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La Nacion/ ­- noticia, Seg, 16 de Abril de 2012
CLIPPING INTERNACIONAL (Poder Judicial)
Están frenados por la Anses más de 4500
juicios de jubilados
Infografía: Los reclamos al EstadoMás notas para
entender este temaSigue siendo muy alto el nivel de
judicialización Más de 4500 juicios de jubilados, en su
mayoría iniciados para reclamar reajustes de haberes,
tienen su trámite paralizado ­-según estimaciones de
fuentes del Poder Judicial­-, por un accionar de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses) que incluye la continua recusación de uno de
los jueces de la sala II de la Cámara Federal de la
Seguridad Social. Y ese número crece mes tras mes.
La situación se mantiene desde julio del año pasado,
cuando el organismo de la seguridad social ­-que es la
parte demandada en estos litigios­- comenzó a tratar
de impedir la participación del juez Luis Herrero,
recusándolo sin invocación de causa, tras haberlo
denunciado ante el Consejo de la Magistratura, algo
que también hizo contra el magistrado Emilio
Fernández, integrante de la misma sala.
Desde entonces, y a la espera de una decisión final de
la Justicia ­-el tema está ahora en la Corte­- sobre la
validez de ese accionar de la Anses, los trámites que
llegan a esa sala con la recusación del ente estatal
quedan frenados.
La crisis en la Cámara de Apelaciones se da en el
escenario de una muy elevada litigiosidad en el fuero,
impulsada, entre otras razones, por la falta ­-o la
insuficiencia, en algunos casos­- de ajustes en los
haberes entre los años 2002 y 2006, un período en el
que la inflación ya iba deteriorando mes tras mes el
valor real de los ingresos. Esa política, que fue
declarada inconstitucional por la Corte Suprema en la
causa Badaro, provocó en su momento recortes de
hasta el 40% en el poder de compra de los haberes de
cientos de miles de pasivos.
La validez de la recusación sin causa contra Herrero
fue rechazada ya en un dictamen aprobado por un
tribunal que integraron tres jueces del fuero, en julio
pasado, en el análisis de la causa "Ramos, Gabina".
En realidad, como las recusaciones no invocan causa,
formalmente no habría posibilidad de que se decidiera
su rechazo. Sin embargo, los magistrados de ese
tribunal entendieron que existe un abuso en la
utilización de esa herramienta, ya que la propia Anses
había informado ante el Consejo de la Magistratura
sobre su denuncia contra Herrero, de la que se
desprende que en realidad sí tenía una causa ­-que ya
era pública­- para su accionar contra el juez.
En las recusaciones con causa sí existe la posibilidad
de que desde el fuero sean no admitidas, y el
dictamen entendió que el trámite no se cursó bajo esa
modalidad, justamente con el objetivo de evitar su
rechazo.
La cuestión de la validez de esas recusaciones está
ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia,
que analiza el tema en una causa titulada "Aguilera
Grueso". Según consta en el detalle de la marcha del
expediente, tras haber pasado por el despacho de tres
jueces, el trámite fue enviado al procurador general.
Contra las cautelares
Más allá de que ese cargo está vacante tras la salida
de Esteban Righi, no hay plazos para que el
funcionario que lo reemplace (el Ejecutivo propuso a
Daniel Reposo) se expida sobre el tema. Mientras no
se resuelva esa cuestión y la Anses siga presentando
la recusación en todas las causas que llegan a la sala
II, los expedientes se irán acumulando.
Herrero y Fernández, ambos cuestionados por la
Anses, son los dos jueces camaristas que
comenzaron a dar curso, años atrás, a medidas
cautelares planteadas por jubilados para poder cobrar
sus haberes con la actualización correspondiente, sin
necesidad de tener que esperar los plazos de un
reclamo judicial, que suelen ser de cinco, seis o siete
años. Esas medidas son otorgadas cuando se trata de
reclamos sobre los que ya se expidió la Corte
Suprema, por lo que ya se conoce cuál sería su
resolución final. La Anses rechaza esas cautelares y,
más allá de apelar cada expediente, también presentó
otro recurso a la Justicia para evitar que sigan
dictándose, para evitar la continua salida de recursos.
La existencia de estas cautelares no fue invocada en
el pedido de investigación que el organismo dirigido
por Diego Bossio elevó al Consejo de la Magistratura,
en un trámite que, en última instancia, podría derivar
en un juicio político. Sin embargo, la Comisión de
Disciplina y Acusación, a cargo del diputado oficialista
Carlos Moreno, pidió que dos auditores enviados a la
Cámara busquen datos sobre la tramitación de esas
medidas.
Investigación
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sobre
la que LA NACION informó el año pasado, tiene como
justificativo supuestas irregularidades en la gestión del
juicio iniciado por el jubilado Aguiar Atienza.
La denuncia está basada en acusaciones hechas por
la tercera integrante de la sala, Nora Dorado, respecto
de que se habría alterado el orden de votación de los
jueces y de que se habría recortado una parte del voto
redactado por la propia magistrada.
En su defensa, Herrero alegó que se lo acusa por
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