que han alcanzado niveles intolerables y que amenazan con destruir el tejido social, político yeconómico del país. Además, los fondos que el Estado debe destinar a la lucha contra la drogapodrían destinarse a financiar programas estatales encaminados a satisfacer las necesidadesde los pobres. La desviación de estos fondos contribuye a una situación de desigualdad social yeconómica que a su vez, con frecuencia, produce violencia adicional.[…]IV. Violencia y la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y elDerecho Internacional Humanitario[…]51. Por su parte, las FARC, el ELN y sus grupos aliados han atacado, ejecutado y secuestradoo tomado rehenes a funcionarios del Gobierno, incluyendo alcaldes municipales y miembros deconcejos municipales, y a otras personas civiles a quienes consideran parte del aparato “represivo”del Estado o de otro modo peligrosas para la seguridad de sus combatientes y sus simpatizantes.Por ejemplo, el ELN ha admitido que ha realizado “retenciones políticas de personas que hanestado implicadas en actos de corrupción administrativa y que han agenciado la guerra suciacomo promotores de [estos] grupos políticos [en referencia a los paramilitares]”. Dada la prácticadel ELN, debe asumirse que dicha organización aplica una definición extremadamente amplia alconcepto “promotores de grupos políticos”, incluyendo a todos aquellos individuos que consideravinculados con los grupos paramilitares, incluyendo a familiares de miembros de dichos grupos.El ELN señala que las personas que retiene son sometidas a “juicios populares y revolucionarios”en los que son condenadas o absueltas.ANEXO 2Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela – 2003CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 29 diciembre 2003. OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 5 rev. 1.Texto completo disponible [en línea] [consulta: 23 mayo 2012].Conclusiones - Situación del Estado de Derecho en Venezuela[…]558. La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha reconocido la existencia en Venezuela degrupos conocidos como parapoliciales en siete Estados del país. En Portuguesa, a unos 400kilómetros de Caracas, se ha denunciado más de un centenar de personas asesinadas porun grupo que opera bajo la denominación de “Exterminio”, este grupo estaría presuntamenteconformado por miembros fuera de servicio de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.Igual situación ocurre en los Estados Falcón, Aragua, Yaracuy, Miranda, Anzóategui, Bolívar yCaracas, entre otros, donde también casi un centenar de personas han sido asesinadas porestos grupos que actuarían con la aquiescencia de los policías estatales. Es importante señalarque la existencia de estos grupos data de bastante tiempo atrás. En el pasado, hechos similaresocurrieron en distintos Estados del país.124
559. Una cuestión de trascendente importancia en el análisis de esta cuestión es la impunidadque caracteriza a estas ejecuciones ya que posibilita el accionar de estos grupos, en tal sentido,se evidencia un nexo evidente entre la impunidad de estos casos y el aumento progresivo deestos hechos de violencia criminal.560. La Comisión considera que en esta grave problemática se evidencia la existencia deuna policía poco profesionalizada, la profundización de la impunidad y el auge de la corrupcióncomo elementos explicativos del fenómeno, que afecta directamente a los derechos humanos.Asimismo, estos hechos hacen evidente la carencia de políticas de Gobierno para dar solucionesa esta realidad, generándose por ello un espiral de impunidad que encuentra su correlato en elacaecimiento periódico de hechos violentos.ANEXO 2Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala – 2003CIDH. Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. 29 diciembre 2003. OEA/Ser.L/V/II.118Doc. 5 rev. 1.Texto completo disponible [en línea] [consulta: 23 mayo 2012].II.[…]La seguridad ciudadana97. El Estado informó que la PNC cuenta con 20,553 policías activos. Ello representaalrededor de un oficial por cada 2.200 personas. La Comisión nota que estas cifras son unavance hacia el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los Acuerdos de Paz, pero aúnes necesario aumentar la cantidad de policías por persona, especialmente en el interior del país.La Comisión ha recibido información sobre una mejora en la dotación de vehículos, armamento,municiones y transmisiones de la PNC, pero nota la necesidad de seguir avanzando en estesentido, e implementar mejoras en la infraestructura. A su vez, la Comisión insta al Estado aimplementar una política de planificación estratégica y operativa para mantener la seguridad y elorden público en Guatemala. En relación con este tema, la Comisión tuvo conocimiento de que:[…]Las fuerzas civiles muestran debilidades en materia de capacitación técnica, equipamientoy presupuesto, y el proceso de transformación de la PNC ha sufrido retrocesos, especialmenteen aspectos de presupuesto, profesionalización, carrera policial, participación de agentes encorrupción, crimen organizado, narcoactividad y violación de derechos humanos.101. El Gobierno indicó que con la aprobación del presupuesto de gastos para el año 2003la Policía fue reforzada financiera y técnicamente para satisfacer las demandas de protección. Sinembargo, la Comisión tuvo noticia de que:La Academia de la Policía Nacional Civil, además de tener problemas estructurales, de mediosy organización, ha sido debilitada por recortes consecutivos en su presupuesto, lo que influyedecisivamente en la selección y formación del nuevo personal policial, incidiendo eventualmente125
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