SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

2. El sistema judicial de Haití y el problema de la impunidad157. La Comisión recibió informaciones contradictorias con respecto a la existencia efectivade interferencia con respecto a la independencia de los jueces. Miembros de la Corte Suprema,por ejemplo, señalaron que eran totalmente independientes, y que bajo el actual Gobierno nohabían sufrido interferencia política alguna. Al mismo tiempo la Asociación de Magistrados sequejó de que el Ministerio de Justicia había interferido en la labor de la judicatura solicitando a lostribunales de primera instancia de algunas jurisdicciones que redistribuyeran determinados casosentre los magistrados de instrucción. Si bien autoridades gubernamentales, incluidos el PrimerMinistro y el Ministro de Justicia, admitieron esos hechos, explicaron que se trataba de medidasnecesarias para hacer frente al problema de la corrupción, que según manifiestan es prevalenteante algunos magistrados. La Comisión debe hacer hincapié en que intervenciones del PoderEjecutivo de ese género en el manejo de casos específicos que tienen ante sí los tribunalesson impropias y comprometen gravemente la imparcialidad de los tribunales. Si se planteanpreocupaciones referentes a la posible existencia de corrupción dentro del Poder Judicial, se lesdebe hacer frente a través de la creación y aplicación de un adecuado sistema de supervisiónjudicial, cuestión que se analiza más abajo.[…]159. Además, la Comisión ha recibido informes de varias fuentes, incluidos defensores delos derechos humanos, y miembros de la comunidad internacional, confirmados por miembrosseleccionados del Gobierno de Transición, según los cuales la corrupción es un problema en elsistema judicial, y es un hecho frecuente el intento de sobornar a miembros del sistema judiciala cambio de sentencias favorables a los intereses de una parte. El hecho de que los salarios delos jueces sean tan bajos, que sus condiciones de trabajo sean extremadamente difíciles, y elhecho de que el Estado no esté en condiciones de brindar seguridad adecuada a su población seconjugan para crear un entorno favorable al soborno y el sometimiento de los jueces a la presiónpolítica, ya que a los magistrados suele no quedarles otra alternativa que someterse a esasintervenciones para subsistir y mantener a sus familias y evitar ataques físicos e intimidaciones.160. La Comisión cree que para hacer frente a ese fenómeno se requieren múltiples medidas.Como se verá más abajo, la creación de un Conseil Supérieur de la Magistrature, funcional ydinámico, podría reducir considerablemente la tendencia a una influencia de protagonistasexternos sobre los magistrados. El CSM podría ser especialmente eficaz si realiza un estrechocontrol de los jueces y de los tribunales, y se elabora un código de ética o de conducta para losjueces, que éstos tendrían que cumplir, y que diera lugar a sanciones en caso de comprobaciónde actos violatorios del código, así como a la formulación de imputaciones penales a quienesintenten sobornar o amenazar a los jueces. A este respecto, según miembros de organizacionesde derechos humanos y miembros de la PNH, no se ha comprobado que ningún juez haya sidoprocesado por cargos de corrupción. Esta información demuestra que el problema de la corrupciónque, según se percibe, afecta al sistema judicial, continúa sin control alguno, lo que implica quese trata de una práctica tolerable y a su vez perpetúa un ciclo de corrupción e impunidad por esosdelitos. Esa práctica afecta gravemente a la confianza del público en la integridad del sistemaANEXO 2115