactos violentos.[…]199. El patrón de amenazas, hostigamiento y ataques descrito anteriormente no se limitaúnicamente a quienes trabajan en organizaciones no gubernamentales de derechos humanoso en el Poder Judicial, sino que en Guatemala se dirige contra todo aquél que se involucre enla tramitación de casos sobre derechos humanos o corrupción ante los tribunales locales, quepublique y/o divulgue información sobre estos temas, o asista a las víctimas de violaciones alos derechos humanos. Además, es padecido por los testigos que rinden testimonio sobre estoshechos. Durante la visita la Comisión recibió información sobre las amenazas, hostigamiento yataques sufridos por miembros de las Iglesias que se involucran con casos de violaciones a losderechos humanos. Además, la información recibida indica que con posterioridad a la quemaintencional de la parroquia en Nebaj, los testigos y clérigos recibieron amenazas, les intervinieronlos teléfonos, y se “limpió” el área con el fin de alegar que el incendio había sido accidental. Ellosugiere que estos hechos son parte del mismo patrón dirigido contra todo aquél que demuestreinterés en luchar contra la impunidad en Guatemala. […][…]395. Pese a que la Constitución Política de Guatemala aboga por la libertad de expresión ypensamiento, durante la visita la Comisión recibió información que indica que el pleno ejerciciode este derecho se ha visto obstaculizado por acciones intimidatorias dirigidas a medios deANEXO 2144