SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

previsiones necesarias, desde el punto de vista normativo y presupuestal, para brindar a todaslas personas un servicio de administración de justicia de calidad. Entre otros aspectos, estotiene que ver con la profesionalización de los jueces ya que la consolidación de una carrerajudicial transparente y la consecuente estabilidad en el cargo en estricto cumplimiento de losprocedimientos establecidos constitucional y legalmente, son fundamentales para garantizar laindependencia e imparcialidad del Poder Judicial y tiene efectos directos en el fortalecimiento delacceso a la justicia.167. La sensación de impunidad, presente en muchas regiones del hemisferio, se asociatambién con los altos niveles de corrupción que impiden una adecuada administración de justicia,generando mayores niveles de temor e inseguridad frente a la violencia y al delito común yorganizado, en especial en los grupos más vulnerables de la población. […][…]VII.Recomendaciones232 La Comisión, conforme a sus competencias, y de acuerdo a lo que surge del texto deeste informe, recomienda a los Estados Miembros:A. Recomendaciones generales1. Asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantíade los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño eimplementación de políticas públicas integrales, que desarrollen, en forma simultánea, accionesespecíficas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo. Estas políticasdeben ser sustentables, lo que demanda la búsqueda de los consensos políticos y socialesnecesarios. A la vez, estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación yrendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación ciudadana.2. Generar la capacidad institucional en el sector público para la ejecución de las accionescomprendidas en los planes y programas que componen la política pública sobre seguridadciudadana, disponiendo los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto implica,entre otros asuntos, mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integranlas instituciones involucradas en la implementación de la política sobre seguridad ciudadana (enespecial: las fuerzas policiales; el poder judicial; el ministerio público y el sistema penitenciario),del mismo modo que la asignación de los recursos materiales que se requieren para brindar unservicio de calidad a la población.3 Adecuar las normas internas y el aparato estatal para asegurar la gobernabilidaddemocrática de la seguridad ciudadana. Esto requiere que las autoridades políticas legítimas delEstado asuman su responsabilidad en el diseño, ejecución y control de la política pública sobreseguridad ciudadana, con el apoyo de equipos técnicos multidisciplinarios.4. Poner en funcionamiento procedimientos que hagan efectiva la rendición de cuentasde todas las autoridades con responsabilidad en la política sobre seguridad ciudadana, a partirde mecanismos de control internos y externos, favoreciendo de esa manera la institucionalidadANEXO 2132