Al mismo tiempo la Comisión tropezó con dificultades para obtener información clara o coherentecon respecto a todos los procesos utilizados por el Estado para seleccionar a miembros actualesy potenciales de la Policía Nacional de Haití, y varias organizaciones no gubernamentalesseñalaron que el proceso de selección no ha sido general, y en algunos casos no se ha realizadocon suficiente seriedad.[…]IV.Conclusiones y recomendaciones224. Desde el punto de vista estructural, la Policía Nacional de Haití carece de una jerarquíaclara de comando y control que se haga cumplir. Además, la corrupción y el uso abusivo de lafuerza, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos atribuidos a oficiales de policía hanmancillado gravemente a la Fuerza Policial. Al mismo tiempo la Oficina del Inspector General,principal de los mecanismos encargados de investigar e imponer sanciones disciplinarias a losoficiales, padece una grave escasez de recursos, y no ha podido o querido cumplir adecuadamentesus funciones en numerosas esferas, como la de las violaciones de derechos humanos atribuiblesa miembros de esa Fuerza.225. La Comisión reconoce que en los últimos meses el Estado haitiano ha realizadoalgunos esfuerzos tendientes a subsanar algunos de esos inconvenientes. Esas medidas incluyencapacitación y graduación de cientos de nuevos reclutas de la Academia de Policía; incrementodel personal de la Oficina del Inspector General, y cooperación con CIVPOL en programas deselección de oficiales existentes y nuevos reclutas, para excluir a los que hayan participado enactos de corrupción y delitos, incluidas violaciones de derechos humanos. No obstante, a laComisión también le resulta evidente que se requieren esfuerzos adicionales para resolver alargo plazo las graves fallas que experimentan las Fuerzas de Seguridad haitianas.226. En consecuencia, para hacer frente a las fallas relativas al cumplimiento de la ley y a laPolicía Nacional de Haití, la Comisión recomienda al Estado la adopción de medidas encaminadasa:[…]3. Elaborar y ejecutar, en cooperación con la comunidad internacional y enforma congruente con normas internacionales, un eficaz proceso de selección deoficiales existentes y nuevos reclutas, para excluir a los que hayan participado en actosde corrupción, violaciones de derechos humanos y otros delitos.[…]6. Aclarar y hacer efectiva la cadena de comando dentro de la Policía Nacional deHaití, en cuyo contexto deberían adoptarse medidas eficaces para supervisar y controlarla conducta de todos los oficiales, lograr que todas las órdenes judiciales se cumplanexpeditamente y se denuncien, investiguen e impongan sanciones disciplinarias y/o sedicten órdenes de procesamiento por infracciones del Código de Conducta Policial yotros actos contrarios a las normas profesionales o actos de corrupción o delictivosANEXO 2130
cometidos por cualquier oficial. A este respecto el Estado debería disponer urgentementela contratación y capacitación de personal suficiente en la Oficina del Inspector Generalpara investigar eficazmente todas las denuncias de conducta impropia de policías entodo el país y proporcionar el apoyo necesario para que la policía pueda cumplir susobligaciones eficazmente, en forma independiente y sin temor a represalias.ANEXO 2Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos – 2009CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 31 diciembre 2009. OEA/Ser.L/V/II. Doc.57.Texto completo disponible[en línea] [consulta:16 mayo 2012].33. Tras la historia reciente de la región, marcada por transiciones de regímenesautoritarios a la democracia, la mayoría de las instituciones que integran el sistema estatal decontrol judicial y policial aun no han experimentado procesos de reforma eficaces. A pesar delas transiciones políticas y la generación de reformas constitucionales y legales, los aparatosinstitucionales vinculados a las fuerzas de seguridad aun preservan características autoritariasy los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentasaun muestran debilidades. En suma, las instituciones vinculadas al Poder Judicial, el ministeriopúblico, la Policía y el sistema penitenciario, no han desarrollado capacidades para respondereficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítima, al crimen y la violencia.En algunos casos la empresa privada, las organizaciones sociales y otros actores han intentadodar respuesta, en sustitución del Estado, con altos niveles de precariedad. En varios países dela región, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar yestablecer verdaderas estructuras de poder paralelas.[…]166. La relación de la seguridad ciudadana con el derecho a la protección judicial tiene quever con el funcionamiento de un sistema de administración de justicia que brinde una respuestarápida, eficaz y eficiente a las víctimas de la violencia y el delito. La Comisión ha hecho públicosreiterados pronunciamientos con respecto a esta temática. Así, señaló en su momento que laadministración de justicia en múltiples Estados de la región es otra área crítica:[…] Las instituciones judiciales en muchos Estados carecen de los recursos mínimos y no hayacceso efectivo a la justicia para todos los sectores de la población consolidándose un peligrososentimiento de impunidad que lleva a la gente a tomar muchas veces la justicia en sus propiasmanos. Los jueces y juezas, en muchas ocasiones, han continuado enfrentando inestabilidad ensus posiciones, incluyendo la remoción de sus cargos sin la protección de un debido proceso, y hansido amenazados al igual que fiscales, testigos y otras personas involucradas en la administracióny procuración de justicia. Los Estados miembros deben adoptar las medidas para responder aamenazas de esta índole y asegurar la independencia y efectividad de sus instituciones judiciales.A la vez, los Estados deben incorporar en su política pública sobre seguridad ciudadana, las131
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