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El País/ ­- Internacional, Qua, 18 de Abril de 2012
CLIPPING INTERNACIONAL (Cuestión de Inconstitucionalidad)
Un juez plantea al Constitucional sus
dudas sobre la reforma laboral
El magistrado pone en duda la eliminación de los
salarios de tramitación en caso de despido
improcedente Consulta aquí el auto íntegro Un caso
de despido disciplinario seguido en un juzgado de lo
Social de Madrid ha servido para que el juez presente
una de las primeras cuestiones de constitucionalidad
contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno el
pasado 10 de febrero, que motivó la oleada de
protestas sociales que culminaron con la última huelga
general, y que sigue en tramitación en el Parlamento.
El magistrado titular del juzgado número 30, José
Ángel Folguera, cuestiona ante el Tribunal
Constitucional, en concreto, la práctica eliminación
de los salarios de tramitación, los que debe abonar el
empresario desde que el despido se hace efectivo
hasta que un juez lo declara, en su caso,
improcedente. El juez recuerda que, con la reforma,
en caso de que se declare improcedente un despido,
lo que implica un juicio de culpabilidad sobre el
empresario, este último tiene la prerrogativa de
readmitir al empleado en las mismas condiciones
laborales que tenía y abonarle los salarios de
tramitación (los que ha dejado de percibir entre el
despido y la sentencia) o dejarlo en la calle, caso en el
cual no tendría que pagar esas nóminas. En este
último caso, el trabajador cobraría únicamente el paro.
El magistrado considera que esta última posibilidad
–que se consume el despido y no se paguen los
salarios de tramitación­- afecta a los derechos del
empleado, ya que “las prestaciones de desempleo son
manifiestamente inferiores a los salarios dejados de
percibir (…) y no compensan en su integridad el
salario perdido”. Además, recuerda que en caso de
que el trabajador no haya cumplido el período mínimo
de cotización, no tendrá derecho a recibir ese
subsidio, lo que supondría una clara discriminación.
Pero además, percibir el paro en lugar de los salarios
de tramitación, implica que sea el propio trabajador el
que asuma con cargo a sus cotizaciones por
desempleo el período de espera entre el despido y la
sentencia, lo que a juicio del magistrado constituye
una “subvención pública” al empresario a pesar de
haber cometido “un acto ilícito”, el despido
improcedente. El nuevo régimen de los salarios de
tramitación, que en la práctica supone su eliminación,
afecta también según el juez Folguera, al derecho al
trabajo que recoge el artículo 35 de la Constitución,
ya que el cambio legal “constituye no solo un evidente
estímulo contrario a la recuperación del empleo y
favorable a la generación de desempleo, sino que se
ven minorados esencialmente los derechos
constitucionales de los trabajadores a la prestación
por desempleo”, dice en su cuestión de
constitucionalidad. La resolución judicial pone en
duda, además, que existan los requisitos de
“extraordinaria y urgente necesidad” que exige la
Constitución para aprobar un decreto ley, la norma
utilizada por el Gobierno para sacar adelante la
reforma. La presentación de la cuestión paralizará el
proceso de despido hasta que el Tribunal
Constitucional la resuelva.
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