SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

3. ACCESO A LA JUSTICIA, IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓNJusticia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala – 2003CIDH. Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. 29 diciembre 2003. OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 5 rev. 1.Texto completo disponible [en línea] [consulta: 23 mayo 2012].ANEXO 2Introducción3. La Comisión considera que uno de los factores que afecta la situación del Estado deDerecho en Guatemala es la debilidad de la administración de justicia, que se traduce en laineficacia del sistema judicial y en impunidad. A ello se suman el auge de la criminalidad y laviolencia ante la falta de una política estatal adecuada; el aumento de la inseguridad pública, lacorrupción y el crimen organizado;; la influencia que ejercen las fuerzas paralelas de poder en laadministración pública, así como sus respectivos efectos; y la violencia registrada en el marco delproceso electoral. La Comisión considera que esta situación tiene graves consecuencias para lalabor de los defensores de derechos humanos y de los operadores de justicia, así como en ciertossectores de la población que son de especial preocupación; esto es, en la situación de los pueblosindígenas, de las mujeres, y de los niños y niñas, y para el ejercicio de la libertad de expresión.[…]I. La administración de justicia25. Durante su visita in loco la Comisión pudo analizar en profundidad los diversos factoresque contribuyen a la situación de impunidad. Entre ellos se encuentran graves falencias en laactuación del Ministerio Público, del Poder Judicial y en particular de la Policía Nacional Civil;las irregularidades en la recolección y producción de prueba, así como en la escena del crimen;la indebida influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos ajenos a sus funciones específicas,particularmente a través de la utilización de la inteligencia militar en investigaciones criminales;la renuencia de los organismos de seguridad a brindar a los jueces información relevante,amparados principalmente en el abusivo ejercicio del “secreto de Estado”; así como la proteccióny encubrimiento de los responsables por parte de algunas autoridades en investigacionesrelacionadas con el crimen organizado. A su vez, la Comisión fue informada de la falta devoluntad, negligencia o incapacidad de numerosos jueces que toleran la utilización de recursosprocesales con el objetivo de obstruir la justicia; la corrupción; la inexistencia de una políticacriminal orientada a combatir la inseguridad ciudadana; las amenazas e intimidaciones contraoperadores de justicia, defensores de derechos humanos y otros líderes sociales; la falta deeficiencia del Poder Judicial;; el retardo injustificado en la tramitación de los procesos judiciales;; elfuncionamiento de aparatos clandestinos de seguridad; y las limitaciones presupuestarias en elsistema de administración de justicia.[…]111